Más que las mañaneras, los planes y las promesas, la primera acción contundente del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es el Paquete Económico 2025 (PE25) que concreta las políticas y programas que este gobierno respalda y prioriza. Sheinbaum Pardo calificó al PE25 como uno “muy sólido”, como el mensaje que pretende les llegue a los acreedores del gobierno y los grandes capitales de los que depende en gran medida la estabilidad del peso, del comercio mundial de México, en fin, de la economía mexicana.

El paquete 2025 tiene que aprobarse en la Cámara de Diputados a más tardar el 31 de diciembre para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se espera que en este plazo se analice, discuta y modifique por los diputados en turno. Habrá que esperar que ocurra así, que se analice, se discuta, se cuestionen las incongruencias y los olvidos de un paquete que, de principio, comporta la reducción del ingreso del Gobierno Federal.

El paquete económico está integrado por: 1. Los criterios generales de política económica, que refiere a las previsiones sobre indicadores macroeconómicos y que sirven de base a las estimaciones de los ingresos y egresos del gobierno. Sobre tales proyecciones, empresarios, académicos y organizaciones han opinado que las del paquete económico 2025 pintan un “escenario macroeconómico demasiado optimista”; 2. La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF); y 3. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) de las que tratamos enseguida.

“Algunos ajustes” al PPEF: muy poco para repartir

Del paquete económico, la Presidenta dijo que “se reduce el déficit y eso implica también un esfuerzo mayor de todo el gobierno de austeridad republicana, algunos ajustes”. Ante el reclamo del sistema financiero de disminuir el déficit presupuestario, los “ajustes” que esta reducción implica han consistido en la reducción del gasto público y no en el incremento de los ingresos. El presupuesto propone recortes más o menos generalizados. Es la receta sabida del neoliberalismo: Estado pequeño, poco oneroso a los bolsillos de los que se llevan cada año la tajada del león en la distribución del ingreso disponible agregado.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), organismo de la Cámara de Diputados, señaló que para 2025 el gasto público total se proyecta en 9.3 billones de pesos. En términos reales, este gasto implica una reducción de 1.6 por ciento en relación con el de 2024, que significa 151 mil millones de pesos (mmp) menos.

La cosa se pone más difícil cuando revisamos el gasto programable, que es la bolsa de la que el Gobierno Federal dispone una vez que ha pagado los intereses de la deuda, las participaciones de los gobiernos estatales y municipales, y los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas). El gasto programable este año se estima en 6.5 billones, en términos reales, 3.6 por ciento menos que en 2024, una reducción que equivale a 548.3 mil mdp. La caída es mayor que la del gasto global porque el pago del servicio de la deuda se incrementará en 5.4 por ciento, que representa hasta 15 por ciento del gasto total y 3.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). 

Ahora bien, gran parte del gasto programable ya está, a su vez, comprometido; es decir, hay gastos en el presupuesto que el Gobierno Federal no puede eludir y, por tanto, del que no puede disponer libremente. Entre éstos se cuentan las pensiones, las aportaciones a los estados, el presupuesto de las empresas estatales, así como al IMSS y al ISSSTE. Descontando todos éstos, los recursos con los que cuenta el Gobierno Federal para atender las necesidades de la población, el espacio fiscal, es muy pequeño. Éste ya se ha venido reduciendo en los años anteriores; según cálculos del CIEP, pasó de dos por ciento del PIB en 2023 a 0.9 por ciento en 2024. En 2025, este espacio sería de 1.6 por ciento del PIB; apenas 599 mil mdp: seis pesos por cada 100 de los que contempla el gasto total previsto en el PEF 2025. Este monto alcanzaría apenas para construir otro Tren Maya.

Recorte generalizado: menos salud y educación públicas

La reducción proyectada del gasto total a fin de abatir el déficit y el incremento del costo financiero de la deuda se han traducido en el PPEF 2025 en recortes generalizados que alcanzan incluso a algunos de los denominados Programas Prioritarios del Bienestar. Por ejemplo, si revisamos el gasto según la clasificación que lo divide entre gasto de inversión y corriente, ambas partes se recortan. La inversión se proyecta en 14 por ciento menos que el año pasado, lo que significa 162 mil mdp de recorte. Por su parte, el gasto corriente, que conforma 85 por ciento del total del gasto programable, se reducirá 1.4 por ciento, equivalente a 81 mil mdp. Lo mismo ocurre si revisamos el gasto atendiendo a la clasificación que se hace según su función. En este caso, tanto el destinado a las funciones de gobierno, como a las de desarrollo económico y social, las tres sufren recortes.

No obstante, como dijo Claudia Sheinbaum, hay “cambios importantes en la manera de distribución del presupuesto”. Al interior de los distintos componentes, unas partidas o programas, los menos, registran incrementos y otras, reducciones que hay que destacar porque, parafraseando el dicho popular “presupuesto son amores, no besos ni apachurrones”. Si bien el gasto corriente se reduce, al interior de éste, el concepto de “Pensiones y Jubilaciones” se incrementará 4.8 por ciento para sumar 1.6 billones, equivalente a 4.5 por ciento del PIB total. Como éste, el presupuesto de las tres becas para estudiantes se incrementa en 45 por ciento; no obstante, este aumento se concentra en la “Beca Universal de Educación Básica”, pues las otras, la “Benito Juárez” y “Jóvenes escribiendo el futuro”, no sufren apenas variación. Finalmente, destaca el incremento que se proyecta para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de 183 por ciento, casi el triple de lo que manejó en 2023, para echar a andar la promesa de construir un millón de viviendas en el sexenio; si bien el incremento se ve espectacular, es porque antes esta Secretaría había sufrido fuertes recortes.

Entre los recortes más destacados por su magnitud o trascendencia, destaca el de las partidas fundamentales para el desarrollo humano y social: salud y educación. En la primera, el recorte es de la tercera parte de su presupuesto anterior; esta reducción es tan severa que significa una condena de vida, pues las enfermedades crónicas no transmisibles se están cebando en los mexicanos. Según Coneval, 50 millones de mexicanos no tenían acceso a servicios de salud en 2022, éste es un privilegio de quienes tienen un empleo formal. El CIEP estima que el gasto en salud propuesto representará apenas 2.5 por ciento del PIB, muy lejos del seis por ciento que recomienda la OMS que se debe gastar en salud pública. El gasto en educación, ciencia y cultura, uno de los principales mecanismos para abatir las brechas de la desigualdad económica, y fundamental para el desarrollo humano, también se reducirá en 1.25 por ciento, lo que equivale a 14.5 mil mdp. Este monto permitiría abatir las carencias de servicios indispensables que aún padece buena parte de las escuelas mexicanas y que la organización Mexicanos Primero, en abril pasado, estimó en 51 mil mdp. Finalmente, hay que mencionar el recorte de 39 por ciento del presupuesto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) responsable de la gestión del agua, un problema crítico para millones de hogares que, aun con instalaciones, no tienen garantizado el acceso a agua corriente de calidad de manera regular.

Un gasto que no corrige las desigualdades 

El gasto público es una herramienta sin igual en manos del gobierno para reasignar los recursos que genera la sociedad con el objetivo de garantizar su desarrollo acorde con los derechos humanos y sociales que establece nuestra Constitución. Asimismo, sirve para conseguir los objetivos que se plantean en el plan de desarrollo del gobierno en turno, en este caso del gobierno de Claudia Sheinbaum que, en el segundo de sus abigarrados 100 pasos para la transformación, dice: “Gobernaremos… por el bien de todos, primero los pobres”. Por tanto, esperaríamos que el presupuesto del Gobierno Federal contribuyera a corregir las desigualdades económicas, la pobreza, la destrucción del medio ambiente; así como promover el desarrollo económico de todas las regiones y sectores de la población.

¿Lo hace? Entre la política social del sexenio pasado y el primer año de éste no hay cambios sustanciales, los programas se mantienen apenas con ligeras variaciones o ampliaciones. Es decir, en el PPEF 2025 se profundiza la estrategia de Transferencias Monetarias Directas (TMD) universales que le ha dejado un enorme rédito político a Morena. Así, como han señalado voces autorizadas, las desigualdades no sólo no se corrigen, se expanden.

Insuficiente recaudación

La ILIF es el documento en el que el Gobierno Federal presenta la fuente y la estimación de los ingresos que tendrá cada año; cuestión fundamental para planear cómo y en qué se gastarán esos recursos. Por ello, es muy necesario que dicha estimación sea realista a fin de evitar cuentas alegres que resulten en promesas incumplidas y deuda.

Según la ILIF de 2025, el Gobierno recaudará 8.05 billones de pesos, equivalentes al 22.3 por ciento del PIB. Aunque esto representa un aumento del 3.3 por ciento en comparación con 2024, sigue estando por debajo de lo que se tributa en promedio entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): 37.3 por ciento entre 2007 y 2022, y de América Latina, 30.2 por ciento. Esto ha sido así durante años; el promedio de la proporción de la recaudación en México entre los años 2007 y 2022 fue de 23.2 por ciento, muy por debajo del esfuerzo que se hace en países como Brasil y Argentina, en los que se alcanza 40 por ciento y 33.3 por ciento del PIB, respectivamente.

Tener ingresos tan limitados implica un gobierno pequeño y débil, la condición ideal del neoliberalismo. Pero, con una recaudación así, el gobierno que no quiera endeudarse tiene que resignarse a invertir poco o nada en servicios e infraestructura públicos esenciales para mejorar la vida de sus habitantes; además de que dificulta realizar proyectos para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos de calidad. ¿Y quiénes resultan beneficiados? Los dueños de las grandes fortunas, que ven intacta la tajada del león de la que son propietarios y de la que pueden disponer sin estar obligados a contribuir con el desarrollo de la sociedad que les ha permitido acrecentar su riqueza. 

Cuidando el bolsillo de los más ricos

La primera ILIF del sexenio es, por su monto y estructura, muy similar a la de la administración anterior que, a su vez, heredó la de los gobiernos “neoliberales del pasado”. La ILIF 2025 propone obtener su ingreso presupuestario de los impuestos (que participan con 65 por ciento del total); el petróleo (14 por ciento), y los organismos y empresas públicas a saber, CFE, IMSS e ISSSTE (15 por ciento).

El ingreso por impuestos se estima que sea tres por ciento más que en 2024; aun así será equivalente a 14.6 por ciento del PIB, un esfuerzo menor al que se hace en los países de la OCDE que recaudan por medio de impuestos, en promedio, 33.8 por ciento del PIB. También es bajo en comparación con otros países de América Latina, entre los que el promedio de la recaudación por impuestos es de 21.7 por ciento; y con Brasil, Argentina y Nicaragua, que recaudan 32.4 , 28.7 y 26.4 por ciento, respectivamente.

¿De los bolsillos de quién saldrán los impuestos en México? Los impuestos que más ingresos generarán son el Impuesto Sobre la Renta (ISR), que participará con 53 por ciento y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que lo hará con 27 por ciento. Desde hace al menos 15 años, la recaudación de impuestos en México se ha concentrado en estos dos impuestos. 

En 2022, el 10 por ciento más rico de la población aportó el 50.5 por ciento de lo recaudado por el ISR a personas físicas y el 29.9 por ciento del IVA; mientras, el 30 por ciento más pobre del país apenas lo hizo con 2.3 por ciento del ISR y 10.5 por ciento del IVA. Así que, a simple vista, podría parecer que la estructura impositiva en México es progresiva, dado que los más ricos contribuyen con un porcentaje mayor que los más pobres.

Sin embargo, si consideramos cómo el IVA impacta los ingresos de los más pobres y los de los más ricos, se hace evidente su regresividad. Para ejemplificarlo tomemos a personas promedio una del 10 por ciento más pobre y a otra del 10 por ciento más rico, supongamos que ambas compran un producto de mil pesos con una tasa de IVA del 16 por ciento, ambas pagarán 160 pesos por este concepto. A decir del Inegi, la persona pobre del ejemplo tiene un ingreso trimestral promedio de tres mil 767 pesos, es decir, que los 160 del IVA que pagó equivalen a 4.24 por ciento de su ingreso; en cambio, la persona rica, cuyo ingreso trimestral promedio (de acuerdo con el Inegi, que reconoce que está muy subestimado) es de 63 mil 839, pagó por concepto del IVA sólo el 0.25 por ciento de su ingreso. Además, si observamos la incidencia total del IVA sobre los bienes y servicios sujetos a la tasa general del 16 por ciento (sin incluir bienes exentos ni de tasa cero), vemos que, en promedio, este impuesto impacta el 7.1 por ciento del ingreso en el decil más pobre y el 6.6 por ciento en el más rico. Dado que los ingresos de los más pobres son mucho menores, el IVA tiene un efecto desproporcionadamente mayor sobre ellos, reduciendo aún más sus ya limitados recursos.

Ahora bien, el ISR (el impuesto que grava directamente el ingreso de las personas) es progresivo, porque la tasa de este impuesto aumenta mientras aumenta el ingreso. No obstante, si observamos las tasas marginales del ISR según los umbrales de ingreso, es decir, cuánto aumenta la tasa por cada incremento del ingreso del uno por ciento, esa progresividad resulta ya muy débil. El cobro del ISR a personas físicas se organiza dividiendo los ingresos en 11 umbrales, ordenados de menor a mayor. A cada uno se le aplica una tasa marginal que se calcula sobre el ingreso que excede al umbral anterior. Estas tasas van aumentando a medida que crecen los ingresos, lo que en principio parece progresivo. Sin embargo, las tasas marginales no crecen en la misma proporción que los ingresos. Por ejemplo, al pasar del umbral III al IV, los ingresos aumentan 16.2 por ciento, pero la tasa de impuestos crece 47.1 por ciento. En contraste, al pasar del umbral VIII al IX, los ingresos crecen 200 por ciento, pero la tasa marginal sólo aumenta un 6.3 por ciento. En general, a medida que se avanza hacia los umbrales más altos, especialmente a partir del noveno, los ingresos crecen de manera mucho más acelerada que las tasas marginales del ISR, lo que reduce la progresividad efectiva del impuesto.

En México, la tasa máxima del ISR es de 35 por ciento. Por debajo de la de otros países; no obstante que los mexicanos más ricos tienen niveles de riqueza similares a los de los ricos de otras naciones. En México, para alcanzar la tasa máxima del 35 por ciento, una persona debe ganar 26.6 veces el salario promedio mensual, que es de 10 mil 968 pesos. En contraste, en el promedio de los países de la OCDE, la tasa máxima se aplica cuando el ingreso es sólo 5.5 veces el salario promedio. En otros países, como Estados Unidos y Chile, esta proporción es de 9.2 y 7.6 veces, respectivamente. Esto demuestra que, en México, a los ingresos más altos se les exige un esfuerzo menor que en muchos otros países. Algunos expertos, como Raymundo Campos y Álvaro Meléndez, consideran que la tasa máxima óptima del ISR debería estar entre el 48.6 y el 61.6 por ciento. Una medida que debería estar acompañada con políticas para reducir efectivamente las oportunidades de evasión fiscal.

El gobierno mexicano tiene margen para aumentar su recaudación tributaria entre el uno por ciento de mayores ingresos y riqueza del país. Según el World Inequality Report 2022, México enfrenta una de las mayores desigualdades de ingreso y riqueza. El 10 por ciento de los más ricos gana 30 veces más que el 50 por ciento más pobre y posee dos terceras partes de la riqueza nacional, mientras que el uno por ciento más rico concentra más de un tercio de esa riqueza. En este sentido, hay voces de académicos y organizaciones como Oxfam que recomiendan la inclusión de impuestos a la riqueza.

El debate sobre la creación de impuestos que contribuyan a mejorar la distribución del ingreso en México es un tema que demanda un análisis profundo y serio. Hay propuestas hechas. Sin embargo, no habrá cambios significativos para el ejercicio fiscal 2025. Según declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum: “este año hay algunos ajustes en la miscelánea, menores, y el próximo año nos vamos a enfocar a fortalecer la recaudación en aduanas, a disminuir los trámites en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para aumentar la recaudación, en el fortalecimiento a la recaudación y en evitar la evasión”. Toca exigir que éste sea un tema de discusión para los próximos años.

Déficit y endeudamiento

Cuando el gobierno no tiene suficiente dinero para cubrir sus gastos, necesita pedir prestado, endeudarse. Para completar el gasto en 2025, y a falta de disposición para buscar que los ricos arrimen más el hombro, el gobierno de Sheinbaum propone endeudarse en 2025 con 1.2 billones que equivale a 3.9 por ciento del PIB. Ciertamente que es menos que el 5.9 por ciento del PIB en que se estima terminará la deuda del gobierno este 2024.

El problema de la deuda es que compromete los recursos futuros. El gobierno tendrá que destinar una parte más grande de los presupuestos próximos para pagar los intereses de esa deuda. Este año, el costo financiero de la deuda aumentará 8.5 por ciento y será de 1.39 billones, cifra equivalente al 14.9 por ciento del gasto total. El CIEP estima que el costo de la deuda pública crecerá un 7.3 por ciento en términos reales, después de haber aumentado un 10.5 por ciento entre 2023 y 2024.

Por otro lado, un déficit grande (diferencia negativa entre los ingresos y los egresos del gobierno) provoca que los mercados castiguen a la economía nacional porque perciben que es riesgoso que un gobierno acumule deuda, dado que es más probable que no pueda hacerle frente. Por eso, el FMI “aconsejó” a México reducir el déficit fiscal, compromiso que aceptó Claudia Sheinbaum, aunque lo vayamos a asumir el conjunto de los mexicanos, que veremos como se deterioran nuestros derechos a la salud, a la educación, etc.

Necesaria una reforma fiscal integral contra la desigualdad

El paquete fiscal que se propone en el primer año del sexenio no responde a las urgentes necesidades del país de combatir efectivamente y no sólo aliviar la pobreza. Esto implica, crear mecanismos que redistribuyan la riqueza, por un lado, y que fomenten el crecimiento económico incluyente, por otro.

No hay duda de que hoy es más urgente que nunca que las grandes mayorías de este país, las que no formamos parte del uno por ciento más rico, exijamos una reforma fiscal integral que no sólo coloque encima de la mesa cómo se va a gastar lo que de por sí ya se recauda, sino la sociedad que queremos construir. Muy probablemente no contemos con la iniciativa del Ejecutivo en esta tarea; tampoco con la de la legislatura mayoritariamente morenista y alineada con la autodenominada “Cuarta Transformación”. Pero hay que llevar al imaginario popular, a la opinión pública, a las masas de trabajadores, la idea de que se puede tener un México con mayor equidad, en el que el gobierno se aboque a corregir las brechas de salud, educación, vivienda y trabajo que hoy existen en menoscabo de los más pobres.