Nuevo León es la tercera entidad con mayor Producto Interno Bruto (PIB) del país, pero también es una de las que más falta de viviendas padece; el 35 por ciento de las familias neoleonesas no tiene acceso a casas dignas y en varios municipios de la entidad abundan las chozas con techos y paredes de materiales inapropiados y sin servicios públicos.

Sobre este problema, reconocido por el actual gobernador Samuel García, el presidente de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Nuevo León, Roberto Ruiz, advirtió que no se ha logrado reducir tal déficit debido a que las casas son muy caras y la mayoría de las familias no cuenta con los ingresos suficientes para adquirirlas.

A principios de este año, el gobierno estatal ofreció 42 mil viviendas populares a la población, pero sus precios a crédito y las tasas de interés resultaron muy elevados e impagables para la mayoría de las familias.

“Aquí lo más preocupante es que la gente tiene crédito, pero no les alcanza; y tienen que juntar sus créditos con sus esposos o familiares; en la banca hay dinero, pero el producto es muy caro”, reconoció Ortiz en la Cumbre Inmobiliaria 2022, organizada en septiembre pasado en Monterrey.

El dirigente empresarial Ortiz comentó que, hace 15 años, un crédito de vivienda económica costaba 300 mil pesos, pero que ahora una similar se oferta hasta en 450 mil pesos y con los servicios domésticos indispensables las casas elevan su costo a alrededor de 600 mil pesos.

Las viviendas de Nuevo León –casas habitación y departamentos– destacan entre las más caras de la República, a pesar de que la entidad ocupa “el segundo lugar de los estados más competitivos del país”, según el índice de Competitividad Estado (ICE) 2022, que elabora el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El mismo documento subraya que ese estado también “compitió con éxito en el subíndice de gobiernos eficientes, economía estable e innovación”; pero agregó que, en su territorio, el precio de una casa “se acerca a los 4.1 millones de pesos (mdp) y un departamento a los 4.4 mdp”.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) recuerda que el derecho a la vivienda digna debe ser para los mexicanos de todos los perfiles económicos y socioculturales con posibilidades de acceder a una vivienda bien ubicada, con servicios básicos y estándares de calidad, además de tenencia legalmente segura o reconocida.

A pesar de la existencia de este derecho constitucional en México, el rezago habitacional es de 45 por ciento; y muchas de las viviendas en el país no disponen de equipamiento, infraestructura básica ni acceso a los servicios urbanos más elementales.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Coneval, en el país hay 14 millones de familias sin medios para comprar o construir una vivienda; y esta situación empeoró en las tres últimas décadas debido a la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos económicos.

Por su parte, la organización Hábitat para la Humanidad, que utiliza datos del Inegi, afirma que en México hay 60.6 millones de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar, lo que imposibilita su acceso a un bien patrimonial de este tipo.

La falta de una vivienda propia o alquilada provoca que 15.9 millones de personas vivan en chozas con pisos de tierra, techos de lámina o cartón, incluso de palma. Otros 24.9 millones de personas viven en casas firmes pero carecen de servicios básicos como agua potable, drenaje, energía eléctrica, entre otros; y 538 mil familias viven en hacinamiento.

Deuda de por vida

La señora Martha Leticia Medina, quien vive en la colonia La Unidad, en Monterrey, reveló a buzos que, desde hace años, ella y su familia han buscado adquirir una vivienda por todos los medios posibles, pero no lo han logrado.

A pesar de que tenían los puntos suficientes para conseguir un crédito, finalmente debieron desistir porque el enganche requerido era de 30 mil pesos y el plazo para cubrir el costo total era de 15 años, “toda una vida”. Buscaron otras alternativas; y encontraron un terreno de bajo costo y ahí decidió, con su esposo, construir su vivienda.

Un caso similar es el de don Ismael Ibarra, de la colonia La Unión, quien no pudo obtener un crédito para vivienda porque el salario mínimo que recibía era de 60 pesos diarios y la empresa inmobiliaria exigía que sus acreditados percibieran al menos 100 pesos diarios.

Estas condiciones, las altas tasas de interés y los pésimos salarios laborales que hay en México, son las principales causales de que la venta de viviendas sea limitada, que los pocos créditos aprobados se vean truncados por falta de pago y que haya miles de viviendas deshabitadas.

Roberto Ortiz, de la Canadevi local, reveló que los salarios de México no ayudan a elevar la demanda, ya que en este último periodo han aumentado solo entre el siete o el ocho por ciento, lo cual plantea la urgente necesidad de que el gobierno genere las condiciones para elevarlos sustancialmente.

“Tenemos que trabajar y hacer propuestas al gobierno para que nos ayuden. Sabemos que están dando subsidios en algunos estados para la gente que más lo necesita. No es solo en Nuevo León, es en todo el país”, agregó.

Nuevo León es el tercer estado con mayor actividad económica en el país; y aporta el ocho por ciento del PIB nominal nacional, solo después de la Ciudad de México, que ingresa el 15.8 por ciento y el Estado de México (Edomex), que contribuye con el 9.1 por ciento. Sin embargo, su desigualdad en materia de vivienda digna es relevante por la falta de programas efectivos y de apoyos gubernamentales.

El Censo de Población de 2020 reveló que Nuevo León tiene cinco millones 784 mil personas y se ubica en el séptimo lugar nacional por su número de habitantes; ocupa el 14º sitio por el número de inmigrantes, ya que entre 2015 y 2020 llegaron a vivir 277 mil 369 personas de otras entidades del país.

De cada 100 personas, 24 provienen de Veracruz, 15 de Tamaulipas, 11 de San Luis Potosí, seis de Coahuila de Zaragoza y cinco del Edomex. La tasa de desempleo en la entidad corresponde a 3.72 por ciento y 37.5 por ciento de la tasa de informalidad laboral.

Viviendas abandonadas

Por otra parte, Hernán Villarreal, Secretario de Movilidad y Planeación Urbana del gobierno de Nuevo León, aclaró que Fomerrey tiene una lista de espera de ocho mil familias que están en busca de vivienda porque no tienen prestaciones laborales o los recursos suficientes para adquirirlas.

Muchas de estas familias se ven obligadas a vivir en asentamientos irregulares porque los programas federales y estatales no logran rescatarlos de su situación vulnerable. En todo Nuevo León, además, hay cerca de 286 mil casas del Infonavit abandonadas, de las cuales se calcula que 40 mil están en el municipio de Juárez.

Ante esta situación y el complicado panorama que hay en el estado, organismos civiles y patronales insisten en que la iniciativa privada unifique esfuerzos con el gobierno estatal para ayudar a estas personas, y con ella al estado en su conjunto.

“Hay quienes juegan al no hay, somos una parte importante del engranaje, queremos soluciones, no buscar culpables, eso no nos lleva a ningún lado”, insistió el presidente de la Canadevi, Ricardo Ortiz.

Por su parte, ciudadanos de algunos sectores sociales de la entidad han denunciado que la carencia de servicios básicos en las colonias periféricas a la zona metropolitana de Monterrey se agrava porque se permite la construcción de departamentos equivalentes al millón y medio de pesos, lo que contribuye a encarecer el precio de las viviendas populares.

En 10 años se han acumulado casi 230 mil inmuebles deshabitados, la mayoría de los cuales se hallan en el municipio de Ciénega de Flores, que ocupa el primer lugar estatal en este rubro. De 2012 a la fecha, la tasa de abandono de casas en Nuevo León creció 24 por ciento.

Datos del Inegi revelan que, en 10 años, el número de casas abandonadas pasó de 230 mil 951 a 286 mil 185; y existe una cifra similar de casas invadidas.

Esta situación es considerada como un “cáncer” para una ciudad porque genera inseguridad, afecta al sector inmobiliario, determina la plusvalía de las colonias y provoca problemas de recaudación fiscal a los municipios.

“Ha sido un problema creado por voracidad, y en cierta forma las autoridades que han permitido que se hagan desarrollos en zonas que no tienen buena condición para servicios”, denunció el urbanista y expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles en el estado Raúl Salinas Jiménez.

El especialista aclaró también que la gente deja sus casas o nunca las habita porque están en sitios donde no hay servicios de transporte, educación, seguridad y empleo; y otros expertos insisten en que esta problemática es generada por la voracidad de los desarrolladores y las instancias corruptas que autorizan esos proyectos.