La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
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“El empoderamiento de las instituciones militares inició hace dos sexenios, con la declaración de la guerra contra el narcotráfico… Sin embargo, el Gobierno Federal actual (del presidente Andrés Manuel López Obrador) ha creado mecanismos a modo para favorecer el enriquecimiento de las Fuerzas Armadas (FFAA), convirtiéndola en una poderosa cúpula política y económica”, reveló la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
Durante la presentación de la segunda edición del informe titulado “El Negocio de la Militarización. Opacidad, poder y dinero”, la MUCD destacó que las FFAA se han convertido en dueñas y operadoras de empresas estatales, a través de las cuales obtienen nuevas ganancias, bajo un grado alto de discrecionalidad.
De acuerdo con su informe, las FFAA no tenían injerencia en Empresas de Participación Estatal Mayoritaria (EPEM) hasta antes del sexenio del presidente López Obrador, fue después de diciembre de 2020 cuando las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar) comenzaron a involucrarse; cabe destacar que desde entonces y hasta agosto de 2023 tenían un acumulado de 30 EPEM.
La MUCD ejemplificó que las FFAA “son administradoras de gran parte de los recursos públicos, provenientes de los impuestos de la ciudadanía: 142 mil 730 millones de pesos del presupuesto aprobado a la Sedena en 2024 corresponden al Grupo Olmeca-Maya-Mexica, el Tren Maya, el AIFA y la Aerolínea del Estado Mexicano. Al manejar las FFAA empresas que funcionan bajo una lógica de ganancias estas no son reportadas dentro de las cuentas nacionales, lo que deja a discrecionalidad de las FFAA el ejercicio y destino de estos recursos”.
A la situación de discrecionalidad, la MUCD sumó el hecho de que, a pesar del discurso federal en torno a la austeridad republicana y la desaparición de fideicomisos, la realidad es que dichas operaciones mercantiles favorecen a las FFAA. La Sedena sumó un monto de 69 mil 193 millones de pesos en el cierre del año 2023, esto la convirtió en la segunda institución del país con mayor participación en total de los recursos de fideicomisos sin estructura orgánica.
Aunado a lo anterior, se encuentra el Fideicomiso Público de Administración y pago de Equipo Militar (FPAPEM), el cual pasó de contar con entre 830 millones y seis mil millones de pesos a 20 mil y 72 mil millones de pesos.
En entrevista para buzos, la investigadora del área de incidencia política de MUCD, Leilani Hernández, recalcó que la Sedena ha aumentado más del 130 por ciento su presupuesto en los últimos cinco años y la Semar un 71 por ciento, por lo que han acumulado grandes subejercicios de recursos, también están accediendo a recursos de los municipios, estados y federación, a través de convenios de colaboración.
“Debe existir una rendición de cuentas, porque la mayoría de estos mecanismos se están realizando de manera opaca, no se está transparentando los recursos que están recibiendo, ni en qué los están utilizando, hacia dónde los están destinando ni por quién… En contra parte, hay un detrimento de las instituciones civiles, a quienes se les está quitando el dinero y funciones que deberían desempeñar, eso tiene un impacto directo en el desarrollo del país tanto a nivel económico como social”, manifestó.
Finalmente, aseguró que el fortalecimiento económico y político de las FFAA “afectaría a la democracia, ya que implicaría que nosotros no tenemos la manera de defendernos, ni de saber cómo es que se están utilizando estos recursos; la normalización de las Fuerzas Armadas en diversas áreas desde hospitales, escuelas, incluso en la calle, pues también puede llegar a ser violenta, porque su actuar tiene una lógica de ataque enemigo, que puede llegar a ser muy violenta, entonces también esta cercanía con las instituciones militares puede representar un riesgo para la integridad de la ciudadanía”.
La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
Los estados más afectados son: Chihuahua, Jalisco y Chiapas.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.