En el último año, la presencia cada vez mayor de grupos criminales en el estado de Chiapas y la falta de una estrategia de seguridad pública eficiente han cobrado la vida de cinco menores de edad en un solo municipio.

Este significativo impacto provocó que varias organizaciones civiles hicieran un enérgico llamado a las autoridades responsables de los tres niveles de gobierno involucrados –Andrés Manuel López Obrador (AMLO), titular del Ejecutivo Federal; el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y Mariano Díaz Ochoa, alcalde de San Cristóbal de las Casas– para que apliquen medidas de seguridad que realmente garanticen la vida de infantes y jóvenes.

La demanda de los grupos sociales, que presiden los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en el ámbito federal, estatal y municipal, se produjo días después de que, el pasado 24 de noviembre, Joshua Gómez, de 15 años, fuera localizado sin vida en la colonia Pozo de Jacob, en el norte de la ciudad que, en los últimos meses, ha sido escenario de enfrentamientos entre cuerpos policiacos y grupos delictivos.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, el joven salió de clases vespertinas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECYT) plantel 20, y desde esa hora perdieron comunicación con él. Después de buscarlo toda la noche, hallaron su cuerpo sin vida en un lote baldío con las manos cercenadas, heridas hechas con arma blanca y huellas de tortura.

La población repudió el asesinato y exigió a las autoridades de justicia una investigación expedita y eficiente porque, de septiembre de 2021 a la fecha, es el quinto homicidio contra menores en San Cristóbal de las Casas, a decir de la organización Melel Xojobal.

La primera víctima fue una niña de siete años que murió debido a una bala perdida que entró a su habitación mientras dormía en la colonia San Antonio del Monte. Un mes más tarde, un adolescente de 17 años fue asesinado en el anillo periférico cerca del Mercado de la Zona Norte.

El 26 de febrero de 2022, un adolescente de 16 años fue asesinado con arma de fuego cerca de su domicilio, ubicado en la colonia Emiliano Zapata; y el dos de octubre, otra adolescente de 17 años fue baleada cerca de su domicilio en el barrio Ojo de Agua.

La pobreza, entre las principales causas

El profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas (UACh) Martín Plascencia González, reveló a buzos que “la presencia del crimen organizado y otros grupos delincuenciales en el estado, como en el resto del país, es un hecho; y está afectando gravemente a esta población; porque los enfrentamientos y la portación de armas han cobrado factura contra menores”.

Explicó que entre las causas de este fenómeno se encuentra fundamentalmente la falta de recursos económicos de muchas familias pobres, cuyos hijos son coptados por el crimen organizado, porque se aprovechan de la desinformación y la normalización de la “narcocultura” como fórmula de solución a sus problemas.

“Hay diversas situaciones a las que los jóvenes pueden exponerse, como acoso, abuso, violencia física, afectación por desplazamientos y expulsiones de su lugar de origen; violencia a través de medios digitales, negligencias, desnutrición, enfermedades prevenibles y corregibles y que no son atendidas. También se deben conocer los sitios donde son violentados los niños”.

En cuanto a obligaciones pendientes, Plascencia, también integrante del Grupo de Investigación Infancia y Juventud en Contextos de Diversidad, advirtió que, primordialmente, los gobiernos locales deben reconocer que la delincuencia organizada opera en su territorio; y que sus hijos son los más vulnerables a la violencia y la coptación.

Para detectar si alguno de ellos anda en malos pasos, es necesario que los padres estén atentos a su comportamiento diario, su forma de vestir, el contenido de sus pláticas y sus amistades, así como a las redes sociales, con las que frecuentemente intercambian información.

Otra medida recomendable para las autoridades consiste en la creación de programas permanentes que propicien la generación de escenarios públicos en los que los infantes puedan convivir con actores comunitarios sanos, de la academia y las organizaciones civiles.

En estos eventos deben abordarse profundamente los problemas sociales e individuales de toda índole, en los que se busquen soluciones para las familias y el estado.

“El reconocimiento de que existe una problemática ya es una forma de intervención política. El caso de Joshua, sumado al de otras personas, es un caso profundamente triste y lamentable. Le afectó a él, cortó su vida de un modo que no debiera suceder. El Estado debe garantizar la seguridad de todas las personas. Una de esas capacidades es el derecho a la vida, en que cada persona viva todo su ciclo, sin que se coarte por factores externos violencias, enfermedades curables, negligencias.

“Además, podría ser a través de las escuelas, porque es la institución que más agrupa a niños y adolescentes, donde pudieran crearse estrategias de paz y convivencia. Pero esto no es suficiente; desde mi perspectiva, tendrían que crearse mecanismos especiales de vigilancia y de cuidado de los espacios públicos donde niñas y niños transitan”, puntualizó.

El investigador de la UACh advierte que sí hay interés por disminuir la violencia, pero reconoce que la estrategia debe ser multifactorial, es decir ser ejecutada por gobiernos, organizaciones civiles, sectores académicos y los padres de familia; pues el problema es demasiado complicado porque exige garantizar los derechos de vida, salud y educación de niños y jóvenes.

El gobierno no escucha: Iglesia

Entrevistado por buzos, el Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, alertó, en su conferencia episcopal del pasado domingo 11 de diciembre, que “el gobierno no está atendiendo a la familia debidamente; no se le está escuchando.

“Hay que poner los intereses de la persona primero, porque si ponemos en el centro de cualquier proyecto de gobierno al partido político se le da en la torre a dicho proyecto. Hay que velar por las personas, por las instituciones por el derecho de todos y en este caso de los menores”.

El ministro religioso sostiene que, en vez de responsabilizar a alguien, hay que buscar la solución: “no hay que tachar culpables ya que es un problema multifactorial, como la falta de educación en el seno del hogar y de la escuela, falta de fe verdadera y también de la actuación de las autoridades. Todos tenemos algo de culpa”.

Comentó que en el caso de los problemas de seguridad pública, las autoridades de los tres niveles de gobierno “se echan la bolita” sobre su responsabilidad. Por ello, su falta de coordinación provoca que la policía municipal no reacciones pertinentemente, la estatal llegue tarde y que la federal también responda tardíamente.

Por ello, destacó, “hay que volver a la educación en la familia, fortalecer la unidad para que no pasen casos como el de Joshua y otros. Así como la educación en las instituciones y velar por los derechos humanos de las niñas, niños y juventudes.

“Actualmente, ante la necesidad de la sociedad, donde ya alcanza a la población infantil y a los jóvenes, cualquiera se vende por dinero, como los halcones o los que tienen encomiendas de matar. Hay diferentes niveles de destrucción en el narco.

“Aunque haya interés del gobierno, se ha visto sobrepasado. Pero para mí lo fundamental es que no han sabido escuchar a la sociedad; por ello se han tardado en mantener la paz o resolver el problema de la violencia, que ha permeado por todas partes”.

Martínez Escamilla denunció que “Chiapas es entrada; y en el caso de la delincuencia organizada, quien toma la puerta puede tener acceso al centro y norte del país, o viceversa; por eso está en el foco rojo. Chiapas ahorita es como la paleta más sabrosa que se quiere chupar”.

La Iglesia Católica, precisó, está comprometida con la familia; y por ello “emprendemos diversas acciones para llegar a la conciencia de los niños y niñas; para que emprendan un mejor camino”.

Reclutamiento y desapariciones

En su trabajo periodístico San Cristóbal: El crimen recluta niños indígenas, Rodolfo Flores informó que, de 2019 a 2022, Melel Xojobal registró la desaparición de 574 niñas, niños y adolescentes en Chiapas; y aclaró que “no existe certeza de qué les sucedió, pero una hipótesis es que pudieran ser víctimas del reclutamiento forzado”.

En noviembre de 2021, la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias (Redias) reportó por su cuenta que 8.1 por ciento de los niños y adolescentes de Chiapas es susceptible de ser reclutado por el crimen organizado.

En su informe Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México, publicado en septiembre de 2021, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) informó que, en 2018, había más de 460 mil menores ligados al crimen organizado; y que “detrás de cada uno de ellos hay una serie de condiciones estructurales y sociales desatendidas por el Estado mexicano que son utilizadas por grupos familiares, pandillas y organizaciones delincuenciales en su beneficio”.

En Chiapas, el caso más conocido de este tipo de relación es protagonizado por los llamados motonetos, un grupo de jóvenes de entre 13 y 17 años vinculado al crimen organizado, que distribuye y vende droga, roba y agrede con armas de fuego a comerciantes y transeúntes, al parecer con la venia de las autoridades, como se lo planteó confidencialmente un policía al periodista Rodolfo Flores.

“Sabemos que por disparar les pueden pagar 200, 300 pesos, disparos al aire. Todos estos grupos armados que andan en los vehículos, en las motos (…) otro factor es el desarrollo de grupos y sentidos de pertenencia, con los cambios culturales que se viven a nivel local e internacional, donde la figura de éxito se basa en hombres manejando armas, con la idea de que con eso eres alguien en la vida. Para las y los jóvenes que están en esta vulnerabilidad puede ser una alternativa que está a la mano, la cual ni siquiera se tiene que buscar, pues los grupos están buscando a quiénes reclutar”, comentó la directora de Melel Xojobal al reportero.

“Hacemos un llamado a la sociedad en general a no naturalizar la violencia que con frecuencia estamos viviendo en la ciudad, y a la no criminalización de las infancias, adolescencias y juventudes, quienes son las víctimas principales de estas situaciones y han sufrido las mayores consecuencias de las marcadas brechas de desigualdad”, escribió en un comunicado la organización social especializada en la investigación de campo entre los niños y jóvenes indígenas de Chiapas.

En su momento, la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) denunció que la violencia e inseguridad pública ha cobrado también sangre joven en México.

En 2019 y 2020, los dos primeros años de la administración de AMLO, ocurrieron más de 10 mil asesinatos de niños y jóvenes, informó el periódico El Universal. La nota informativa revela que, entre 2007 y 2020, 94 mil 79 niños, niñas y jóvenes menores de 30 años habían sido asesinados con armas de fuego.

En esos 14 años, los estados más letales para los infantes fueron Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Colima y Baja California, con cifras que fueron de 200 a 600 asesinatos por cada 100 mil jóvenes. Pero a esa “lista negra” se han sumado ahora los de estados del sur-sureste, como es el caso de Chiapas.