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A fin de instrumentar programas, presupuestos, estrategias y responsabilidades que garanticen una alimentación sana, nutritiva, asequible y culturalmente adecuada para todas las personas, organizaciones sociales e instituciones exhortaron a la Cámara de Diputados a discutir y aprobar la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible.
A través de un comunicado, las organizaciones manifestaron que dicha minuta es producto de una larga lucha de más de 30 años, la cual busca que se reconozca como derecho constitucional una adecuada y sostenible alimentación.
También reconocieron los avances que se han conseguido a lo largo de tres décadas, entre ellas el 13 de octubre de 2011, cuando se promulgó una reforma constitucional en materia de derechos humanos que modificó el artículo 4to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer el derecho a la alimentación. Así también el artículo 27, para garantizar este derecho a partir del desarrollo rural integral y sustentable.
Sin embargo, consideran que el Gobierno de México aún no cumple con la obligación de “desarrollar la ley reglamentaria correspondiente, con la que se establezcan, entre otras cosas, programas, presupuestos, estrategias y responsabilidades para garantizar una alimentación sana, nutritiva, asequible y culturalmente adecuada para todas las personas”.
La propuesta “responde a la grave problemática de salud alimentaria nacional, que tantas vidas cobra año tras año; nos acerca a la soberanía y autosuficiencia alimentaria y contribuye a alcanzar la sostenibilidad, al revertir el daño ambiental asociado con la producción agroindustrial de alimentos, que afecta la salud de las personas y de los ecosistemas, y que agrava el cambio climático”.
La minuta es promovida por el Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medioambiente y Competitividad (GISAMAC), en coordinación con la Secretaría de Salud y la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria. En ella participan las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, Bienestar y Educación, e instituciones académicas y técnicas como Instituto Nacional de Nutrición y el Sistema Nacional DIF, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México, por mencionar sólo algunas.
El menor apareció a 12 kilómetros de su hogar.
Ni el 20% de la población michoacana tiene acceso a la salud pública, de acuerdo con la más reciente encuesta del Inegi, problema derivado de los recortes al presupuesto estatal de salud.
Este miércoles decenas de familias instalarán un plantón en las afueras del INDEP, ante la falta de solución a sus demandas más sentidas desde hace más de cuatro años.
La política de la CDMX, según sus relaciones con la alcaldía Cuauhtémoc, es una calca de la política de la 4T; es un anticipo de cómo se comportaría Sheinbaum si cumple su sueño de ser Presidenta de México.
Las principales peticiones son incremento salarial, despegue salarial, basificación, reconocimiento a la superación profesional, opciones pertinentes para la formación continua y la superación profesional.
El mes con más retenciones de menores no acompañados fue diciembre de 2023.
Prevalecerán temperaturas de hasta 40 grados en gran parte del territorio mexicano.
La economía nacional crecerá apenas 1.4 por ciento para el cierre de este año.
Del total general de casos confirmados, 58 hombres contrajeron la infección y tres fueron mujeres.
La Proyección de la Población en México y de las Entidades Federativas 2016-2050 tuvo un incremento de más de 2 millones de adultos mayores en cuatro años.
En México se registraron el año pasado 97 mil 187 defunciones, siendo las enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos, las principales causas de las muertes a nivel nacional.
Colectivos aseguran que existen omisiones legislativas para reconocer dicha enfermedad como incapacitante para laborar.
Michoacán tiene registradas más de cuatro mil 533 personas desaparecidas y la lista continúa creciendo. A pesar de los datos, lo más preocupante, dicen colectivos, es el silencio de los familiares de las víctimas que no denuncian ante la fiscalía.
Aunque diputados de oposición expresaron su rechazo, por mayoría Morena y Aliados aprobaron el dictamen que ratifica a Ernestina Godoy al frente de la FGJCDMX.
La presidenta del Movimiento Nueva Aztlán, Rita Cecilia Contreras, lamentó que ninguna autoridad elabore y difunda un programa de abasto para ayudar a las familias de escasos recursos.
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Escrito por Brenda Perú Hernández
Colaboradora