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A fin de instrumentar programas, presupuestos, estrategias y responsabilidades que garanticen una alimentación sana, nutritiva, asequible y culturalmente adecuada para todas las personas, organizaciones sociales e instituciones exhortaron a la Cámara de Diputados a discutir y aprobar la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible.
A través de un comunicado, las organizaciones manifestaron que dicha minuta es producto de una larga lucha de más de 30 años, la cual busca que se reconozca como derecho constitucional una adecuada y sostenible alimentación.
También reconocieron los avances que se han conseguido a lo largo de tres décadas, entre ellas el 13 de octubre de 2011, cuando se promulgó una reforma constitucional en materia de derechos humanos que modificó el artículo 4to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer el derecho a la alimentación. Así también el artículo 27, para garantizar este derecho a partir del desarrollo rural integral y sustentable.
Sin embargo, consideran que el Gobierno de México aún no cumple con la obligación de “desarrollar la ley reglamentaria correspondiente, con la que se establezcan, entre otras cosas, programas, presupuestos, estrategias y responsabilidades para garantizar una alimentación sana, nutritiva, asequible y culturalmente adecuada para todas las personas”.
La propuesta “responde a la grave problemática de salud alimentaria nacional, que tantas vidas cobra año tras año; nos acerca a la soberanía y autosuficiencia alimentaria y contribuye a alcanzar la sostenibilidad, al revertir el daño ambiental asociado con la producción agroindustrial de alimentos, que afecta la salud de las personas y de los ecosistemas, y que agrava el cambio climático”.
La minuta es promovida por el Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medioambiente y Competitividad (GISAMAC), en coordinación con la Secretaría de Salud y la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria. En ella participan las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, Bienestar y Educación, e instituciones académicas y técnicas como Instituto Nacional de Nutrición y el Sistema Nacional DIF, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México, por mencionar sólo algunas.
Si la Carta Magna no tiene el máximo valor, y si quien juró guardarla y aplicarla no lo hace, entonces la República está en sus peores días... Este debilitamiento sistemático puede llevarnos, incluso, a largo plazo, a un Estado fallido, advierten analistas.
Hoy, la Primera Sala de la SCJN resolvió los amparos interpuestos para recuperar dos de los fideicomisos extintos: el FAARI y el Fidecine.
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Este esquema cuesta al país hasta nueve millones de dólares anuales en evasión fiscal y pérdidas por combustible ilegal.
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Escrito por Brenda Perú Hernández
Colaboradora