El gremio periodístico advirtió que los temas relacionados con el honor, la difamación y el daño moral son competencia de los juzgados civiles.
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Hoy, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió los amparos interpuestos por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la empresa Springall Pictures, con el fin de recuperar dos de los fideicomisos extintos: el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) y el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine).
Ambos fideicomisos fueron desaparecidos el 6 de noviembre de 2020: el FAARI, debido a que sus recursos se reasignaron para el manejo de la pandemia de COVID-19; y Fidecine, ante posibles casos de corrupción. La Corte determinó que, en ambos casos, se cometieron violaciones a la Constitución.
Conforme a la fracción I del Artículo 132 de la Ley General de Víctimas, el Centro Prodh argumentó que la desaparición del FAARI resultó en la suspensión de indemnizaciones, evidenciando así el incumplimiento de las obligaciones estatales.
El poder legislativo, por su parte, no logró demostrar el mal manejo de los recursos de Fidecine. Además, los ministros señalaron que se infringieron los derechos a la participación cultural y a la libre expresión de ideas.
Según el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) deberá asignar un monto mínimo para la atención a las víctimas, el cual no podrá ser inferior al 0.014% del gasto programable.
El gremio periodístico advirtió que los temas relacionados con el honor, la difamación y el daño moral son competencia de los juzgados civiles.
Las condiciones climáticas suponen riesgos para el suministro de gas natural en el norte del país.
Desde 2020, el Instituto Nacional Electoral ha registrado casi 500 personas responsables de violencia política de género; Oaxaca concentra el mayor número de infracciones a nivel local.
La evaluación será en línea y con uso de Inteligencia Artificial para verificar procesos y evitar fraudes.
En las etiquetas de los envíos se concentra información sensible.
El costo por camioneta podría oscilar entre 1.5 y hasta tres millones de pesos, dependiendo del nivel de blindaje.
Este sistema provocará un marcado descenso de temperaturas, lluvias, vientos intensos y condiciones adversas en varias regiones.
La percepción de inseguridad a nivel nacional es de 63.8 por ciento.
Se eliminará la leyenda “alerta presidencial” y en su lugar se utilizará un mensaje estandarizado de emergencia.
Los trabajos continúan sin obras de mitigación. No existen cruces peatonales seguros ni infraestructura vial básica.
Para la construcción del Tren Maya no se hicieron los estudios suficientes que permitieran conocer las afectaciones que traería.
El repunte fue impulsado por bebidas, tabaco y alimentos preparados fuera del hogar.
Estos cambios fueron oficializados a través de decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, en el que establece modificaciones en cuestión de características, materiales y diseños de ambas denominaciones.
Carlos Torres, esposo y ex funcionario, presuntamente formaría parte de una red dedicada a actividades como extorsión, tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.
Durante diciembre se registraron 11 secuestros a 69 migrantes; además, documentaron seis secuestros masivos que dejaron un saldo de 40 víctimas en diversas entidades.
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Escrito por Brenda Ocampo Jiménez
Comunicóloga. Estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México.