El antorchismo no llegó impuesto por nadie; llegó porque los propios vecinos lo solicitaron.
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Después de un prolongado periodo de sequía que duró casi tres meses y que, desde luego, trajo implicaciones económicas, ¡por fin llegaron las lluvias! Sin embargo, al estrés laboral generado por la ola de calor se han sumado el incremento en el precio de los alimentos; la intermitencia de las lluvias debido a que apenas inició la temporada de huracanes y la intuición de las personas sencillas de que, si el estiaje fue atípico, también pueden serlo las corrientes de aguas pluviales. Esta suposición es generada por la prensa cuando difunde que las tormentas tropicales causan inundaciones, deslaves, la muerte de varias personas, el derrumbe de casas, la suspensión de clases en escuelas y el bloqueo de vías de comunicación que, a su vez, ralentiza la movilidad de los trabajadores y llegan tarde a sus labores; y sus jefes y patrones les aplican descuentos o sanciones salariales.
Estos abusos contra los empleados ocurren porque en la legislación laboral no se protege a los trabajadores contra la sucesión de contingencias naturales como huracanes, alteraciones climáticas extremas, sismos, etc., y son obligados a laborar sin considerar los riesgos de salud a que son expuestos. Por ejemplo, las tiendas departamentales abren aun cuando existan amenazas de huracán y los empleados de alguna de estas cadenas de tiendas recuerdan que, durante la contingencia sanitaria por el Covid-19, las sucursales abrieron sus puertas, violando con absoluta impunidad tanto la normatividad cotidiana como la emergente.
Pero la temporada de lluvias tiene también otras consecuencias; por ejemplo, la disminución en las ventas de las micro, pequeñas empresas y los negocios informales, ya que sus clientes potenciales no salen a las calles o únicamente lo hacen para comprar mercancías básicas o indispensables. Por ello, los restaurantes y centros turísticos, cuya oferta depende del buen clima, están vacíos en temporada de lluvias. En varios estados de la República, como Veracruz, Tabasco y Puebla, las personas aluden a esta época del año como la “época de las guayabas”, no solamente porque este fruto abunda, sino porque el dinero escasea debido a que la intensidad y constancia de las lluvias obliga a los campesinos a suspender sus actividades durante semanas o meses.
En las rancherías veracruzanas, las personas sobreviven sólo con el consumo de tortillas con frijol y plátanos cocidos; y se la pasan tiritando de frío y miedo, arrinconados, mientras la tempestad azota sus chozas, construidas precariamente con materiales de la región.
No es que las lluvias sean malas, por el contrario, son esperadas con ansiedad por la población para aliviar el desabasto de agua y para irrigar los cultivos agrícolas. Pero en nuestro país no existe una infraestructura hidráulica adecuada para aprovechar las aguas pluviales ni para encauzar y mitigar sus torrentes, cuyo impacto suele ser catastrófico, como el ocasionado por el huracán Otis, que destruyó casi totalmente a Acapulco. El terrible suceso hizo renacer la demanda popular de que se devuelva el Fondo para Desastres Naturales (Fonden); fideicomiso desparecido por la “ocurrencia” de una de las autoridades morenistas y que hoy no está disponible para que los trabajadores del campo y la ciudad puedan defenderse de los embates de la lluvia. Éstas son algunas de esas “armaduras”: un seguro de desempleo y un apoyo alimenticio para las familias de los trabajadores que se quedan sin empleo, como los campesinos, albañiles y comerciantes informales.
Mientras el rico vive en lugares seguros y desde sus ventanas disfruta de la espectacular lluvia, a los pobres ésta les cala hasta los huesos, les llueve sobre mojado dentro o fuera de sus hogares; y en muchos casos los obliga a trabajar todo el día bajo la lluvia, regularmente con el temor de que les caiga un rayo o que su hogar sea inundado o aplastado por el desgajamiento de un cerro.
En México el problema no es la lluvia, sino la inmensa pobreza y desigualdad prevaleciente a lo largo y ancho del territorio nacional; y sus gobernantes, antes y ahora, favorecen la concentración de la riqueza en unas cuantas familias mientras muchos nacen en el desamparo más absoluto.
El antorchismo no llegó impuesto por nadie; llegó porque los propios vecinos lo solicitaron.
No es casual que, mientras millones de personas afrontan problemas para acceder a vivienda, transporte o servicios básicos, el gobierno impulse una imagen festiva, colorida y turística de la capital.
El problema consiste en que la falsa conciencia puede profundizarse hasta el grado de paralizar la acción política.
Las autoridades xalapeñas reconocen que hay un aumento significativo de la población en situación de calle.
Alejandro Rojas llamó a los maestros a organizarse, luchar y criticar a sus autoridades sindicales, al Estado y a proponer alternativas de solución, como el proyecto educativo propuesto por Antorcha Magisterial.
Lo cierto es que el Mundial destaca como un negocio redondo para unos cuantos magnates; y los pobres de México y del mundo pagaremos lo “invertido” en los preparativos.
Las personas están más pobres y endeudadas, los precios de los productos en general, por las nubes, y esto no sólo aplica al jitomate.
Los personeros del capital financiero recurren a la manipulación mediática y a todas las formas posibles de la violencia para garantizar su existencia y conservar el control de todos los recursos, los mercados y sus grandes privilegios.
Un aumento de impuestos a las grandes fortunas, no a los informales, aparejado de un aumento creíble en el gasto social en general y salud en particular, son iniciativas que mejorarían la distribución de la riqueza.
La organización advirtió que los ingresos actuales del gobierno no podrán sostener las obligaciones del Estado mexicano en las próximas décadas.
Solamente cuando no exista el capitalismo dejará de concentrarse la riqueza y entonces ya no aumentará la pobreza.
Los servicios de salud, educación y transporte son muy limitados y el aumento permanente en el precio de los productos de la canasta básica contradice las cifras de las instituciones del Estado.
Vecinos acusan nula prioridad real a la red hidráulica pese a presupuesto histórico en obras.
En noviembre de 2024, la gobernadora Rocío Nahle García anunció la reparación de dos mil 545 kilómetros de carreteras libres de peaje de ocho circuitos en la red federal.
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Escrito por Capitán Nemo
COLUMNISTA