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Después de un prolongado periodo de sequía que duró casi tres meses y que, desde luego, trajo implicaciones económicas, ¡por fin llegaron las lluvias! Sin embargo, al estrés laboral generado por la ola de calor se han sumado el incremento en el precio de los alimentos; la intermitencia de las lluvias debido a que apenas inició la temporada de huracanes y la intuición de las personas sencillas de que, si el estiaje fue atípico, también pueden serlo las corrientes de aguas pluviales. Esta suposición es generada por la prensa cuando difunde que las tormentas tropicales causan inundaciones, deslaves, la muerte de varias personas, el derrumbe de casas, la suspensión de clases en escuelas y el bloqueo de vías de comunicación que, a su vez, ralentiza la movilidad de los trabajadores y llegan tarde a sus labores; y sus jefes y patrones les aplican descuentos o sanciones salariales.
Estos abusos contra los empleados ocurren porque en la legislación laboral no se protege a los trabajadores contra la sucesión de contingencias naturales como huracanes, alteraciones climáticas extremas, sismos, etc., y son obligados a laborar sin considerar los riesgos de salud a que son expuestos. Por ejemplo, las tiendas departamentales abren aun cuando existan amenazas de huracán y los empleados de alguna de estas cadenas de tiendas recuerdan que, durante la contingencia sanitaria por el Covid-19, las sucursales abrieron sus puertas, violando con absoluta impunidad tanto la normatividad cotidiana como la emergente.
Pero la temporada de lluvias tiene también otras consecuencias; por ejemplo, la disminución en las ventas de las micro, pequeñas empresas y los negocios informales, ya que sus clientes potenciales no salen a las calles o únicamente lo hacen para comprar mercancías básicas o indispensables. Por ello, los restaurantes y centros turísticos, cuya oferta depende del buen clima, están vacíos en temporada de lluvias. En varios estados de la República, como Veracruz, Tabasco y Puebla, las personas aluden a esta época del año como la “época de las guayabas”, no solamente porque este fruto abunda, sino porque el dinero escasea debido a que la intensidad y constancia de las lluvias obliga a los campesinos a suspender sus actividades durante semanas o meses.
En las rancherías veracruzanas, las personas sobreviven sólo con el consumo de tortillas con frijol y plátanos cocidos; y se la pasan tiritando de frío y miedo, arrinconados, mientras la tempestad azota sus chozas, construidas precariamente con materiales de la región.
No es que las lluvias sean malas, por el contrario, son esperadas con ansiedad por la población para aliviar el desabasto de agua y para irrigar los cultivos agrícolas. Pero en nuestro país no existe una infraestructura hidráulica adecuada para aprovechar las aguas pluviales ni para encauzar y mitigar sus torrentes, cuyo impacto suele ser catastrófico, como el ocasionado por el huracán Otis, que destruyó casi totalmente a Acapulco. El terrible suceso hizo renacer la demanda popular de que se devuelva el Fondo para Desastres Naturales (Fonden); fideicomiso desparecido por la “ocurrencia” de una de las autoridades morenistas y que hoy no está disponible para que los trabajadores del campo y la ciudad puedan defenderse de los embates de la lluvia. Éstas son algunas de esas “armaduras”: un seguro de desempleo y un apoyo alimenticio para las familias de los trabajadores que se quedan sin empleo, como los campesinos, albañiles y comerciantes informales.
Mientras el rico vive en lugares seguros y desde sus ventanas disfruta de la espectacular lluvia, a los pobres ésta les cala hasta los huesos, les llueve sobre mojado dentro o fuera de sus hogares; y en muchos casos los obliga a trabajar todo el día bajo la lluvia, regularmente con el temor de que les caiga un rayo o que su hogar sea inundado o aplastado por el desgajamiento de un cerro.
En México el problema no es la lluvia, sino la inmensa pobreza y desigualdad prevaleciente a lo largo y ancho del territorio nacional; y sus gobernantes, antes y ahora, favorecen la concentración de la riqueza en unas cuantas familias mientras muchos nacen en el desamparo más absoluto.
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Los propietarios de las 91.5 hectáreas expropiadas para la construcción del AIFA, denunciaron ante la FGR a Román Guillermo Meyer y las funcionarias, Dulce María Rodríguez y Edna Elena Vega.
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Escrito por Capitán Nemo
COLUMNISTA