Luego de varias campañas continuas en busca del poder político, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, lograron sus objetivos electorales en 2018, para ahora confrontarse en lo que el primero llama la Cuarta Transformación, y el segundo considera un intento centralista que violenta la autonomía de los estados y el pacto federal.

A un mes de que asumieran sus respectivos cargos, sobresalió la resistencia de Alfaro a la reforma de la Administración Pública Federal con la que AMLO creó la figura de los superdelegados, al acotamiento de las asignaciones financieras a las 32 entidades estatales en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2019) y, en lo que va de enero, al irreflexivo cierre de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que ha causado desabasto de gasolina en Jalisco y otros estados.

La oposición del gobernador Alfaro Ramírez a estas promociones –atribuidas en principio a la semejanza en la manera en que estos políticos ejercen el poder– lo ha colocado hasta ahora como el único mandatario estatal que de manera abierta resiste la política impositiva de AMLO, que evidentemente contrasta con el silencio de los demás gobernadores locales.

Sin embargo, la posición actual del gobernador jalisciense quizás no se deba únicamente a su emergente federalismo, sino también a la rivalidad política con el ahora Presidente por cuestiones poco conocidas.

En 2012, AMLO y Alfaro Ramírez intentaron una alianza durante la contienda electoral. Uno buscaba, por segunda ocasión,  la Presidencia de la República; el otro, la gubernatura de Jalisco.

En esas campañas las profundas discrepancias entre ambos se mantuvieron ocultas; pero lo que AMLO no se esperaba es el que Alfaro diera mayor apoyo a Josefina Vázquez Mota –la entonces candidata presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), en lugar de brindárselo a AMLO, pese a compartir una postura “izquierdista”. Este hecho se debió a la alianza secreta entre Alfaro y el entonces gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez.

En una entrevista, en 2015 AMLO dijo: “Nosotros quisimos hacer un acuerdo con Alfaro y él no quiso caminar con nosotros, porque él tiene una concepción política distinta. Yo no creo que sea un hombre con convicciones, con ideales. Lo veo más como un hombre de poder; su movimiento es una especie de neopanismo; pero no está planteando cambiar el régimen, busca llegar a los cargos, ocuparlos; no quisieron participar con nosotros (…) Los que decidieron participar con nosotros traen también muchos problemas, imagínate, casi todos ellos vienen del movimiento universitario (…) de donde viene Raúl Padilla”.

El año pasado, en su primera visita a Jalisco, AMLO abrió fuego contra Alfaro, quien ya era candidato a la gubernatura del estado por el partido Movimiento Ciudadano (MC), comprometido con la Coalición México al Frente, que postuló al panista Ricardo Anaya. La animadversión contra Enrique Alfaro se hizo evidente por parte del actual mandatario de la nación: “Quiero que Carlos (Lomelí) sea gobernador de Jalisco porque quiero entenderme con un gobernador como él (…) Voy a respetar la voluntad del pueblo de Jalisco, pero sí deseo, de todo corazón, que Carlos sea el próximo gobernador del estado. ¡Les pido que su voto sea parejo! ¡Que nos den la confianza por completo! ¡No quiero tener que entenderme con otros! No les va a costar mucho trabajo investigar a quién me refiero!”

El entonces candidato por el Partido morenista acusó a Alfaro Ramírez de tener acuerdos con el gobernador priista de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, e incluso con el expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, a quien atribuye el manejo político sobre el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Centralizar el poder, el objetivo

En la campaña electoral de 2018 por la gubernatura de Jalisco, los actores principales fueron precisamente Alfaro Ramírez, postulado por el MC, y Carlos Lomelí por Morena, quien naturalmente recibió el total apoyo de AMLO. Como era de esperarse, el triunfo del primero dio pauta al inicio del conflicto entre Enrique Alfaro y AMLO.

Con la implementación de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Federal, AMLO anunció la creación de los superdelegados federales en los estados, cuya denominación oficial es Coordinador Estatal de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República. En Jalisco, AMLO nombró a Carlos Lomelí, su excandidato a la gubernatura en 2018.

El nombramiento fue rechazado de inmediato por el gobernador Enrique Alfaro, quien declaró: “Mi relación con el Gobierno de la República será directa con el Presidente y con sus secretarios de Estado; no habrá en Jalisco autoridades intermedias simplemente porque eso vulnera principios constitucionales básicos y lastima el espíritu del pacto federal”.

Por medio de un mensaje difundido en sus redes sociales, el gobernador Alfaro  comentó que el cargo de superdelegado se encuentra fuera del marco legal y que “dotar a las delegaciones o cualquier otra figura de carácter administrativo de facultades de control, fiscalización del ingreso y gasto público federal sería anticonstitucional”.

Argumentó que así como una gran mayoría dio el triunfo a AMLO como Presidente,  él obtuvo, el 1⁰ de julio de 2018, una victoria contundente mediante la emisión del voto de casi un millón 400 mil jaliscienses, por lo que su investidura de mandatario estatal también debe ser respetada.

El 20 de julio del año pasado, Carlos Lomelí declaró que sería responsable de las 83 delegaciones federales en la entidad –entre ellas las de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Marina (SM), la Policía Federal (PF)  y la Agencia Nacional de Inteligencia (antes Cisen)–  y que supervisaría la correcta aplicación de los programas sociales del Gobierno Federal. También prometió que diariamente, a las seis de la mañana, enviaría al Presidente un reporte sobre la seguridad pública de Jalisco.

Así que Lomelí inauguró reuniones de seguridad con mandos castrenses, a las que no acudió la policía estatal ni municipal. En cambio, el fiscal estatal, presidentes municipales y jefes policiacos sí acudieron al llamado del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Encuentros que no han sido los únicos ni los más relevantes entre AMLO y Alfaro Ramírez. Tras la creación de los superdelegados, Alfaro buscó el abrigo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), con el que enfrentó al Presidente; consiguió que el mando de los operativos para enfrentar a la delincuencia fuera encabezado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), haciendo a un lado a Carlos Lomelí.

El gobernador de Jalisco se puso a la cabeza de la demanda de incremento a las asignaciones federales destinadas a los estados en el PEF 2019, aunque en su caso no logró plena satisfacción a sus peticiones. En los últimos días de diciembre pasado, Alfaro Ramírez lamentó en repetidas ocasiones la omisión en el presupuesto de recursos para la Línea 4 del Tren Ligero en Guadalajara, la construcción y mantenimiento de carreteras federales, un libramiento en Puerto Vallarta y el saneamiento del río Santiago, entre otras obras públicas.

Alfaro ha dicho que seguirá luchando por la consecución de los recursos financieros que necesita para estas obras y que, como en el caso de la Línea 4, buscará éstos incluso mediante el endeudamiento público.

Esta actitud le ha granjeado el respaldo de diversos sectores de la entidad. En noviembre de 2018, cobijado por alcaldes de distintos partidos, empresarios, organismos ciudadanos, dirigentes sindicales, rectores de universidades y  diputados locales y federales, reunidos en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres,  Alfaro Ramírez exigió al entonces Presidente electo que tomara en cuenta las propuestas de Jalisco en el PEF 2019, respetar la soberanía del estado y castigar a los delincuentes.

“Aquí en Jalisco no vamos a permitir que se vulnere nuestra soberanía, ni mucho menos que se traicione el pacto federal. Hacerlo sería tanto como resignarnos a una realidad que pareciera ir tomando forma de controles desde el centro del país sobre el destino político, financiero, administrativo y de la seguridad de nuestra entidad”, exclamó Alfaro.

Desde su protesta oficial, el pasado seis de diciembre, la administración estatal ha revisado los planes, proyectos y programas del Gobierno Federal, como el Plan Nacional de Seguridad presentado recientemente; plan que generó inconformidad en Alfaro, quien advirtió al gobierno de AMLO que los estados y municipios son los “responsables de la seguridad por mandato constitucional”, e insistió en que veía con preocupación que los superdelegados desempeñen funciones en esta materia porque contravendrían los acuerdos asumidos por la Conago.

Respaldo al gobernador de Jalisco

En diciembre del año pasado, 110 de los 125 presidentes municipales de Jalisco protestaron en la Glorieta a la Minerva contra los recortes a los recursos asignados a la entidad en el PEF 2019. En el mitin participaron alcaldes de los partidos MC, PRI, PAN, Nueva Alianza (PANAL), Verde Ecologista de México (PVEM), de la Revolución Democrática (PRD) e independientes.

En nombre de los ediles jaliscienses, Adriana Cortés, alcaldesa de Juanacatlán, exigió a la Federación un presupuesto y un trato digno para sus comunidades. Juanacatlán es uno de los municipios por los que atraviesa el Río Santiago –el más contaminado del país– y el PEF 2019 del gobierno no asignó un solo peso para su saneamiento.

“Pedimos a la Federación cumpla su palabra y no le falle a los jaliscienses; que nos escuche y se sensibilice con la realidad de nuestras comunidades; pedimos que revisen a conciencia los proyectos prioritarios en nuestros municipios, pues los presentamos ante el Congreso”, destacó la alcaldesa.

Cortés afirmó que a los alcaldes de Jalisco preocupaba la exigüidad con que el PEF 2019 visualizaba los problemas de los jaliscienses y la reducción al mínimo del Ramo 23. A todas luces, enfatizó, se ignoran “las necesidades y urgencias de los municipios, sus comunidades y localidades”.

En efecto, el PEF 2019 castigó a Jalisco; en los primeros días de enero, el gobernador Alfaro Ramírez aseguró que su entidad sufrió una pérdida presupuestal de más de ocho mil 642 millones de pesos con respecto a las asignaciones federales del año anterior, debido fundamentalmente a la reducción de los recursos del Ramo 23. También perdió 73 por ciento en los programas de subsidio y en proyectos de inversión para la entidad.

“El presupuesto nacional se elaboró estrictamente a partir de los intereses del Gobierno Federal y las prioridades de los jaliscienses no están bien entendidas, menos atendidas”, lamentó Alfaro Ramírez.

El mandatario estatal explicó que entre los dos niveles de gobierno tienen visiones y prioridades contrapuestas respecto a sus proyectos económicos de este año. Por ejemplo, explicó,  mientras que en Jalisco el campo tuvo un incremento presupuestal de 175 por ciento, en este rubro el Gobierno Federal lo redujo al nueve por ciento; en infraestructura –en particular comunicaciones– Jalisco aumentó un 45 por ciento, la Federación lo bajó al 21 por ciento; en cultura, el incremento local fue de 22 por ciento, y, el Federal de cero por ciento; disminución que también se registró en los rubros de medio ambiente, educación universitaria, justicia laboral y seguridad.

“Éstas son las prioridades del estado, versus la manera como el Gobierno Federal entiende las prioridades de nuestra entidad. Hacemos una serie de ajustes para poder equilibrar alguno de los rubros en los que tenemos afectación mayor”, indicó el gobernador Alfaro.

Explicó que hay diversas bolsas de recursos que aún carecen de reglas de operación, como es el caso del Fondo Metropolitano, que en 2018 tuvo una bolsa general de tres mil 268 millones de pesos, y que en 2019 tiene una bolsa aprobada de tres mil 300 millones, aunque a la fecha se desconoce cuánto será asignado a la entidad.

Desacuerdo con la política central

El gobernador de Jalisco no está solo y hasta ahora cuenta con el respaldo de los ciudadanos y de la iniciativa privada, entre otros sectores. Mauro Garza Marín, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco, expresó: “No es posible tolerar y soportar que los proyectos estratégicos para el estado no se mantengan”.

Augusto Chacón, director del observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos, también se sumó a esta inconformidad: “Existen proyectos en movilidad, mejora de la red carretera de Jalisco, ampliación del aeropuerto, inversión en tecnología y educación, y muchos proyectos prioritarios en el estado. Si no se apoyan puede suceder que Jalisco detenga su avance, crezca la desigualdad y la riqueza se siga concentrando en unas cuantas manos”.

En esa línea, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel Rodríguez, dijo que hay un desacuerdo en la dirección política y económica del nuevo Gobierno Federal, pues destina más recursos al asistencialismo social y reduce el presupuesto de las dependencias enfocadas a la promoción y al desarrollo económico del país.

El presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Miguel Ángel Landeros, aseguró que el daño a Jalisco está hecho, sobre todo en lo que atañe a proyectos de infraestructura; lo que queda es buscar por otras vías una solución inmediata al financiamiento.

La visión que se tiene de la Cuarta Transformación es que se trata de un proyecto político raro, incierto e informe que vulnera la autonomía constitucional de la mayoría de las entidades de la República; Jalisco es la primer entidad que le hace frente, concluyen observadores ciudadanos y expertos.