El próximo 1o de junio serán electos los primeros 881 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) entre tres mil 292 candidatos, la mayoría simpatizantes y militantes del partido Morena.

A partir de la segunda mitad de 2025, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se integrará con nueve ministros en lugar de 11; y el nuevo Trib                                                                                                                                               unal de Disciplina Judicial (TDJ) que subordinará a cientos de magistrados y jueces federales.

Aprobada en octubre de 2024, la reforma judicial eliminó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que estaba a cargo del presidente de la SCJN y controlaba jueces y magistrados, y lo sustituyó con dos instituciones jurídicas: el ya citado TDJ y el Órgano de Administración Federal, que administrará el presupuesto del PJF.

Los cinco integrantes del Órgano de Administración Federal no serán electos, sino designados: uno por la Presidenta de la República; uno por el Senado y tres por el nuevo pleno de nueve ministros de la SCJN; es decir, por los líderes de Morena en diferentes cargos de los tres Poderes de la Unión.

El primero de junio serán electos también los ministros que ocuparán la presidencia y la Sala Superior y 15 más para las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), entre cuyos aspirantes predominan los morenistas.

El TEPJF y el Instituto Nacional Electoral (INE), ya bajo control de la presidenta Guadalupe Taddei, cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), son las autoridades electorales de mayor jerarquía en México.

Más allá de las listas con tres mil 292 candidatos a puestos judiciales, los prospectos para el control de la SCJN y del TDJ están a la vista, empezando por las tres ministras que AMLO impuso en el pleno de la SCJN durante 2019, 2021 y 2023, que aún funciona, son candidatas y desde hace varias semanas adelantaron sus campañas electorales con la venia del gobierno y su partido:

Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf –fundadora de Morena– y Lenia Batres Guadarrama, hermana de Martí Batres, exjefe de gobierno capitalino.

Para encabezar el TDJ se perfilan Bernardo Bátiz Vázquez, exprocurador capitalino en el gobierno de AMLO, también fundador de Morena e integrante del eliminado CJF, y Celia Maya García, integrante del CJF y excandidata morenista a gobernadora de Querétaro en 2015.

En su campaña electoral adelantada (las oficiales están marcadas del 30 de marzo al 28 de mayo de 2025), la ministra Lenia Batres pidió al INE, el pasado 29 de enero, que la identifique como “ministra del pueblo” en las boletas de junio.

Desde 2022, Yasmín Esquivel enfrenta una denuncia por el plagio de su tesis para obtener la licenciatura en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otra por la del doctorado otorgado por la Universidad Anáhuac (UA), grado que según ella estaba avalado por la Universidad Complutense, institución educativa española que se deslindó del caso en 2023.

Con el apoyo presidencial de AMLO, Esquivel consiguió frenar en 2024 el procedimiento interno en la UNAM que terminaría en el retiro oficial de su título como abogada y su posterior doctorado.

Saltados los obstáculos, la ministra fue integrada a la lista de candidatos para la elección judicial; y en el marco de su campaña electoral adelantada el 28 de enero de 2025 divulgó una encuesta que la ubicaba al frente de los postulantes a ministros.

Yasmín Esquivel es esposa del ingeniero José María Riobóo, dueño de Grupo Riobóo, dedicado a la industria de la construcción, asesor de AMLO en el gobierno de la Ciudad de México (2000-2004), luego en la Presidencia (2018-2024) y en las administraciones capitalinas de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum Pardo.

Una operación política 

“No sé si es un capricho de AMLO, pero estoy convencida de que la reforma a la justicia es más política que técnica”, dijo el 11 de septiembre de 2024 la aún ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, a la cadena BBC-Mundo. 

La titular del PJF fue excluida por la presidenta Claudia Sheinbaum del acto oficial por el aniversario de la Constitución de 1917, el pasado cinco de febrero.

Para acumular poder, la maquinaria política de Morena impone, simula tómbolas, tuerce leyes y viola incluso las que aprobó, como ahora lo está haciendo para desmontar al PJF y colocar juzgadores a modo.

Entrevistado por buzos, Rodolfo Martínez, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM señaló: “hay un fraude a la Constitución con este procedimiento de insaculación (tómbolas) que se hizo… está alejado de toda seriedad y transparencia.

“La Constitución se violó en la medida en que se alteraron las reglas del proceso para que lo aleatorio de la tómbola solamente incluya a quienes han sido filtrados políticamente o a quienes Morena les dé su bendición… manipularon todo el procedimiento para asegurarse de que aquellas personas afines al régimen, y que no sean críticos al sistema, terminaran siendo los candidatos.

“Es un fraude institucional que pervierte el sentido de la reforma judicial y elimina cualquier apariencia de pluralidad e independencia judicial. El resultado, ahí lo tenemos: la tómbola fue un mecanismo de exclusión”, lamentó el también litigante de la firma Trusan & Roma, Abogados.

Rodolfo Martínez explicó que el desarrollo nacional resultará dañado porque las calificadoras internacionales, que analizan la situación económica y financiera de los países para mantener informados a los inversionistas, consideran la situación de rubros como la seguridad pública y la administración de la justicia.

Explicó que empresas especializadas, encargadas también de informar a quienes otorgan créditos a países, pudieran bajar las calificaciones de México y con ello propiciar aumento de intereses y obstaculizar más préstamos.

El académico en derecho y analista político José Luis Espinosa Piña advirtió que una vez debilitada la autonomía y desaparecida la imparcialidad del PJF “se espantará a la inversión, así de claro. Aumentará el riesgo-país y le restará puntos ante las calificadoras internacionales a México. Lo vamos a ver de manera muy inmediata en que la confianza para invertir disminuirá. Pero parece que la 4T no se da cuenta.

“Se darán cuenta hasta que haya gran cantidad de juicios, controversias ante el panel internacional del tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y arbitraje internacional. Entonces considerarán la monumental estupidez que hicieron”, destacó Espinosa.

La organización Defensxrs A.C., dedicada al litigio estratégico de asuntos públicos que vulneran los derechos humanos y sociales, denunció a las tres ministras ante el INE por sus actos anticipados de campaña el pasado 13 de enero, con causa para la anulación legal del registro de cualquier candidatura. 

“Las tres ministras han violado de manera sistemática la ley electoral. Han realizado cientos de publicaciones donde promueven su perfil, sus propuestas de campaña, y utilizan incluso los colores de Morena para promover su imagen”, declaró Miguel Alfonso Meza Carmona, presidente de la agrupación, cuando presentó la denuncia.

Ésta revela que también han viajado en todo el país, aparecido en foros masivos con gobernadores de Morena, con el dirigente del Instituto de Formación Política de Morena, entre otras personas y podrían haber utilizado viáticos, oficinas y recintos públicos para dar sus conferencias y entrevistas de prensa para promover sus candidaturas en horario laboral. 

Tómbolas del nepotismo

Después de descalificar durante años a los ministros del PJF, AMLO envió, en septiembre de 2024, la reforma judicial para arrebatarles el poder, utilizando a la “aplanadora legislativa” de Morena y haciendo que “el pueblo” elija a otros juzgadores mediante la selección de precandidatos con tómbolas.

La convocatoria, emitida el 15 de octubre de 2024, fue formulada por la mayoría de Morena en el Senado con un método de evaluación de perfiles carente de rigor técnico y muy diferente al utilizado para el ingreso, promoción y permanencia de los servidores públicos judiciales.

“Se aprobó una reforma (judicial) regresiva, inviable; contraria a los principios de justicia y de certidumbre que deben privar; y que, desde el inicio, estamos viendo los problemas a los que nos enfrentamos: dejará de existir una justicia imparcial para convertirse en algo con parcialidades y lagunas”, alertó Espinosa Piña.

Para elaborar la lista final de más de tres mil candidatos a 881 puestos judiciales, se crearon comités en los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos bajo dominio morenista, y otro en el Poder Judicial –hasta ahora autónomo– cuyos cinco integrantes renunciaron ante las irregularidades legales del procedimiento.

Otros prospectos para ocupar puestos en los órganos directivos del PJF surgieron del “azar” morenista por medio de tómbolas; y en la organizada por el Poder Ejecutivo salió sorteada “casualmente” María Estela Ríos González, consejera jurídica de AMLO en la Presidencia y en su gestión como Jefe de Gobierno de la capital de la República.

Las magistradas Fabiana Estrada Tena y Marisol Castañeda Pérez, así como Ana María Ibarra Olguín y Rogelio Arturo Bárcena Zubieta, excolaboradores del exministro de la SCJN, Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno en la Presidencia, quien encabezó la selección de candidatos del Poder Ejecutivo.

Figuran también Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann, sobrino de la exministra de la SCJN y exsecretaria de Gobernación de AMLO, Olga Sánchez Cordero, actualmente diputada federal de Morena.

Va también su hija, la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero que, el 18 de junio de 2024, mediante un video colgado en X, había convocado a reconsiderar la reforma judicial “para que puedan llegar los mejores jueces y magistrados y técnicamente no haya un golpe de Estado”.

Néstor Vargas Solano, exconsejero jurídico de Claudia Sheinbaum en el gobierno capitalino; Selene Cruz Alcalá, excolaboradora de Luisa María Alcalde, en la Secretaría de en Gobernación y hoy dirigente nacional de Morena; y Federico Hidalgo Huchim Gamboa, excolaborador de la exsecretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval.

Otro candidato es Eduardo Santillán, exrepresentante de Morena en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), exalcalde de Álvaro Obregón y exdiputado de Morena.

Desaseo total

Una vez aprobada, la reforma judicial de AMLO fue publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación para que fuera el “pueblo” el que eligiera, supuestamente, a 881 juzgadores federales el 1° de junio de este año. De acuerdo con especialistas, los operadores morenistas violentaron leyes, incluidas algunas que promovieron y aprobaron para favorecer sus intereses partidistas.

El Comité de Evaluación creado por el Poder Judicial –hoy todavía con autonomía constitucional–, no hizo “tómbola” y acató la decisión de dos jueces federales de Distrito, en Michoacán y Jalisco, que otorgaron amparos contra leyes secundarias de la reforma constitucional judicial de 2024 y ordenaron suspender la selección de aspirantes de ese comité el siete de enero de 2025.

El 22 de enero, el TEPJF informó que recibió las impugnaciones del Comité de Evaluación del PJF y fijó 24 horas para que continuaran; pero sus cinco integrantes acordaron no reanudarlas y acataron las suspensiones judiciales vigentes.

El TEPJF presentó una inconformidad ante la SCJN por la suspensión de actividades del Comité de Evaluación, el asunto fue turnado a estudio y su resolución sigue pendiente. Sin esperar la decisión de la SCJN, el TEPJF se adelantó, y el 27 de enero determinó que los jueces federales carecen de facultades para suspender un proceso de selección de aspirantes judiciales.

Acto seguido, instruyó al Senado para que se encargara de efectuar la insaculación o “tómbola” correspondiente al comité del PJF, que lo realizó el 31 de enero; además, organizó la suya el dos y tres de febrero.

Con respecto a este hecho, el jurista José Luis Espinosa advirtió que “el TEPJF, que no tiene competencia en ello, ordenó que se hiciera una tómbola desde el Senado para subsanar lo que no pudo hacer el PJF con su comité. Comprueba el desorden, el desaseo e ilegal procedimiento de selección de candidatos”.

El seis de febrero, el actual pleno de la SCJN rechazó validar las listas obtenidas mediante la tómbola efectuada por el Senado y éste determinó enviarlas directamente al INE para que los 995 candidatos aparezcan en las boletas electorales como postulados por el PJF, aunque éste no los avaló.

El INE, dirigido por la morenista Guadalupe Taddei, es precisamente el coordinador de las votaciones para elegir a los funcionarios del PJF el próximo 1° de junio a los 881. La reforma judicial de 2024 establece la elección de los integrantes del PJF, la mayoría este año y una parte complementaria en 2027 cuando se elija la mitad de los magistrados de circuito y jueces de distrito.

En las votaciones se elegirán 881 cargos, entre ellos cinco ministras y cuatro ministros de la SCJN; tres magistradas y dos magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). Una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del TEPJF; 10 magistradas y cinco magistrados de las Salas Regionales del TEPJF; además, 464 magistrados de Tribunales Colegiados y 386 jueces de Distrito.

Filtración y confusión 

La Barra Mexicana de Abogados (BMA) formuló este cuestionamiento el pasado 30 de enero suscrito por su presidente Víctor Olea Peláez: “Los criterios políticos y no los jurídicos están imperando para impulsar los procesos de implementación de la reforma a los poderes judiciales.

“La llamada reforma judicial no puede ser tan importante como para destruir el orden constitucional, minar la función de protección de derechos humanos del amparo, llevar a un enfrentamiento de poderes políticos y, sobre todo, minar el acceso a la justicia y sus garantías, como la independencia judicial”.

Nueve organizaciones civiles especializadas en asuntos del derecho, integradas en el colectivo La Justicia que Queremos, denunciaron violaciones el Artículo 96° Constitucional, el cual establece que para evaluar a los juzgadores federales:

Se “identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.

El colectivo se conforma por las organizaciones civiles México Unido Contra la Delincuencia (MUCD); Impunidad Cero; Práctica: Laboratorio para la democracia; Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Juicio Justo; Justicia Pro Persona; Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA); y el Observatorio de Designaciones Públicas y México A.C.

En noviembre de 2024, juzgadores, organizaciones civiles y colectivos de víctimas, denunciaron internacionalmente que la reforma judicial impuesta por AMLO debilita la independencia del Poder Judicial y trastoca el acceso a la justicia en México.

Durante una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada el 12 de noviembre de 2024, señalaron que la elección de ministros, magistrados y jueces por voto abierto de la población, se hará “sin mecanismos que aseguren la definición de perfiles idóneos e independientes…”.

En la primera elección popular de juzgadores, los ciudadanos-funcionarios de casilla no contarán los votos, sino directamente el INE; las boletas se depositarán revueltas en una sola urna, y los resultados no se conocerán el día de la votación, sino 12 días después.

Los votantes recibirán seis boletas con colores distintos de acuerdo con los cargos a elegir (ministros, magistrados y jueces federales); con dos columnas con los nombres de los candidatos, además del poder público que los postula, con un número de registro que deberá colocarse en un recuadro para sufragar por el aspirante. Si el ciudadano no cubre las boletas completas, su voto se anulará.

El próximo 1° de junio, la elección de juzgadores coincidirá con los comicios locales en 17 de los 32 estados de la República y los electores recibirán entre cuatro y seis boletas adicionales, es decir, entre 10 y 12 en total.