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En Nuevo León se han registrado por lo menos cinco denuncias de violencia política en razón de género, de estas sólo una persona ha sido penalizada, se trata de Mayra Alejandra Morales, candidata a la alcaldía de San Nicolás de los Garza por Movimiento Ciudadano (MC).
El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE), indicó que Alejandra Morales fue sancionada junto con Glen Villarreal Zambrano, exencargado de la Comunicación Social del Gobierno de Samuel García por rendir declaraciones que contenían elementos que perpetuaban estereotipos de género, lo que constituyó violencia simbólica en perjuicio de una funcionaria anónima.
A pesar de que se le sancionó, Alejandra Morales no asistió a los talleres de concientización sobre violencia de género ofrecidos a los infractores, motivo por el cual permanece en el registro de sancionados.
A las víctimas de violencia política se suma la candidata a la alcaldía de Santa Catarina por el Partido del Trabajo (PT), Claudia Garza, quien denunció haber recibido amenazas de atentar contra sus hijos en caso de no renunciar al proceso electoral. Asimismo, la candidata del partido Vida a la alcaldía de Guadalupe, Linda Padilla, quien dejó su candidatura luego de sufrir un atentado en el que fue baleada y Graciela Villarreal, candidata a la alcaldía de El Carmen, quien sufrió heridas mientras realizaba actos de campaña.
De acuerdo con el INE, la publicación de material denostativo en redes sociales y medios digitales era una de las principales causas de denuncia; sin embargo, la violencia se ha acrecentado pasando de las amenazas digitales a ataques verbales y asesinatos, violencia que incrementa conforme se acercan las elecciones del 2 de junio.
Los datos del Registro Nacional de Personas Sancionadas revelan que el 75.19 por ciento de los casos de violencia política en razón de género ocurren a nivel municipal, mientras que el 14.07 por ciento se presentan a nivel estatal.
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Durante la administración de Luis Donaldo Colosio se alcanzaron las cifras más altas de los últimos siete años en delitos.
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Xóchitl Gálvez reconoció que es difícil representar a los partidos políticos, al manifestar que todos tienen “personajes impresentables”.
El obispo desapareció desde el pasado 27 de abril, noticia que se conoció en un comunicado del CEM.
A este panorama de violencia política, el Laboratorio Electoral sumó nueve secuestros; así como 22 intentos de homicidio y 75 amenazas, un aumento del 200%.
Las campañas políticas previas a las elecciones del dos de junio transcurren en un ambiente de violencia pocas veces visto; actores de perturbación son el crimen organizado y algunas autoridades del Gobierno Federal.
Lo más preocupante es que ahora será mucho más fácil para la Presidenta lograr la aprobación de las propuestas de modificación a la Constitución.
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La candidata responsabilizó al Jefe de Gobierno Martí Batres y señaló que ésta no es la única vez en que han hecho actos de violencia.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera