El que no edifica destruye. Tal parece que esa es la máxima del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) y, también, eso es lo que estaría sucediendo con el gobierno que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Y es que desde que arribó al poder político de la nación en aquel diciembre de 2018, nada ha edificado o construido; y sí, por el contrario, se ha puesto a destruir y tratar de eliminar, prácticamente todo, en menos de la mitad de su sexenio.

López Obrador destruye día con día las instituciones que garantizan estabilidad, paz y tranquilidad a los mexicanos; destruye, a paso muy veloz, la economía de México al poner trabas a la IP para invertir o al no generar empleos bien remunerados para los mexicanos que deseen trabajar; quiere acabar con la libertad de expresión, como se prueba desde su mañanera inquisidora o con el viraje que dio contra las redes sociales que antes eran benditas y ahora son conservadoras y “enemigas” del pueblo; también ha destruido la mismísima figura presidencial, comportándose como un gobernante que no sabe ni tienen la menor idea de qué rumbo debe seguir la nación para buscar bienestar social para todos los mexicanos.

Además, prácticamente todos los días, AMLO niega los hechos que la realidad le pone enfrente a través de la prensa, de los organismos autónomos, de los centros de investigación, de análisis o científicos y también de los organismos internacionales. Pero no sólo niega con autoritarismo los datos o informes presentados por los organismos, sino que los sataniza, calumnia y prácticamente los amenaza con dejarles caer todo el poder que tiene como máxima autoridad del país, no le hace que en la mayoría de las ocasiones se presenten pruebas irrebatibles sobre que él y su gobierno están en un error.
 
Por si eso no fuera poco los mismos ciudadanos, incluidos los que votaron por él hace tres años, hoy salen a las calles donde AMLO realiza sus giras y mítines políticos y le reclaman atención por la inseguridad, atención por los apagones, o simplemente le exigen sean escuchados como se vio en recientes días en Baja California cuando una señora le decía: "escúchenos señor presidente, escúchenos".

El hecho más reciente fue cuando la Auditoria Superior de la Federación (ASF) dio un duro golpe al gobierno morenista y con pruebas exhibió que la Secretaría de la Función Pública que dirige Irma Eréndira Sandoval, politóloga y economista que nació en la Ciudad de México y que es esposa del enigmático John Ackerman, había impedido el acceso a sus instalaciones y a los archivos, esto tras el señalamiento de la ASF de que hay al menos 98 mil 974 millones de pesos de la Cuenta Pública 2019 que no se han podido aclarar o devolver.

Y es que en el tercer informe de esa Cuenta Pública de 2019, la ASF detectó que había pendientes que no se han aclarado; de ese total al menos 43 mil 859 millones de pesos se consideraban como posible daño patrimonial y 55 mil 114 millones de pesos aún podían ser aclarados. ¿Por qué no se ha hecho? ¿cuál es la razón? Ayer el presidente en su acostumbrada mañanera negó todo y dijo que esos datos fueron filtrados y enviados a sus rivales políticos. Sin embargo, los datos son precisos; porque en el presupuesto destinado a programas sociales se ubicó que por lo menos había irregularidad por 6 mil 907 millones de pesos, recursos que correspondían a programas clave del gobierno morenista como “Jóvenes Construyendo el Futuro” por al menos 51 millones 213 mil 600 pesos y “Sembrando vida” por mil 832 millones 710 mil 896 pesos; pero si hablamos en otros rubros lo mismo sucede en salud, educación y otras áreas del gobierno federal.

Pero… qué cree usted. El Presiente López Obrador asegura que el informe de la ASF es exagerado, erróneo y que él tiene otros datos; incluso, dijo que esa información fue entregada a sus adversarios para que lo atacaran. Por eso ayer mismo por la tarde vimos que el órgano autónomo tuvo que recular y declarar que sí hay inconsistencias y que se volverá a revisar. Todo indica que el poder de Palacio Nacional se vuelve a presentar como autoritario y soberbio que no acepta nada y todo lo que no le guste no lo rechaza y dará instrucción para que "se corrijan" los procedimientos de cualquier institución u organismo autónomo; ¡vaya forma de acabar con la tan mentada corrupción!

La ASF es la encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno, los datos ahí están. Y lo que sí es cierto es que el sábado pasado el órgano entregó a la Cámara de Diputados el Informe General de la Cuenta Pública 2019 que audita el primer año de la actual administración. La ASF hizo observaciones de probables irregularidades por 67 mil 498 millones de pesos. Uno de los datos que sobresalen es lo referente al Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México que sería construido en el Lago de Texcoco. De acuerdo con el organismo, su cancelación tuvo un costo estimado de 331 mil 996 millones 517 mil pesos, una cifra superior a la que estimó el propio López Obrador, cuando en abril de 2019 dijo que costaría 100 mil millones de pesos. Tocará a Irma Eréndira abrir los archivos y aclarar con pruebas suficientes si eso es verídico o no.

La respuesta de AMLO en su mañanera no sorprende, siempre ha sido así; tampoco sorprende que exista resistencia de las instancias de gobierno como la Secretaría de la Función Pública que encabeza Eréndira Sandoval. La revelación en el informe se hizo y hoy, tras la prepotencia del poder de Palacio Nacional, la ASF tiene que ceder a los caprichos del poder hitleriano enquistado en Palacio Nacional. Hay, pues, una tremenda opacidad gubernamental, una administración que casi está a medio río pero que es desastrosa porque el “Exageran, están mal sus datos. Yo tengo otros datos y se va a informar aquí. Ojalá y lo hagan ellos..." era la instrucción, bajo presión y algunos otras acciones, para obligar a cuadrar la información.

Aunque lo señalamientos de la ASF se aclaren o queden matizados, el gobierno de AMLO debe aclarar y responder los señalamientos de opacidad en recursos destinados para las obras insignia como el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, el Corredor del Istmo de Tehuantepec y la refinería de Dos Bocas, así como en los programas sociales emblemáticos Pensión para Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para el Bienestar, Crédito Ganadero y Sembrando Vida.

Por lo pronto se sabe que el auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, hace unos días también aseguró que en el 2018 el gobierno de Enrique Peña Nieto dejó sin aclarar 50 mil 994 millones de pesos y que ese mandato requería una revisión área por área. Pero lo interesante es que si en el gobierno priista no se aclararon alrededor de 50 mil millones de pesos, hoy, en este gobierno de austeridad republicana, “donde la corrupción ya no existe”, la cifra que no se aclara y es opaca asciende a cerca 100 mil millones de pesos, el doble que la administración anterior. ¿Quién es más corrupto si comparamos ambos años de administración?, ¿el de EPN y o el de AMLO? Usted amigo lector, saque la conclusión. Por el momento, querido lector, es todo.