El Gobierno adjudicó el 90 por ciento de las acciones por 340.2 millones de dólares a un consorcio privado; el 10 por ciento restante seguirá en manos de los argentinos.
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Según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), correspondientes al cuarto trimestre de 2023, se revela una situación preocupante en cuanto a la informalidad laboral en México.
En dicho periodo, se contabilizaron 59.4 millones de personas consideradas como Población Económicamente Activa ocupada en el país. De este grupo, 32.5 millones, lo que representa un 54.8 por ciento, estaban empleadas en condiciones informales, mientras que 26.9 millones tenían un empleo formal, equivalente sólo al 45.2 por ciento.
De acuerdo con la ENOE, las entidades federativas con las mayores Tasas de Informalidad Laboral (TIL1), se registraron en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Hidalgo y Tlaxcala, donde la proporción de trabajadores en empleos informales supera el 71 por ciento.
Asimismo, el Estado de México ocupa la décimo segunda tasa más alta de informalidad laboral en el país; ya que el 53.52 por ciento de los trabajadores en la entidad tienen un empleo sin prestaciones laborales y sin un vínculo reconocido; dicha situación se traduce en falta de seguridad social y en una menor percepción de ingresos, lo que incrementa la probabilidad de encontrarse en situación de pobreza laboral.
La afirmación del Gobierno Federal de que 98.28 millones de personas tienen empleo digno resulta inexacta, toda vez que, según la ENOE, sólo 59.4 millones de personas consideradas como PEA ocupada tienen un empleo y de estas más de la mitad se encuentran en el sector informal, lo cual representa una diferencia de casi 39 millones.
Además, la encuesta destaca que 37 de cada 100 trabajadores se encuentran en pobreza laboral, por lo que no obtienen los ingresos suficientes para cubrir la canasta alimentaria de sus hogares.
Ante este panorama, urge implementar políticas y medidas efectivas para combatir la informalidad laboral en México, garantizando condiciones dignas de empleo y acceso a seguridad social para todos los trabajadores; afirmó para buzos, la diputada Susana Prieto, quien se ha caracterizado por defender a la clase obrera del país: “La lucha contra la informalidad laboral no sólo es crucial para el bienestar de los trabajadores, sino también para el desarrollo económico y social del país en su conjunto”.
El Gobierno adjudicó el 90 por ciento de las acciones por 340.2 millones de dólares a un consorcio privado; el 10 por ciento restante seguirá en manos de los argentinos.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.