El reparto de utilidades en México es un derecho que poco se cumple y, con los años, se aleja de su origen como incentivo a la productividad y su función declarada como instrumento que contribuya a una mejor distribución de la riqueza social.
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A pesar de que el salario mínimo ha incrementado durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, alcanzando para el próximo año 2024 un acumulado del 110 por ciento; la realidad es que dicho incremento resulta insuficiente ante el encarecimiento de la canasta alimentaria y servicios básicos.
El próximo año, el salario mínimo general será de 248 pesos, lo que representa un incremento de 41.49 pesos; mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte pasará de 312.41 a 374.89 pesos; es decir, 62.48 pesos más.
Sin embargo, los costos de la inflación han sido mucho más elevados provocando que el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) alcance los mil 795.90 pesos, afectando así de manera directa a millones de familias, reportó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
Asimismo, la organización de comerciantes señaló que de los 44 productos que conforman la CBA, los precios que más aumentaron fueron los de productos como la cebolla, con un incremento de 22.94 por ciento, pasando de 25.40 a 31.33 pesos; le sigue el café soluble con un 8.10 por ciento, de 108.50 a 117.29 pesos y las lentejas con 7.73 por ciento más, de 34.36 pesos quedó en 37.02 pesos.
Asimismo, el azúcar y la sal de mesa tuvieron un aumento de 6.33 y 6.27 por ciento respectivamente, quedando con costos de 39.31 para el primero y 19.28 pesos para el segundo.
“Todos estos datos nos confirma que la inflación no es una enfermedad pasajera de nuestra economía, y que la inflación alimentaria ha sido una constante que viene afectando el poder adquisitivo de las familias mexicanas, lo que les ha obligado a que dejen de consumir proteínas y lleven una alimentación diaria de mala calidad”, concluyó la ANPEC.
El reparto de utilidades en México es un derecho que poco se cumple y, con los años, se aleja de su origen como incentivo a la productividad y su función declarada como instrumento que contribuya a una mejor distribución de la riqueza social.
Un aumento de impuestos a las grandes fortunas, no a los informales, aparejado de un aumento creíble en el gasto social en general y salud en particular, son iniciativas que mejorarían la distribución de la riqueza.
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Escrito por Brenda Perú Hernández
Colaboradora