Colombia, México y Paraguay ocupan los primeros tres lugares en violencia dentro de América Latina y el Caribe, mientras que 12 naciones del continente figuran en las primeras 50 posiciones, provocando que la región enfrente obstáculos en su desarrollo, según dijo el Banco Mundial (BM).

En su informe “Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe”, la institución financiera indicó que la lista de esos 12 países latinoamericanos la encabezan Colombia, México y Paraguay, con un nivel de criminalidad superior a los siete puntos en una escala que va del 0 al 10, cabe destacar que en dicha métrica los puntajes más altos indican mayor actividad criminal.

México es el país con más apariciones, fue nombrado en 13 de los 15 mercados ilícitos y se encuentra entre los primeros 20 países, seguido de Brasil y Colombia, cada uno con 8, se lee en el documento del BM.

En este contexto, el organismo estimó que la región crecerá 2.1 por ciento este año y 2.4 por ciento en 2026, mientras que para México prevé que el Producto Interno Bruto tenga un crecimiento nulo con un nivel de 0.0 por ciento.

Ese panorama, según explicó el BM, se debe a “la incertidumbre de los derechos de propiedad”, toda vez que reduce y distorsiona la inversión. También refirió que “la extorsión y la inseguridad incrementan los costos de transacción de los negocios y reducen la competitividad; los gastos improductivos en seguridad pública desvían recursos que podrían destinarse a salud, educación e infraestructura, mejorando la calidad de vida de las personas”.

Asimismo, enfatizó que “las víctimas de violencia ven comprometidas sus libertades básicas”, mientras que “el control de las instituciones estatales debilita la calidad de los gobiernos”.

De acuerdo con el informe, los niveles actuales de inseguridad se deben a la creciente demanda de bienes ilegales, pues “las medidas represivas de los gobiernos han reconfigurado las redes criminales”.

Por su parte, William Maloney, economista en jefe para Latinoamérica y el Caribe del BM, afirmó que “combatir la delincuencia organizada no es sólo una cuestión de aplicación de la ley; es una prioridad de desarrollo. Debilita la gobernanza, distorsiona la inversión y exacerba la desigualdad. Debemos abordar este problema de frente para evitar que se convierta en un lastre permanente para el crecimiento”

Finalmente, el BM recomendó a mediano y largo plazo mejorar los sistemas educativos y mercados laborales, así como priorizar el fortalecimiento estratégico de la capacidad en cárceles, fuerzas de policía y sistemas de justicia, a fin de prevenir que los jóvenes se incorporen a grupos criminales.