El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reforzó, desde el año pasado, las medidas de contención migratoria en la frontera sur de Estados Unidos (EE. UU.) con más efectivos de la Guardia Nacional (GN), del Ejército y del Instituto Nacional de Migración (INM).

Activistas sociales y civiles han denunciado que, con la “militarización”, el Gobierno de México no sólo atenta contra los derechos humanos de los migrantes, sino los acorrala en áreas limítrofes donde quedan más expuestos a riesgos físicos, incluso a perder la vida.

La presencia del Ejército, la GN y el INM es más evidente en el área del océano Pacífico conocida como Playas de Tijuana, donde empieza el muro fronterizo, en El Bordo, la garita de San Ysidro y el Ejido Jacumé, del municipio de Tecate donde, desde hace más de dos meses, el Gobierno Federal montó un campamento en el que detiene a los migrantes que no acceden al territorio estadounidense.

El padre Patricio Murphy, director de la Casa del Migrante en Tijuana, ha alzado la voz para denunciar que el Gobierno Federal sólo complace a su homólogo estadounidense deteniendo migrantes sin ejercer acciones “que lleven a la detención de los traficantes de personas que se están aprovechando de esta situación”.

Entre noviembre y diciembre de 2023 aumentaron considerablemente los intentos de cruce masivo, sobre todo en el área de El Bordo, aledaña a la garita de San Ysidro, donde grupos de hasta 400 personas buscaban internarse al país vecino durante la noche y la madrugada.

Ante esta situación, la GN y el INM montaron vigilancia permanente en esa zona y, para inhibir más el paso de migrantes, instalaron alambre de púas en la parte baja de la malla metálica, además del que ya se había colocado en su parte alta, prevención que los activistas sociales condenaron porque el muro mexicano recurrió al mismo “estilo” del estadounidense.

Enrique Lucero Vázquez, titular de la Dirección de Atención al Migrante (DMAM), intentó justificar tal medida: “esto no significa que se obstruya el derecho de los migrantes a solicitar asilo, pues este punto no es un puerto de entrada legal”.

Sin embargo, Judith Cabrera de la Rocha, codirectora de Border Line Crisis Center, opinó al respecto: “aunque hayan justificado que era para proteger las obras del Viaducto Elevado, cumple justamente el cometido de EE. UU. de no querer que pasen por ahí los migrantes justo cuando se estaban dando estos intentos de cruce”.

El operativo en Jacumé

En el Ejido Jacumé, ubicado a hora y media de Tijuana, también se habían registrado cruces masivos contra “coyotes” (traficantes de personas); y ésta fue la razón por la que ahí se instaló un campamento de detención, informó David Pérez Tejada, delegado del INM en Baja California. 

En entrevista con buzos advirtió que la medida ha resultado positiva porque “el año pasado tuvimos picos de hasta 800 cruces irregulares diarios y los hemos bajado hasta a 500 a principios de enero. A partir de estos campamentos hemos visto cifras recientes de 74 cruces en un día”.

En un recorrido por el área de Jacumé, este semanario constató la presencia permanente del INM, la Guardia Nacional y el Ejército, cuyos efectivos cubren dos turnos cada 24 horas. El patrullaje se realiza con el apoyo de un radar hacia el municipio de Mexicali sobre una extensión de 17 kilómetros, donde se ubicaban ocho puntos, y hay huecos y escaleras improvisadas para burlar la malla metálica.

En esos sitios de la línea fronteriza aún se hallaban los restos de los campamentos, los desechos de comida y botellas de agua de los migrantes que, durante meses, permanecieron ahí con el objetivo de saltar al lado estadounidense para que los recogiera la Patrulla Fronteriza.

El delegado del INM comentó que el panorama de desolación predominante en estos lugares hoy muestra cómo “los grupos criminales que trafican con personas las llevan a los puntos más alejados para cruzarlas y exponerlas a mayores peligros”.

Pérez Tejada reconoció, no obstante, que el bloqueo de los sitios recién detectados inducirá a los “coyotes” a llevar nuevamente a los migrantes a los cruces “originales”, como la canalización del río Tijuana y las zonas de Playas y norte de la ciudad, aledañas al puerto internacional de San Ysidro.

Ante estas circunstancias, las labores de contención y detención que los funcionarios del INM denominan “rescates humanitarios” se intensificarán con el apoyo de efectivos de la Secretaría de Marina (Sedam), proyecto ya cuestionado por las organizaciones civiles.

“Solicitamos una presencia permanente de elementos de seguridad en estas zonas, sobre todo con Guardia Nacional, fuerza estatal y del Instituto Nacional de Migración. Ahora también estamos pidiendo que la Marina esté presente en Playas de Tijuana; y si puede sumarse la Policía Municipal de Tijuana, también se los agradeceríamos”, aclaró.

Sin embargo, para el ministro religioso Patricio Murphy, tales esfuerzos de contención migratoria no sólo contrastan con la pasividad del régimen actual para “combatir al crimen organizado, sino que además evidencian la preocupación del Gobierno Federal por quedar bien con el de EE. UU., de cara al proceso electoral en el país vecino.

Sería mejor, advirtió Murphy, en alusión a los efectivos migratorios del INM y la Guardia Nacional, “que vayan a buscar a los que están matando a la gente en Tijuana. Hace una semana tuvimos tres homicidios frente a la Casa del Migrante y no vino nadie para ayudar a la gente. Sé que se necesita hacer algo; pero el problema es con el crimen organizado que supervisa todos estos cruces; y pobre gente, ya está viendo las repercusiones”. 

El activista denunció que estos refuerzos “están conectados con las elecciones de EE. UU., porque Biden está mandando dinero para que se detenga a los migrantes de este lado de la frontera. Es un caos ahora en todas partes; y no veo dónde se puede encontrar esperanza para las personas”.

Murphy insistió en denunciar que, con estos operativos, los migrantes se ven obligados a buscar cruces más alejados “y más afuera de la civilización, donde van a tener más muertos y más problemas.

“Creo que ésa no es la solución. Se deben buscar soluciones con dignidad para la gente, no para arrestarlos como criminales. No son criminales. Los criminales se quedan libres; el crimen organizado está ganando dinero de todo esto y nadie los está molestando”, aclaró.

Corrupción en el INM

Justo en medio de la controversia provocada por la militarización de las medidas de contención migratoria, el pasado 29 de febrero se difundió que dos funcionarios del INM de Tijuana fueron detenidos por el delito de tráfico de personas.

La Fiscalía General de la República (FGR) citó los nombres de María Elizabeth Paredes Sánchez y Marte Antonio Camacho Solano; este último tiene antigüedad de 15 años y con el antecedente de haber tenido a su cargo la estación del INM en Tijuana y realizado labores de control migratorio en los filtros de los aeropuertos de Tijuana y Mexicali.

Los presuntos delincuentes fueron detenidos mediante una orden de cateo, emitida por un Juez de Distrito, a un domicilio ubicado en una zona residencial del sur Tijuana –Privada Veneto número 3663, de la Colonia Villas de Santa Fe 5^a Sección– donde labores de inteligencia habían detectado actividades de extorsión y secuestro.

Además de los dos funcionarios, los agentes de la FGR encontraron 15 cartuchos calibre 9 mm, uno de ellos con punta expansiva, un millón 90 pesos, 27 mil dólares y cuadernos en los que estaban anotados los cobros realizados a los migrantes que tenían la intención de cruzar a EE. UU.

La FGR abrió la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0000550/2024 y puso a ambos funcionarios del INM a disposición de la autoridad judicial; pero en la audiencia inicial, el juez Óscar Saúl Cortez Ortiz decretó ilegal la detención y ordenó su libertad inmediata, aunque el proceso sigue abierto.

Estos hechos motivaron a los activistas sociales a acusar al delegado del INM en Tijuana, David Pérez Tejada, porque minimiza lo que consideran un “acto de corrupción muy grave”, Judith Cabrera incluso le exigió una investigación interna a profundidad para desestimar la implicación de otras personas en estos delitos.

“Me parece que es una obligación que tiene: desde los mecanismos internos del Instituto Nacional de Migración se debe efectuar esa investigación. Si bien éste no es un crimen que él haya cometido, sí es su responsabilidad, como titular del Instituto, que se encuentre a las personas involucradas y que haya sanciones”, reveló en entrevista con Nómadas.

En respuesta a estos cuestionamientos, Pérez Tejada reconoció públicamente: “No lo niego, y puedo decir que, en muchísimas dependencias de nuestro país, hay casos de corrupción; se ha hablado y lamentablemente sí sufren muchísimo los migrantes al atravesar nuestro país”.

El funcionario aludió a lo anterior el pasado viernes 22 de marzo, durante una conferencia de prensa a la que convocó para aclarar que él no tenía que ver en el caso, como habían manejado algunos medios, y esclarecer algunas versiones distorsionadas”, aunque sostuvo: “a la gente que nosotros hemos detectado en el instituto se le ha cesado, se le ha abierto carpeta ante el Órgano Interno de Control”.

Cuando se le cuestionó por qué ese caso no se había difundido hasta que se publicó en la prensa, respondió: “son cuestiones que nosotros no emitimos en muchas de las ocasiones ante la opinión pública porque son cuestiones internas, no las podemos dar a conocer por el tema de la privacidad, el acceso a la información y demás”.

Pérez Tejada reconoció que él no ha tenido acceso a la carpeta de investigación y que, por tal motivo, no sabía que sus compañeros de trabajo estuvieran implicados en la comisión de varios delitos. Pero cuando se le preguntó si dudaba de las acusaciones de la FGR, su respuesta fue evasiva: “sólo me guío por lo que sé y realmente, pues lo que todos saben, es lo que se ha difundido en los medios”.

Sin embargo, reveló que ambos funcionarios desempeñaban cargos muy cercanos al suyo, ya que María Elizabeth Paredes era Oficial de Protección a la Infancia, realizaba también labores administrativas “y me ayudaba a temas de contestación de oficios y de llamadas, así como llevar las bitácoras”.

Marte Antonio Camacho, explicó, era el encargado del turno vespertino de la garita de El Chaparral y también “llegó a estar en el pasado como encargado de la estación migratoria”.

Minimización preocupante

Para la activista Judith Cabrera, el caso que se investiga “es algo muy vergonzoso y escandaloso para una institución federal que está a cargo precisamente de cuidar a la población migrante y, por otro lado, es un secreto a voces que con esto se confirma.

“Lo más preocupante, si bien se está destapando un caso de corrupción muy profunda, de una persona que tenía 15 años en el cargo, es que el actual titular de la dependencia esté, de hecho, minimizando las cosas, encubriendo a las personas que cometieron estos delitos”, lamentó.

Y agregó: “Al decir que tienen estos puestos menores, nos plantea también una indolencia total; una falta de sensibilidad ante lo que está pasando. Parece como si no se tomara en serio la gravedad de que sea el Gobierno Federal el que está cometiendo crímenes contra la población migrante”.

La activista destacó que “siendo un caso tan grave, me parece una burla que diga que no se tiene por qué informar. Por supuesto que los medios deben estar enterados y la población en general. Creo que muchos mecanismos se deberían haber movido para impedir que estas cosas continúen.

“Estamos hablando, sí, de corrupción. Pero el hecho de que encuentres armas, cartuchos, te hace preguntarte hasta dónde llega esto; qué tan involucrados estarán también en el tráfico de personas y en los secuestros. Entonces, queda clara esta intención y creo que a la sociedad civil, nos deben no nada más una mejor ejecución de sus funciones y transparencia, sino también la libertad para, por lo menos, hacer nuestro trabajo”, puntualizó.

Los activistas coincidieron en que es necesaria una revisión a fondo de todo lo que está sucediendo en Tijuana y el INM, pues la vida y la seguridad de los migrantes están en riesgo, sobre todo cuando en México y EE. UU. se efectúan procesos de elección presidencial y la migración laboral es uno de los problemas de mayor conflictividad entre los gobiernos de ambos países.