Algunos legisladores señalaron que el procedimiento funcionó más como una “simulación legislativa”.
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Bajo el supuesto de alcanzar una mayor eficiencia en el servicio, el costo del transporte público y el sistema de Metro en Monterrey comenzó a manejarse a través de una nueva tarifa aprobada por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA)
Fue desde el pasado 5 de enero cuando comenzó el incremento en dichos medios de transporte, el cual será gradual para responder a las crecientes necesidades de la población y mejorar su servicio, ya que es considerado como el segundo peor de México, según la justificación del IMA.
La medida fue respaldada por la Junta de Gobierno del IMA, sin embargo, varios colectivos han manifestado su rechazo, considerando que la subida de tarifas perjudica los derechos de los usuarios y no resolverá los problemas estructurales del sistema de transporte.
Jaime Noyola, representante de la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros, explicó que el aumento afectará de manera directa a grupos vulnerables como adultos mayores, personas con capacidades diferentes, migrantes y población indígena, quienes no tienen opciones de transporte privado y dependen del servicio público.
En cuanto a los gastos de los usuarios, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 indicó que, en promedio, cada persona destina mil 642 pesos trimestrales a transporte público, lo que representa el 3.4 por ciento de su ingreso total; sin embargo, el impacto es mayor en zonas periféricas de la ciudad, donde el gasto promedio diario asciende a 37.91 pesos, y en hogares con ingresos bajos, donde se pagan 41.15 pesos al día por transporte.
Finalmente, el acuerdo incluye la eliminación del pago en efectivo en las unidades de transporte, permitiendo sólo pagos con tarjetas o aplicaciones, medida que criticó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque dificulta el acceso al transporte para las personas que no tienen acceso a tecnología o dispositivos móviles.
Algunos legisladores señalaron que el procedimiento funcionó más como una “simulación legislativa”.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.