La iniciativa busca dar facultades a fiscalías locales para aplicar la ley federal, mientras expertos advierten riesgos por el uso de medidas excepcionales y la falta de capacidades institucionales.
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A cinco días de celebrarse las elecciones del 2 de junio, un total de 560 candidatos a puestos de elección popular reciben protección federal por parte de tres mil 474 efectivos civiles y militares en 27 entidades federativas, informó el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, en la conferencia matutina en Palacio Nacional.
Las entidades federativas en las que están desplegados los elementos que protegen a los 560 candidatos son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Zacatecas.
La protección de los candidatos se da en un contexto marcado por el grado de violencia política durante el actual proceso electoral, en el que han sido asesinados 22 personas que aspiraban a algún puesto de elección popular, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; mientras que consultores externos y organizaciones de la sociedad civil reportan por lo menos 32 homicidios de candidatos.
En su intervención, el almirante Ojeda detalló que la seguridad federal se distribuyó para los tres candidatos presidenciales; 11 aspirantes a gubernaturas; 185 contendientes a senadores y diputaciones federales; 354 propuestas para alcaldes y diputaciones locales; así como siete funcionarios electorales.
A la lista de seguridad federal, se suman seis mil 37 elementos más del Ejército, Marina y Guardia Nacional, quienes han sido desplegados para resguardar la papelería electoral, que incluye tareas como la seguridad en los talleres gráficos, en las instalaciones donde se almacenan las boletas y en los consejos distritales y bodegas.
La iniciativa busca dar facultades a fiscalías locales para aplicar la ley federal, mientras expertos advierten riesgos por el uso de medidas excepcionales y la falta de capacidades institucionales.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.