Fotos: Carolina Ruvalcaba
Durante los procesos electorales en México, se presentan en promedio cuatro mil denuncias, ya sea ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) o en las agencias del Ministerio Público. Sin embargo, la mayoría de estas no se resuelven debido a que no logran demostrar que hayan servido para coaccionar el voto, a pesar de que el país cuenta con más de dos mil 300 acciones tipificadas en el marco de la justicia penal y el derecho electoral.
Lo anterior, lo informó Héctor Díaz Santana, exfiscal de la FEPADE, durante su participación en las conferencias tituladas ¿Cómo entender nuestro proceso electoral 2024?, organizado por Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y su afiliado Despacho MAF y asociados.
Destacó que, de las dos mil 300 acciones tipificadas, el delito más grave es el financiamiento de campañas con recursos de procedencia ilícita; es decir, provenientes del narcotráfico; pero, a pesar de contar con un marco legal este no lo aplican las instituciones correspondientes; por ejemplo, recordó el caso de “Pemexgate", escándalo de corrupción en el año 2000, luego de que se descubrió que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desvió ilegalmente fondos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para financiar la campaña presidencial del candidato Francisco Labastida. Este desvío de fondos se realizó a través de cheques expedidos a nombre de trabajadores de Pemex que, en realidad, eran destinados al partido tricolor.
Otro caso más reciente que recordó, fue lo que se conoció como “El diezmo” de Delfina Gómez (actual gobernadora del Estado de México) al partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cuando fungió como alcaldesa de Texcoco cobró un descuento salarial del 10 por ciento a empleados de dicho municipio mexiquense, para destinarlo a su campaña política.
Además de señalar que no se asignan responsabilidades ante las denuncias, el exfiscal agregó que las multas, en caso de que se impongan a los partidos políticos, estos las resuelven mediante el pago de las mismas, pero utilizando recursos públicos. Expresó: "analizan el costo-beneficio; si cometen un delito y no son atrapados, entonces salen impunes; sin embargo, si son castigados, simplemente pagan con fondos públicos; ahí el problema que tenemos con los delitos electorales, sus instituciones y el escenario del proceso electoral".
Más recursos, menos fiscalización
Por su parte, el experto en materia electoral, Fernando Agiss Bitar, manifestó que los partidos políticos ahora reciben más recursos y son menos fiscalizados, lo cual favorece a la comisión de delitos que no se castigan.
Recordó que, en 2018, los partidos políticos recibieron seis mil 800 millones de pesos para campañas y como gasto ordinario, cuyos recursos se destinaban en un 70 por ciento en promocionales en las dos importantes televisoras y cinco cadenas de radio en México; ahora, en este 2024, se destinaron cuatro mil millones más, un total de 10 mil 380 millones de pesos y acceden a los tiempos oficiales en los medios de comunicación, que suman 48 minutos diarios.