Fotos: Carolina Ruvalcaba

Durante los procesos electorales en México, se presentan en promedio cuatro mil denuncias, ya sea ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) o en las agencias del Ministerio Público. Sin embargo, la mayoría de estas no se resuelven debido a que no logran demostrar que hayan servido para coaccionar el voto, a pesar de que el país cuenta con más de dos mil 300 acciones tipificadas en el marco de la justicia penal y el derecho electoral.

Lo anterior, lo informó Héctor Díaz Santana, exfiscal de la FEPADE, durante su participación en las conferencias tituladas ¿Cómo entender nuestro proceso electoral 2024?, organizado por Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y su afiliado Despacho MAF y asociados.

Destacó que, de las dos mil 300 acciones tipificadas, el delito más grave es el financiamiento de campañas con recursos de procedencia ilícita; es decir, provenientes del narcotráfico; pero, a pesar de contar con un marco legal este no lo aplican las instituciones correspondientes; por ejemplo, recordó el caso de “Pemexgate", escándalo de corrupción en el año 2000, luego de que se descubrió que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desvió ilegalmente fondos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para financiar la campaña presidencial del candidato Francisco Labastida. Este desvío de fondos se realizó a través de cheques expedidos a nombre de trabajadores de Pemex que, en realidad, eran destinados al partido tricolor.

Otro caso más reciente que recordó, fue lo que se conoció como “El diezmo” de Delfina Gómez (actual gobernadora del Estado de México) al partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cuando fungió como alcaldesa de Texcoco cobró un descuento salarial del 10 por ciento a empleados de dicho municipio mexiquense, para destinarlo a su campaña política.

Además de señalar que no se asignan responsabilidades ante las denuncias, el exfiscal agregó que las multas, en caso de que se impongan a los partidos políticos, estos las resuelven mediante el pago de las mismas, pero utilizando recursos públicos. Expresó: "analizan el costo-beneficio; si cometen un delito y no son atrapados, entonces salen impunes; sin embargo, si son castigados, simplemente pagan con fondos públicos; ahí el problema que tenemos con los delitos electorales, sus instituciones y el escenario del proceso electoral".

Más recursos, menos fiscalización

Por su parte, el experto en materia electoral, Fernando Agiss Bitar, manifestó que los partidos políticos ahora reciben más recursos y son menos fiscalizados, lo cual favorece a la comisión de delitos que no se castigan.

Recordó que, en 2018, los partidos políticos recibieron seis mil 800 millones de pesos para campañas y como gasto ordinario, cuyos recursos se destinaban en un 70 por ciento en promocionales en las dos importantes televisoras y cinco cadenas de radio en México; ahora, en este 2024, se destinaron cuatro mil millones más, un total de 10 mil 380 millones de pesos y acceden a los tiempos oficiales en los medios de comunicación, que suman 48 minutos diarios.

Agregó que Morena tiene un tope de campaña de tres mil 159 millones de pesos, mientras que el Partido del Trabajo sólo podrá destinar 720 millones, cifra que baja aún más para los partidos independientes.

“El gasto en internet también es algo muy preponderante sobre todo cuando se hacen pautas; todo ello hace que los recursos sean más difíciles de percibir o fiscalizar; lo cual favorece a las acciones de compra y coacción del voto, con la entrega de despensas, utilitarios y demás hechos que se emplean para cooptar a la población en pobreza extrema y favorecerse con su voto.

“Pero, al final no se atribuyen responsabilidades individuales, ya que el voto es secreto y es difícil comprobar que se influyó en las personas para beneficiarse de su sufragio. En México, hacer trampa en el proceso electoral no es causal de nulidad; hay que hacerla en sentido de que la competencia sea muy cerrada y lo que en materia electoral llamamos sea determinante para el resultado electoral (sea menor o igual al cinco por ciento).

“Así como tampoco hay consignados delincuentes electorales, en este país nadie rebasa los topes de campaña; no hemos tenido en los últimos procesos electorales nulidades por recursos gastados: cuando un estudio de Luis Carlos Ugalde, quien ocupó el cargo de presidente del Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral) entre 2003 y 2007, en coordinación con la fundación Espinoza Iglesias, concluyen que cada candidato rebasa el tope de campaña en el orden 10 veces más de lo que tienen autorizado. En síntesis, esto también es una simulación dentro del proceso electoral.

“Hay reglas, pero muchas veces no se cumplen, ya que son diseñadas por los partidos para beneficiar sus propios intereses, y dónde estamos los ciudadanos que no exigimos a nuestras autoridades y que no aplicamos el tipo de normas que le convienen a este país por encima de los organismos o grupos políticos; la ciudadanía debe involucrarse más”, concluyó.