Entre las comunidades afectadas se encuentran Chocholá, Kopomá, Kinchil, Maxcanú, Santa Teresa, Paraíso, Santa María Chi y San Fernando, entre otras.
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El Gobierno Federal presentó una propuesta de reforma a la Ley General en materia de desapariciones, la cual impulsa una medida para obligar a empresas privadas, universidades, bancos e incluso a la plataforma digital Google a proporcionar la información privada y biométrica de personas reportadas como desaparecidas.
En caso de incumplimiento, las sanciones contemplan multas equivalentes a 10 o 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Según la iniciativa, la Secretaría de Gobernación verificará y aplicará dichas sanciones con base en las infracciones añadidas al capítulo de responsabilidades administrativas de la ley vigente. También se incorpora un capítulo cuarto con obligaciones comunes para los sujetos regulados.
Este apartado establece que toda autoridad o entidad privada que administre datos biométricos u otra información identificativa debe otorgar acceso inmediato a la Fiscalía, Fiscalías locales, instituciones de seguridad pública del Gabinete Ejecutivo Federal y al Centro Nacional de Inteligencia.
Además, la disposición específica que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá facilitar la consulta inmediata de datos biométricos, incluyendo firma, huellas dactilares, fotografía, domicilio y ciudadanía.
Las medidas buscan crear una Plataforma Única de Identidad para interconectar sistemas de información con registros de desaparecidos, carpetas de investigación y bases de datos forenses.
La iniciativa permite al Gobierno Federal acceder a todas las bases de datos del sector privado con el propósito de utilizarlas en la búsqueda de personas. Esta plataforma quedará disponible para las Fiscalías, el gabinete de seguridad (incluyendo la Secretaría de Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional) y el Centro Nacional de Inteligencia.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, informó sobre una solicitud a la presidenta Sheinbaum para reforzar la frontera con Guatemala y compartir datos biométricos con las autoridades estadounidenses.
En respuesta, la mandataria manifestó apertura para dialogar sobre el tema, aunque en México esta medida podría generar controversia, toda vez que el uso de datos biométricos se propone para la búsqueda de personas desaparecidas.
Según Noem, un flujo eficiente de información permitiría a EE.UU. realizar verificaciones más rigurosas de antecedentes penales de personas en tránsito.
Entre las comunidades afectadas se encuentran Chocholá, Kopomá, Kinchil, Maxcanú, Santa Teresa, Paraíso, Santa María Chi y San Fernando, entre otras.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.