La reforma impulsada por Alfonso Ramírez Cuéllar modificaría la fecha de la consulta ciudadana para realizarla en 2027.
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La prohibición de plaguicidas, sin un análisis de riesgo, como lo plantean las reformas a la Ley General de Salud que se discute en el Senado, provocaría una caída del 30 al 40% en la producción agrícola que derivaría en un encarecimiento general de alimentos, una reducción en las exportaciones de productos hortofrutícolas mexicanos (que en 2021 sumaron 2 mil millones de dólares) y pérdida de empleos, alertó el Consejo Nacional Agropecuario.
Los alimentos que se encarecerían en primera instancia serían los de la canasta básica (maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, caña de azúcar y oleaginosas), aunque la carestía sería, en general, para todos los alimentos.
Para el año en curso se prevé que México importe 18 millones de toneladas de maíz, pero ante una posible eliminación de productos para el control de ciertas plagas, como el gusano cogollero, que afecta su producción, ocasionaría “una pérdida del 30 al 40% del rendimiento en la producción nacional, y esto implicaría importar alrededor de 5 millones de toneladas adicionales de maíz para 2023, para llegar a 23 millones de toneladas importadas y esto tendría un sensible impacto para la producción destinada al autoconsumo”, señaló el organismo.
En una carta enviada al presidente de México destacó que el sector productivo y alimentario nacional “lo integramos más de 8 millones de mujeres y hombres; nuestro trabajo representa el 8.3% del PIR, con un crecimiento actual del 3.1%, muy por encima del 8% del promedio de la economía.
Esa prohibición injustificada de plaguicidas tendría “severas afectaciones en el bienestar de millones de personas, en su mayoría, pequeños y medianos productores que trabajan y viven del campo, llegando a afectar, en costos y rendimientos, a cerca de 200 productos agrícolas que se cultivan en México”.
Asimismo, considera que en este tema se requiere de una “transición paulatina y en un esquema temporal suficiente que no ponga en riesgo el rendimiento de los cultivos, el bienestar de los agricultores y que permita el control de plagas y enfermedades”.
A la fecha se analizan los términos del dictamen de las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República que integra cuatro iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de plaguicidas y bioinsumos.
El organismo de agro empresarios del CNA, que dirige Juan Cortina Gallardo, afirma que el sector agrícola constituye uno de los pilares fundamentales de la economía en México, al emplear a más de 5.4 millones de mexicanos, alrededor del 9.8% de la población ocupada del país y es la principal actividad y medio de subsistencia para la población rural, que representa una cuarta parte de la población nacional.
En la misiva dirigida a Andrés Manuel López Obrador, el CNA expone que el sector agroalimentario nacional ha mostrado su compromiso con el país durante estos tiempos difíciles.
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Respaldaron “el interés de su gobierno de alcanzar la seguridad alimentaria nacional” al apoyar al PACIC y luego al APECIC, a través de sus 15 de nuestras empresas agremiadas y respaldando el acuerdo presidencial en materia de plaguicidas publicado en diciembre del 2020, que prevé la prohibición de esta sustancia siempre y cuando existan alternativas viables, “condición que no se ha cumplido hasta la fecha”.
La reforma impulsada por Alfonso Ramírez Cuéllar modificaría la fecha de la consulta ciudadana para realizarla en 2027.
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Escrito por Redacción