El dirigente morenista documentó 144 giras entre octubre de 2024 y mayo de 2026; el partido solo reconoce entre 47 y 50 y asegura que Finanzas no cuenta con más comprobantes.
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Ante el grito de clamor “¡Fuera Rocha!” que se dejó escuchar en las multitudinarias manifestaciones que se desataron en Culiacán por el asesinato de dos niños la semana pasada, el gobernador Rubén Rocha Moya, respondió a sus gobernados: “el pueblo pone y el pueblo quita… pero es el pueblo, no es alguien que grita”.
Los pobladores de Culiacán organizaron dos manifestaciones, el 23 y el 26 de enero pasados, en donde niños, estudiantes, padres de familia y población en general se congregaron por las calles de la capital para exigir justicia por el atentado contra los niños Gael y Alexander, de 9 y 12 años de edad, que fueron brutalmente asesinados, junto con su padre, la noche del 21 de enero.
En la manifestación del 23, los pobladores acudieron al palacio de gobierno de Sinaloa y, enardecidos, tomaron las instalaciones, irrumpieron en las oficinas y causaron algunos destrozos. Exigieron paz en Culiacán y pidieron la renuncia de gobernador, a quien calificaron de asesino, pues no ha logrado estabilizar al estado ni ha reducidos los niveles de criminalidad e inseguridad desde su llegada al poder.
Este lunes, en una conferencia de prensa, el gobernador por fin respondió a los reclamos de la población sinaloense, pero no como sus gobernados esperaban: “Ya les dije yo: el pueblo pone y el pueblo quita… a propósito de alguien que dijo ‘sí, el pueblo pone y el pueblo quita’. Entonces (…) hay mecanismos para decir ‘te quito’. Pero es el pueblo, no es alguien que grita”, declaró a propósito de las consignas en las que se pedía: “Fuera Rocha”.
Desde hace varios meses, Sinaloa a traviesa una crisis de inseguridad y violencia que ha sumergido a la población en temor y la inestabilidad. Tan solo el año pasado, el número de homicidios contabilizados por la Fiscalía General del Estado, fue 78.6 por ciento mayor en comparación con los registrados en 2023.
A decir del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa, la inseguridad ha orillado a la población a cerrar sus negocios, a abandonar sus trabajos, sus casas y emigrar a otros estados. Sus números reflejan que, solo en el 2024, más de cuatro mil doscientos empleos se perdieron.
El dirigente morenista documentó 144 giras entre octubre de 2024 y mayo de 2026; el partido solo reconoce entre 47 y 50 y asegura que Finanzas no cuenta con más comprobantes.
La propuesta, respaldada por Greenpeace México, busca detener la construcción del proyecto y, hasta el día de hoy, 31 de julio, ha reunido más de tres mil 787 firmas.
El dirigente regional Ignacio Acosta respaldó a los antorchistas de Sinaloa y advirtió que, si la administración de Yeraldine Bonilla mantiene su negativa, el movimiento podría extender las protestas a otros estados de la región.
Durante el primer semestre de 2026, se han registrado en el país un total de 315 asesinatos de mujeres por cuestión de género.
Seis estados concentran casi la mitad de las desapariciones en México.
El derecho a la protesta como un instrumento de lucha popular hoy es violentado y lo ignoran quienes gobiernan tanto el país como cada una de las entidades y presidencias municipales.
El colectivo ¡Aquí No! acusó que, tras 12 años de litigios contra el proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), las autoridades federales han privilegiado a la empresa sobre los derechos de las comunidades indígenas y la protección ambiental.
La Presidenta asegura que el proyecto cuenta con consulta e impacto ambiental
El conflicto revela una tensión más profunda que refleja proyectos educativos contrarios impulsados entre la base social y las estructuras del Estado.
Una joven de 19 años fue localizada sin vida en una vivienda de Culiacán; el Gobierno federal envió un nuevo contingente militar tras la jornada violenta registrada en la entidad.
Familiares de personas desaparecidas y usuarios en redes sociales cuestionaron el encuentro ante la falta de atención a problemáticas sociales.
Artesanos y guías turísticos denuncian que el CATVI obliga a los visitantes a recorrer cerca de un kilómetro para ingresar a la zona arqueológica, lo que ha reducido la afluencia de clientes y provocado una fuerte caída en sus ingresos.
Tras la llegada de una empresa que promete progreso, se encuentran intereses políticos, irregularidades y posibles afectaciones a un ecosistema que internacionalmente está protegido.
Con mazos, piedras y postes de alumbrado público, alrededor de 20 personas con el rostro cubierto derribaron parte de la barda perimetral del inmueble.
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Escrito por Adamina Márquez
Directora editorial de buzos web. Egresada de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación por la UNAM.