Luego de las dos manifestaciones en las que la población exigió la renuncia del gobernador, hoy el mandatario estatal contestó que no se va.
Ante el grito de clamor “¡Fuera Rocha!” que se dejó escuchar en las multitudinarias manifestaciones que se desataron en Culiacán por el asesinato de dos niños la semana pasada, el gobernador Rubén Rocha Moya, respondió a sus gobernados: “el pueblo pone y el pueblo quita… pero es el pueblo, no es alguien que grita”.
Los pobladores de Culiacán organizaron dos manifestaciones, el 23 y el 26 de enero pasados, en donde niños, estudiantes, padres de familia y población en general se congregaron por las calles de la capital para exigir justicia por el atentado contra los niños Gael y Alexander, de 9 y 12 años de edad, que fueron brutalmente asesinados, junto con su padre, la noche del 21 de enero.
En la manifestación del 23, los pobladores acudieron al palacio de gobierno de Sinaloa y, enardecidos, tomaron las instalaciones, irrumpieron en las oficinas y causaron algunos destrozos. Exigieron paz en Culiacán y pidieron la renuncia de gobernador, a quien calificaron de asesino, pues no ha logrado estabilizar al estado ni ha reducidos los niveles de criminalidad e inseguridad desde su llegada al poder.
Este lunes, en una conferencia de prensa, el gobernador por fin respondió a los reclamos de la población sinaloense, pero no como sus gobernados esperaban: “Ya les dije yo: el pueblo pone y el pueblo quita… a propósito de alguien que dijo ‘sí, el pueblo pone y el pueblo quita’. Entonces (…) hay mecanismos para decir ‘te quito’. Pero es el pueblo, no es alguien que grita”, declaró a propósito de las consignas en las que se pedía: “Fuera Rocha”.
Desde hace varios meses, Sinaloa a traviesa una crisis de inseguridad y violencia que ha sumergido a la población en temor y la inestabilidad. Tan solo el año pasado, el número de homicidios contabilizados por la Fiscalía General del Estado, fue 78.6 por ciento mayor en comparación con los registrados en 2023.
A decir del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa, la inseguridad ha orillado a la población a cerrar sus negocios, a abandonar sus trabajos, sus casas y emigrar a otros estados. Sus números reflejan que, solo en el 2024, más de cuatro mil doscientos empleos se perdieron.
La salida de una comunidad significa también dejar las actividades de las que dependía el ingreso familiar. Quienes vivían de la agricultura, la ganadería o trabajos realizados en sus localidades, deben buscar nuevas fuentes de sustento en las ciudades.
Cerca de 300 personas marcharon de Bellas Artes al Congreso capitalino y al Zócalo; entregaron iniciativas federales y locales de la denominada Ley Trasciende.
En sus plenarias, priistas y panistas pidieron que Inzunza y Rocha Moya enfrenten las investigaciones de EU; Acción Nacional insistió en la desaparición de poderes en Sinaloa
El senador por Sinaloa anunció su separación de la bancada por “estricta convicción personal”; mantendrá su escaño en el Senado en medio de señalamientos difundidos desde Estados Unidos
El partido designó a Santiago Nieto en Querétaro e Imelda Castro en Sinaloa; se suman a Nora Ruvalcaba, Pablo Gutiérrez Lazarus y Rosa María Bayardo, definidos en el primer bloque
El mandatario retomó el cargo luego de separarse temporalmente para facilitar la investigación de la FGR por acusaciones de autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico
El dirigente morenista documentó 144 giras entre octubre de 2024 y mayo de 2026; el partido solo reconoce entre 47 y 50 y asegura que Finanzas no cuenta con más comprobantes.
La propuesta, respaldada por Greenpeace México, busca detener la construcción del proyecto y, hasta el día de hoy, 31 de julio, ha reunido más de tres mil 787 firmas.
El dirigente regional Ignacio Acosta respaldó a los antorchistas de Sinaloa y advirtió que, si la administración de Yeraldine Bonilla mantiene su negativa, el movimiento podría extender las protestas a otros estados de la región.
El derecho a la protesta como un instrumento de lucha popular hoy es violentado y lo ignoran quienes gobiernan tanto el país como cada una de las entidades y presidencias municipales.
El colectivo ¡Aquí No! acusó que, tras 12 años de litigios contra el proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), las autoridades federales han privilegiado a la empresa sobre los derechos de las comunidades indígenas y la protección ambiental.
En el capitalismo se produce una cantidad inmensa de bienes; pero éstos no están destinados a la satisfacción de las necesidades de todos; pertenecen a los capitalistas, porque son mercancías, porque están destinados a la venta, a cambiarlos por dinero para enriquecer a sus propietarios.
Escrito por Adamina Márquez
Directora editorial de buzos web. Egresada de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación por la UNAM.