La jefa del ejecutivo señaló que en las próximas semanas darán continuidad a las negociaciones.
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La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tania Larios Pérez, presentó una iniciativa de ley para penalizar el acoso escolar dentro del Código Penal; propuesta que busca establecer sanciones para quienes ejerzan violencia sistemática en el entorno escolar, incluidos los directivos.
Larios Pérez expuso que esta problemática creció de manera alarmante en la Ciudad de México, según datos del Consejo Ciudadano, el acoso escolar aumentó un 205 por ciento en 2024 en comparación con 2019.
En conferencia de prensa y luego en tribuna del Congreso capitalino, la también coordinadora de la bancada del tricolor recordó que, de esos casos, el 45 por ciento ocurren en secundaria, el 27 por ciento en primaria, el 17 por ciento en nivel medio superior, el 6 por ciento en preescolar y el 4 por ciento en nivel superior.
Además, reveló que el 49 por ciento de las víctimas tienen entre 12 y 15 años, y el 55 por ciento son niñas y adolescentes mujeres.
La legisladora destacó que el acoso escolar es una de las formas de agresión más comunes, que lleva a las víctimas a quitarse la vida.
Ante esta situación, propuso una sanción para quienes cometan este acto, que va de 25 a 50 días de trabajo en favor de la comunidad, de cuarenta a doscientas veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como la suspensión, destitución o inhabilitación por 10 años de la autoridad que permita o sea omisa ante actos de acoso escolar.
Finalmente, la iniciativa contempla la implementación de programas de rehabilitación psicológica para quienes cometan este delito.
La jefa del ejecutivo señaló que en las próximas semanas darán continuidad a las negociaciones.
Al momento de la votación, Blanco pidió que se registrara su asistencia.
Buscan compartir estrategias que brinden mayor seguridad en las comunidades.
Así como con otros homenajes otorgados internacionalmente, el Nobel de la Paz no es un premio que goce de neutralidad.
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Busca fortalecer la prevención y el acompañamiento a víctimas más allá de los procesos electorales.
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La iniciativa no incluye acciones para castigar a los responsables de este delito ni menciona los 177 mil millones de pesos presuntamente desviados.
“Un polo industrial sin un entorno económico que demande sus productos termina siendo sólo un negocio inmobiliario”: Vázquez Handall.
Se emitieron 369 resoluciones, de las cuales 164, equivalentes a 44.4 por ciento, resultaron con sanciones.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera