Pese a estar asentada sobre un antiguo lago, la capital importa agua de otras cuencas y debe elevarla más de mil metros para abastecer a su población.
CDMX
Por crecimiento poblacional, buscan dividir a alcaldías de CDMX
Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón, son las alcaldías que podrían dividir su territorio como parte de un mandato constitucional.
El crecimiento de la población en Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón abre la posibilidad de dividir esas alcaldías, por lo que el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Garrido López, propuso una iniciativa que plantea la creación de nueve demarcaciones nuevas en la Ciudad de México.
El vicecoordinador del grupo parlamentario panista en el Congreso capitalino señaló que la Constitución local obliga a mantener el equilibrio en los tamaños poblacionales. De aprobarse esta reforma, la capital pasaría de 16 a 25 alcaldías.
En el proyecto, Iztapalapa se transformaría en cuatro nuevas demarcaciones: Cuitláhuac, Ignacio Zaragoza, Tezonco y Acatitla, cada una con cerca de 450 mil habitantes; Gustavo A. Madero se dividiría en Cuautepec, Lindavista y Aragón, con aproximadamente 350 mil habitantes por zona; mientras que Álvaro Obregón se repartiría con San Ángel, con 330 mil y 420 mil personas, respectivamente.
Garrido también afirmó que la Constitución de la Ciudad de México obliga a ejecutar esta división desde diciembre de 2019. Según explicó, las nuevas alcaldías permitirían gobiernos de mayor proximidad.
Cabe destacar que Tlalpan ocupa el cuarto lugar en población, con 699 mil 928 personas, mientras Cuajimalpa registra la menor cantidad, con 217 mil 686, según datos del Censo de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Otras cifras que destacan son las de la alcaldía Cuauhtémoc, con 545 mil 884; Benito Juárez, con 434 mil 153 y Miguel Hidalgo, con 414 mil 470 habitantes.
Desde la bancada de Morena, el vocero Paulo García recordó que la Constitución no impuso la división, sino el análisis del tema. Por su parte, la legisladora Mayela Delgadillo sostuvo que no se trata de una opción, sino de un mandato constitucional que obliga al Congreso a actuar.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
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