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Organizaciones de transportistas exigieron este miércoles al gobierno de la Ciudad de México que los servicios de bici y mototaxis se incluyan en Movilidad Integrada para beneficio de operadores y usuarios; además de permitirles circular por las principales vías, que deben contar con medidas de seguridad.
Durante el Primer Foro de Movilidad “Utopía Rodante” celebrado en el Club de Periodistas, la líder de la Unión Cívica Morelos A.C, Leticia Plaza Jaimes, sostuvo que este tipo de reglamentación debe darse a entes morales que puedan regular desde el interior de las comunidades a los mismos operadores que laboran en el gremio.
“Muchas de las veces los permisos nos han sido concesionados y me atrevo a decir que la parte de ser concesionados se dará un servicio mejor porque habrá una regulación al interior de las comunidades (…) Nos complementamos como un servicio alimentador de transporte para taxis, microbús, rutas, corredores y Metrobús”, comentó Plaza.
El proyecto debe contar con la legalidad para que los cientos de bicis y mototaxis que circulan en las calles de la ciudad se encuentren en la legalidad y no en el limbo jurídico, para ello necesitan un mecanismo que realice pruebas piloto de unidades y sean funcionales para dar el servicio digno al usuario.
Miguel Ángel Salazar, representante de la Unión de Bicitaxis Ermita-Zaragoza, señaló que las unidades tienen que ser eléctricas, pues se han visto obligados a adaptar una motocicleta a una calandria debido a los daños ambientales que ocasionan los automotores.
“Es necesario el cambio a una unidad ecológica, sustentable al medio ambiente, una unidad eléctrica tiene ventajas ante una unidad de combustión, la unidad eléctrica se recarga con un cargador conectado a la corriente del hogar y tendrá un bajo costo, un mototaxi utiliza en promedio de 6 litros de gasolina al día para su operación, la cual representa un promedio de 180 días al mes”, explicó Salazar.
La Unión Cívica Morelos A.C. agremia a mototaxistas que laboran en la zona que comprende la calzada Ignacio Zaragoza y la avenida Texcoco, en la alcaldía Iztapalapa,
Autoridades confirmaron que la activación fue un error, y no se registró ningún sismo perceptible en la zona.
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de Justicia capitalina
Los usuarios deberán recurrir a sistemas de movilidad alternativos para completar sus traslados.
Según el diputado local Jorge Gaviño Ambriz, el cierre de 11 páginas de Facebook se debe a que éstas supuestamente fueron financiadas para ir contra la 4T y su candidata Claudia Sheinbaum.
Al rendir su Segundo Informe de Labores ante unas mil 500 personas, Silvia Sánchez sostuvo que la gente necesita ser escuchada con seriedad.
Las protestas de las secciones de la CNTE dejaron pérdidas económicas.
Este jueves un sismo preliminar de magnitud 5.8 grados se registró a las 14:03:54 horas a 25 kilómetros al sur de Chiautla de Tapia, en el estado de Puebla.
La Semovi informó que la Comisión de Participación Ciudadana (Copaco) de Tlacoquemécatl pidió los parquímetros para mejorar la movilidad.
Organizaciones agrupadas en Unid@s pidieron al INE extender al menos dos semanas más el plazo para renovar u obtener la credencial de elector.
El plazo constitucional para que la nueva persona titular asuma funciones en la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ) es el próximo 9 de enero.
Miles de usuarios del Metro CDMX sufrieron este miércoles retrasos en el arribo de trenes y la saturación de andenes en la Línea 7 que corre de El Rosario a Barranca del Muerto.
La exdiputada Alejandra Barrios denunció que al finalizar su audiencia en los juzgados del Reclusorio Sur este lunes “fui violentada, agredida verbal y físicamente por parte de Claudia Morales y el expolicía Martín Rebolledo”.
El propósito del Plan es mitigar el estrés hídrico y mejorar la calidad del agua potable en cuatro alcaldías de la Ciudad de México.
Los inconformes adelantaron este lunes que en el transcurso de la semana presentarán una demanda colectiva contra el gobierno capitalino y para ello se estarán abocando a recolectar firmas que acompañen la queja ante las autoridades capitalinas, correspondientes.
Estas prácticas generan pérdidas anuales estimadas en siete mil millones de pesos.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera