Durante el sexenio pasado y lo que va de el actual, la política para frenar el consumo de drogas entre los mexicanos, principalmente los jóvenes, ha fracasado.
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La organización México, ¿Cómo Vamos? (MCV) reportó que este país tiene un puntaje de 65.8 en el Índice de Progreso Social 2024, el más alto desde que se comenzó a medir este indicador; sin embargo, no resulta suficiente para garantizar que los casi 130 millones de mexicanos tengan acceso pleno a servicios básicos y una calidad de vida digna.
En su informe, la organización destacó que las familias mexicanas enfrentan dificultades para acceder a derechos fundamentales como la salud y la educación, debido a la falta de una proveeduría eficiente por parte del Estado; principalmente en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco con mayor rezago.
Asimismo, la organización aseguró que las regiones con mayor rezago enfrentan dificultades para mantener cualquier progreso alcanzado; además que las entidades aún no han revertido el impacto negativo en el acceso a servicios de salud y educación derivados de la pandemia por Covid-19.
El informe también pone de manifiesto que, en comparación con 2018, menos personas se atendieron en instituciones públicas de salud en 2020 y 2022, según la medición multidimensional de la pobreza realizada por el CONEVAL.
En este contexto de vulnerabilidades sociales, MCV aseguró que una sinergia entre inversión pública y privada es esencial para aprovechar el nearshoring como una oportunidad para abordar rezagos en áreas clave como vivienda, acceso al agua y nutrición.
La organización también señaló que es fundamental la coordinación de los tres niveles de gobierno para crear condiciones atractivas para la inversión y evitar que las desigualdades en la calidad de vida de los mexicanos se amplíen.
Finalmente, el informe de MCV recomienda impulsar un acceso universal al servicio de salud, fomentar la producción de energía limpia, priorizar un sistema educativo que desarrolle capital humano especializado y realizar una reforma fiscal que promueva la formalización de empresas, con el fin de fortalecer el progreso social en el país.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.