El fallo es resultado de una controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de Campeche.
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La organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) obtuvo un amparo que obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar las versiones públicas de los contratos relacionados con Pegasus, un software espía de origen israelí desarrollado por NSO Group.
A través de un procedimiento de transparencia, en el mes de abril de 2023, la organización R3D solicitó las versiones públicas de los contratos que Sedena realizó en 2018 y 2019 con Comercializadora Antsua S.A. de C.V. relacionados con Pegasus.
A pesar de que, en enero de 2023, la Sedena negó tener contratos con Pegasus, documentos de la Auditoría Superior de la Federación, obtenidos por R3D mediante solicitudes de acceso a la información, demostraron la existencia de al menos dos contratos para la adquisición del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información” por más de 140 millones de pesos.
Para el mes de marzo de ese mismo año, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el uso de Pegasus, pero afirmó que no fue utilizado para espionaje sino para “hacer investigación”. Posteriormente, un nuevo reporte del The New York Times aseguró que Sedena es la única entidad en el país que actualmente cuenta con Pegasus.
Luego de que la Sedena ignorara la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de entregar los documentos, la organización R3D presentó una demanda, la cual fue otorgada este mes por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el cual reconoció en su sentencia que las resoluciones del INAI son definitivas, inatacables y obligatorias para las autoridades, concediendo el amparo.
Esta decisión obliga a Sedena a cumplir con la resolución del INAI y entregar los documentos relacionados con Pegasus y su uso por parte del Centro Militar de Inteligencia. Entre los afectados por el espionaje están el periodista Ricardo Raphael, el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, el medio Animal Político y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
El fallo es resultado de una controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de Campeche.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.