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La magistrada Adriana Ortega aseguró que la declinación de jueces y magistrados a ser electos, conforme a la reforma judicial, no responde a una decisión libre, sino a una defensa de su vocación ante la imposición de nuevos lineamientos.
Lo anterior ocurrió luego de que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, presentó su renuncia al cargo, junto a otros ocho ministros, quienes no podrán participar en la elección del Poder Judicial.
Durante la conferencia de prensa matutina del poder judicial, Ortega enfatizó que, a pesar de la salida de estos profesionales, desean seguir aportando y defendiendo la “justicia”.
“Los juzgadores y las juzgadoras no nos queremos ir. Eso de que ‘declinaron voluntariamente a no presentarse a la elección’ es una mentira… No se puede decidir con libertad abandonar el trabajo de toda una vida”, afirmó la magistrada.
Además, expresó su preocupación sobre la falta de independencia en dicha elección, al señalar que “no es popular”; por el contrario, siembra dudas sobre la profesionalidad de los perfiles de quienes resulten electos.
Hay que recordar hoy, miércoles 30 de octubre, Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó la renuncia a su cargo, al igual que ocho ministros más, quienes no podrán participar en la elección del Poder Judicial.
"Declino mi candidatura para participar en la elección extraordinaria de las personas juzgadoras que ocuparán, entre otros, los cargos de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", señaló Piña y agregó: “esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”.
A través de su cuenta en X, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó a las 11:20 horas sobre las renuncias de los ocho ministros, con la excepción de la ministra Piña. Entre los que dejaron sus cargos se encuentra Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y José Luis González Alcántara Carrancá.
Por su parte, las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama optarán por su pase automático en las elecciones judiciales de 2025, con la intención de continuar en sus cargos.
Trabajadores del PJF realizaron este martes, por segundo día consecutivo, bloqueos a la vialidad en diferentes puntos de la CDMX. Exigen el cese de las medidas anunciadas por López Obrador y Morena.
En los proyectos de resolución de las tres consultas asignadas a la ministra Yasmín Esquivel, se propone desechar las solicitudes de los juzgadores federales.
Esta es la mayor reforma al sistema desde la llevada a cabo por el presidente Ernesto Zedillo en 1994, la cual resultó en la formación del Consejo de la Judicatura Federal y la reestructuración de la Corte.
El Ángel de la Independencia es un inmueble propiedad de la Federación, y por lo tanto, no pertenece a ninguna alcaldía de la Ciudad de México, resolvió la Segunda Sala del máximo tribunal del país.
La elección judicial es resultado de una reforma a uno de los tres poderes del Estado mexicano.
Esta decisión surgió por la posible violación a la autonomía judicial y a la división de poderes.
“Si se respetase la Constitución no debiese admitirse la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Corte, dado que no expone alguna causa grave: el Presidente no debería aceptarla, ni el Senado aprobarla.
La convocatoria establece las bases para la elección de un total de 881 cargos.
El proyecto también avala la elección de los ministros de la Suprema Corte.
Se suman al paro de labores de 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
La suspensión fue promovida por un amparo de cuatro jueces federales.
La Primera Sala confirmó la decisión del PAN para analizar la contradicción de criterios entre la Corte y el TEPJF y evitar que Morena, PT y VEM obtuvieran la mayoría calificada.
Desde el 15 de septiembre hasta el 3 de octubre, se han admitido 138 demandas de amparo en contra de la reforma judicial.
Especialistas de México, Argentina, Perú y Colombia, exhortaron a los ministros de la SCJN a negar el amparo contra el etiquetado frontal a empresas que cuestionan su constitucionalidad.
La resolución de la SCJN, que en fecha reciente devolvió 160 mil hectáreas de Chiapas a Oaxaca, ha puesto en pie de guerra a campesinos zoques y tzotziles, que rechazan ese dictamen y están dispuestos a defender su identidad territorial “chimaˮ.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera