Los gobernadores de Morena tienen la instrucción de financiar y organizar el traslado de simpatizantes hacia la capital mexicana.
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La Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) informaron el lunes que mil 202 juzgadores avalaron, en una votación, suspender actividades jurisdiccionales a partir del miércoles 21 de agosto en rechazo de la reforma judicial.
Estos se suman al paro de labores de 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) que protestan desde el pasado lunes contra la reforma promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Jufed agregó que esta decisión es de vital trascendencia en la defensa de la autonomía del PJF: es “pilar del sistema democrático, por ello personas trabajadoras y juzgadoras han decidido defender en unidad la República y la división de poderes para garantizar el futuro de las generaciones venideras”.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer por medio de un comunicado que este martes se suspendía la sesión pública del Pleno, aunque los 11 ministros se reunirán en privado para analizar el anteproyecto de dictamen de la reforma al PJF presentado el pasado viernes en la Cámara de Diputados.
Cabe recordar que dicha reforma plantea que los cargos judiciales y federales sean elegidos por voto popular, así como busca eliminar la carrera judicial como sistema de mérito para acceder a la judicatura.
En varios estados del país, los trabajadores del sistema judicial se han unido a la causa con protestas y manifestaciones.
Los gobernadores de Morena tienen la instrucción de financiar y organizar el traslado de simpatizantes hacia la capital mexicana.
En octubre y noviembre, las protestas y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), los estados vecinos y en todo el país se han convertido en el pan de cada día.
También tendrán un nuevo beneficio: un seguro de vida institucional valuado en alrededor de 60 mil pesos.
Jueces y magistrados cesados marcharon en la capital para exigir el pago de indemnizaciones conforme al salario integrado.
Las manifestaciones de los agricultores que denuncian el abandono del campo por parte del gobierno de la 4T y piden que se fije un precio de garantía de 7.5 pesos por kilogramo de maíz en grano coparon las noticias hace unos días.
Casi el 40% de la población gana el salario mínimo de ocho mil 500 pesos mensuales.
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Al momento de la votación, Blanco pidió que se registrara su asistencia.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.