La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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La Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) informaron el lunes que mil 202 juzgadores avalaron, en una votación, suspender actividades jurisdiccionales a partir del miércoles 21 de agosto en rechazo de la reforma judicial.
Estos se suman al paro de labores de 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) que protestan desde el pasado lunes contra la reforma promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Jufed agregó que esta decisión es de vital trascendencia en la defensa de la autonomía del PJF: es “pilar del sistema democrático, por ello personas trabajadoras y juzgadoras han decidido defender en unidad la República y la división de poderes para garantizar el futuro de las generaciones venideras”.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer por medio de un comunicado que este martes se suspendía la sesión pública del Pleno, aunque los 11 ministros se reunirán en privado para analizar el anteproyecto de dictamen de la reforma al PJF presentado el pasado viernes en la Cámara de Diputados.
Cabe recordar que dicha reforma plantea que los cargos judiciales y federales sean elegidos por voto popular, así como busca eliminar la carrera judicial como sistema de mérito para acceder a la judicatura.
En varios estados del país, los trabajadores del sistema judicial se han unido a la causa con protestas y manifestaciones.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
Cada unidad tuvo un costo de 1.7 millones, por lo que el gasto fue de más de 15 millones de pesos.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.