El Partido Comunista de Venezuela rechazó el acuerdo que contempla desarrollar 17 campos petroleros con un potencial de 65 mil millones de barriles y cuestionó la participación de Estados Unidos en el negocio energético venezolano.
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La Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) informaron el lunes que mil 202 juzgadores avalaron, en una votación, suspender actividades jurisdiccionales a partir del miércoles 21 de agosto en rechazo de la reforma judicial.
Estos se suman al paro de labores de 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) que protestan desde el pasado lunes contra la reforma promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Jufed agregó que esta decisión es de vital trascendencia en la defensa de la autonomía del PJF: es “pilar del sistema democrático, por ello personas trabajadoras y juzgadoras han decidido defender en unidad la República y la división de poderes para garantizar el futuro de las generaciones venideras”.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer por medio de un comunicado que este martes se suspendía la sesión pública del Pleno, aunque los 11 ministros se reunirán en privado para analizar el anteproyecto de dictamen de la reforma al PJF presentado el pasado viernes en la Cámara de Diputados.
Cabe recordar que dicha reforma plantea que los cargos judiciales y federales sean elegidos por voto popular, así como busca eliminar la carrera judicial como sistema de mérito para acceder a la judicatura.
En varios estados del país, los trabajadores del sistema judicial se han unido a la causa con protestas y manifestaciones.
El Partido Comunista de Venezuela rechazó el acuerdo que contempla desarrollar 17 campos petroleros con un potencial de 65 mil millones de barriles y cuestionó la participación de Estados Unidos en el negocio energético venezolano.
La mandataria destinó sólo 3 minutos a enlistar los resultados en materia de seguridad, el resto fueron sólo agradecimientos.
Los índices de pobreza y marginación se concentran precisamente en la población indígena.
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Siete ministros pidieron retirar un párrafo del proyecto presentado por Batres; la mayoría consideró que el planteamiento no correspondía al fondo del asunto y podía afectar el principio de cosa juzgada.
La Corte determinó que es una medida cautelar administrativa para investigaciones nacionales.
La medida enfrenta cuestionamientos sobre el uso de recursos no reclamados y la sostenibilidad financiera a largo plazo.
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Todo indica que intereses políticos y de grupos de poder están detrás de todo esto para desprestigiarla, para introducirse en la institución y menguar su autonomía.
Advierten que crear un nuevo mecanismo retrasaría las investigaciones y el acceso a la justicia.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.