Durante prácticamente todo este sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su gobierno han acosado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) mediante un discurso de odio, insultos y descalificaciones con el obvio propósito de someterla a control y evitar que se oponga a sus atropellos contra del pueblo mexicano. Analistas especializados en derecho sostienen que con esta actitud obsesiva, AMLO se ha colocado en la posición de gobernante autoritario frente al que todo mundo, incluidos otros poderes republicanos, debe arrodillarse porque siempre tiene la razón de su lado.

El titular del Poder Ejecutivo Federal se ha burlado e ignorado casi todas las sentencias y resoluciones de la Corte; y para no cumplirlas o revertirlas, ha recurrido a la emisión de decretos que en algunas ocasiones han violado la Carta Magna, como los que promulgó para proteger sus obras “emblemáticas” contra amparos y solicitudes de información; y el que le permitió burlar una resolución de la SCJN que le ordenaba entregar la Guardia Nacional (GN) a mandos civiles.

La SCJN es el tribunal de mayor jerarquía en México; su principal función consiste en vigilar que las leyes y los actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos de las personas. Su papel como guardiana de la Carta Magna debe garantizarse con la separación de poderes, el principio democrático por excelencia en todo Estado republicano. Los proyectos de resolución de los ministros son analizados, discutidos y votados de manera colegiada y democrática.

¿Cuál es el encono de AMLO hacia este organismo? ¿Por qué ataca y calumnia a los magistrados de la Corte? La respuesta está a la vista: el mandatario morenista se ha empeñado en que la Corte acoja sin chistar sus designios y mandatos, cuyo contenido ha afectado, directa o indirectamente, a la población, como sucedió con la desaparición de los organismos autónomos y los fideicomisos.

Entre las resoluciones de la SCJN que mayor controversia generaron con el Ejecutivo Federal sobresale aquella que invalidó su declaración de interés público y seguridad nacional de sus obras emblemáticas; misma que burló con un nuevo decreto emitido en los mismos términos de los de la Corte el 18 de mayo de 2023. Finalmente, esa promoción fue desechada porque era “notoriamente improcedente” y se había efectuado por la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Con respecto a la GN, luego de que AMLO ordenara el traslado del control operativo y administrativo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la SCJN resolvió que a más tardar el 1° de enero de 2024, el mando de la GN debía regresar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero hasta ahora se desconoce si el Gobierno cumplió con ese mandato; aunque después de acusar a los ministros de “facciosos”, anunció una nueva iniciativa de reforma constitucional para que la GN quede en manos de la Sedena.

Un tercer ejemplo de desacato fue el propiciado por el grave flagelo de la pobreza; y cuando Techo México, organización no gubernamental, obtuvo un amparo que obliga al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a promover censos para recabar información de los asentamientos irregulares en situación de pobreza, pregunta que ya existe en el portal Inegi pero con la que no se organizan sondeos de opinión para ocultar este grave problema social.

El Presidente decidió confrontar al Poder Judicial porque no puede dar órdenes a su antojo y capricho a los ministros de la SCJN, a quienes ve como un estorbo para la ejecución de sus ocurrencias y deseos. Sin embargo, en el supuesto de que éstos quisieran responderle con la misma vara, hallarían, en su famosa frase “no me vengan con que la ley es la ley”, la típica respuesta de un aprendiz de dictador.

Especialmente en estos días de campaña electoral, los mexicanos haremos bien al respaldar a los ministros y defender la autonomía de la SCJN, que no debe ceder ante los caprichos de un gobierno que ha hundido a México en mayor pobreza social e inestabilidad económica y política durante seis años. Lo bueno es que sus días en Palacio Nacional están contados; no estaría mal que los mexicanos pensaran en castigarlo por sus devaneos dictatoriales y su falta de respeto a la Constitución. Por el momento, querido lector, es todo.