La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó un diagnóstico acerca de las leyes que moldean el sistema judicial mexicano y las instituciones que lo representan, siendo uno de los puntos principales de este análisis la militarización de la seguridad pública impulsada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Fue durante el mandato del actual jefe del Ejecutivo que fue visible el fortalecimiento presupuesto de las Fuerzas Armadas y el simultáneo debilitamiento de las policías locales, quienes se enfrentan a jornadas de 24 horas por 24 horas de descanso, así como un salario promedio por debajo de los 10 mil pesos.
La SCJN expuso en el Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México la participación de los militares en labores de seguridad pública, la cual, de acuerdo con el documento, ha estado acompañada del uso excesivo de la fuerza.
Tan sólo en 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró cuatro mil 800 quejas contra la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), por violaciones a derechos humanos que incluyen actos de tortura, desaparición forzada, detenciones crueles y detenciones arbitrarias, entre otras.
El análisis cita investigaciones de especialistas como Laura Atuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y Estefanía Vela de Intersecta, para fundamentar que “los enfrentamientos que involucran fuerzas militares no sólo no están asociados con una reducción de la violencia, sino que causan un incremento en el número de homicidios en el ámbito municipal”.
Asimismo, la SCJN dio a conocer que, “la insistencia en la prohibición ha implicado el despliegue de estrategias de seguridad que han derivado en un alza alarmante en el número de homicidios, el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas, aumento significativo de personas desaparecidas y un deterioro en la capacidad de las instituciones civiles de seguridad”
Establece en su diagnóstico que la prohibición en esta materia fortalece el surgimiento de grupos de la delincuencia organizada, ya que aumenta su “capacidad económica”. Por lo que, para atender esta problemática la SCJN sugiere la necesaria reformulación de la estrategia de seguridad pública del país, dando paso a la implementación de medidas que prevengan y disminuyan la criminalidad por medio de “políticas sociales y económicas”.
En esta misma línea, la institución propone la creación de una “Instancia Nacional de Política Criminal”, la cual coordine a las instituciones federales, estatales y municipales con el fin de optimizar el intercambio de información entre los tres órdenes de gobierno.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.