Desde 2017, cada año se registran en México casi 40 mil homicidios. En 2024 se contabilizaron 39 mil 631, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Sin embargo, “las autoridades mexicanas no investigan eficazmente la mayoría de estos casos, muchos de los cuales son cometidos por el crimen organizado, señaló este miércoles Human Rights Watch (HRW), organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos.

HRW examinó y presentó en su informe “Doble injusticia: Las Falencias del Sistema de justicia penal en México en la investigación de homicidios” las razones de la mala rendición de cuentas por parte de las autoridades mexicanas en la investigación de estos crímenes.

Para lograr identificar estas deficiencias, la organización entrevistó a cerca de 150 fiscales y policías de investigación estatales, asesores jurídicos de comisiones de víctimas y expertos en el sistema de justicia penal mexicano.

Así, concluyó que la mayoría de los procesos de investigaciones por homicidio doloso abiertas por las fiscalías estatales en México, nunca avanzan de las etapas iniciales, y, según dijo, “a menudo se cierran o se archivan sin ejercer ninguna acción penal”.

Asimismo, refirió que las fiscalías estatales abrieron alrededor de 300 mil investigaciones por homicidio doloso entre 2010 y 2022, pero solo se inició un proceso penal en 51 mil de estos casos, lo que representa el 17 por ciento de la cifra total.

En este sentido, explicó que “las escasas investigaciones por homicidio doloso que llegan ante un juez muchas veces están basadas en pruebas endebles o en declaraciones que han sido alteradas, fabricadas u obtenidas mediante amenazas o tortura”.

Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refiere que el 40 por ciento de las personas encarceladas por este tipo de crimen, afirman que las autoridades los habían golpeado o torturado para presionarlas a declararse culpables o aceptar una declaración falsa de los acontecimientos.

Militarizar no es la solución

Con el propósito de reducir los altos niveles de criminalidad, el Gobierno Federal ha centrado sus esfuerzos en militarizar la seguridad pública y modificar la forma en la que se otorgan cargos dentro del Poder Judicial. En septiembre de 2024, el Congreso aprobó modificaciones constitucionales que requieren que todos los jueces estatales y federales sean destituidos y sustituidos mediante elección popular.

Ante este panorama, HRW enfatizó que las autoridades estatales y federales deberían garantizar que las comisiones de víctimas cuenten con el personal y los recursos necesarios para representar eficazmente a las familias de las víctimas, así como adoptar medidas para mejorar la supervisión de las fiscalías.

“Las fiscalías deberían elaborar planes estratégicos de persecución penal, para que los fiscales puedan priorizar mejor los casos, centrándose en esfuerzos por desmantelar a los grupos criminales responsables de los homicidios”, añadió.

Finalmente, afirmó que el gobierno estadounidense debería trabajar en conjunto con las autoridades mexicanas para detener el flujo ilegal de armas de fuego entre ambas naciones.