El especialista del Colmex negó que 13.4 millones de mexicanos hayan salido de la pobreza y asegura que los datos del Inegi están “cuchareados”.
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Existen dos formas de medir la pobreza; una de ellas trata de presentarla con los mejores matices, borrando de su imagen toda la fealdad que la caracteriza, maquillándola para que nadie se alarme ni pretenda modificar la realidad. La otra, por el contrario, intenta conocer profundamente el fenómeno de la manera más exacta y proporcionar información fidedigna a los organismos encargados de erradicarlo; ésta es la medición científica, correcta y responde al interés de las mayorías; la primera, anticientífica, incorrecta e irracional solo puede ser en interés de una reducida minoría.
Tema de la máxima importancia ha sido siempre para buzos el crecimiento imparable de la pobreza, los diferentes métodos para su medición y los grados en que la pueden sufrir los mexicanos, desde una moderada hasta la extrema pobreza.
La mayoría de los estudiosos coinciden en que el fenómeno ha crecido aceleradamente y que el número de pobres es cada vez mayor; pero no todos coinciden en la definición de “pobre” y, en consecuencia, no hablan de lo mismo; para unos, basta con que un ciudadano haya completado la educación básica o que la vivienda tenga piso de cemento para no considerar a una familia en esta condición.
Las estadísticas oficiales al respecto son las más inexactas, las más optimistas y menos confiables, porque no consideran todos los aspectos que dan como resultado un estado de pobreza: aspectos como la atención médica y otros servicios indispensables (luz, agua potable, drenaje, vivienda digna, etc.). Las instituciones del Estado encargadas de evaluar estadísticamente el problema son las que menos se acercan a la verdadera dimensión del mismo, y por lo tanto al planteamiento de medidas correctas para solucionarlo.
Cuando se trata de la causa más profunda, pocos son quienes la atribuyen a la terriblemente injusta distribución de la riqueza nacional, a la abismal diferencia entre el ingreso de los ricos y los pobres; ni el Estado ni los investigadores a su servicio reconocerán jamás esta realidad, y por lo tanto es imposible que propongan soluciones encaminadas a eliminar o siquiera a disminuir considerablemente el fenómeno, por ejemplo con la implantación de una progresiva política de impuestos.
Existen, sin embargo, investigadores e instituciones que, empleando procedimientos científicos, miden con mayor precisión el problema y contrastan la realidad con las cifras que el Estado presenta como buenas. Del contraste entre estas dos visiones opuestas se ocupa esta semana nuestro reporte especial.
El especialista del Colmex negó que 13.4 millones de mexicanos hayan salido de la pobreza y asegura que los datos del Inegi están “cuchareados”.
Algunas de las nuevas funciones del Inegi son: analizar la política de desarrollo social y definir criterios técnicos para las metodologías de evaluación.
El Coneval reveló disparidades en la cobertura educativa y sanitaria, especialmente en menores de tres años y adolescentes.
De 2019 hasta 2024, el gasto promedio de este órgano autónomo fue superior a 90 millones de pesos.
Según el INEGI, estas cifras no sólo reflejan la brecha entre las áreas urbanas y rurales, sino también las diferencias en el acceso a oportunidades económicas, infraestructura y recursos esenciales.
El estado de Chiapas es la entidad con mayor número de infantes en condición de pobreza con un 77.3 por ciento.
Los órganos autónomos en México son entidades públicas con funciones específicas independientes al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Consideraron factores como ingreso, rezago educativo, servicios de salud, seguridad social y alimentación, entre otros, para elaborar estas listas.
El informe sugiere que la próxima administración federal debe enfocarse en las carencias en seguridad social y servicios de salud.
En México 46.8 millones de personas viven en situación de pobreza.
Los mayores niveles de carencia se concentraron en el sur y centro del país, lo que pone en evidencia factores regionales.
Entre los años del 2016 y el 2022, la población infantil con carencias en el acceso a la salud se triplicó.
Ninguno de los candidatos presidenciales se ha pronunciado por una reforma fiscal que ayude a disminuir las condiciones de desigualdad.
El 26.4 por ciento de las familias con jefa de hogar presentan rezago educativo y 19.1 por ciento tienen carencia por alimentación nutritiva.
El cierre de empresas, el desempleo y el acoso fiscal sobre las pymes están agravando los problemas de inseguridad pública y la violencia en Michoacán por la delincuencia organizada.
Primer informe presidencial: un México sin problemas
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Escrito por Redacción