La predicción sobre la crisis ambiental resulta francamente pesimista. El depredador modo de producción capitalista corporativo está detrás de esas catástrofes, y frenar esa tendencia genocida requiere otro paradigma: una política económica socialista y ecológica. Así lo ven las organizaciones mundiales y los parlamentarios de los países desarrollados ante la violación de los gobiernos a sus compromisos ambientales. México, como gran víctima de ese fenómeno, debe sumarse a ese esfuerzo global.

La incontrolable industrialización del mundo está dejando una huella desastrosa. Se pierden los grandes glaciares (21 de los 46 desaparecerán en 2100), aumenta la extinción de la flora y la fauna, sube el nivel de los océanos, es inminente la desaparición de islas del Pacífico y las reservas de la biósfera cuando el último pulmón verde de nivel planetario, la Amazonía, sucumbe ante implacables incendios causados por el hombre. Más de 50 millones de personas se ven obligadas a huir de sus comunidades cada año debido a los desastres ambientales.

Esta cifra confirma que ningún país del mundo ha cumplido los compromisos del llamado Acuerdo de París para frenar el calentamiento global. Pese a disponer de fondos y tecnología para lograr este objetivo, falta voluntad política para mantener la temperatura global por debajo de un grado y medio, reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2), frenar el uso del carbón y otros combustibles fósiles. Éste es el cuadro de la indiferencia.

La devastación Bolsonaro

Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil, oscureció a las tres de la tarde del pasado 19 de agosto. Una densa nube negra, originada por los incendios forestales en la Amazonía –todos intencionales– llegó a ella después de recorrer miles de kilómetros. En sólo 16 días han ardido 500 mil hectáreas en el último pulmón verde del planeta, consumiendo aldeas y especies endémicas.

Los latifundistas y las agroindustrias provocan esos incendios que expulsan a los pueblos originarios. Así se apropian de inmensos territorios que deforestan para sembrar soya y palma aceitera, biocombustibles exportables. Esa hoguera, además, lanzó a la atmósfera toneladas de millones de partículas de CO2 que, entre otros desequilibrios sistémicos, acelerarán el aumento en la temperatura.

Esta calamidad ocurría cuando en Salvador, Bahía, se realizaba la Semana del Clima de América Latina y el Caribe para encontrar respuestas a los efectos regionales de la crisis climática. Y aunque Brasil es el país con mayor biodiversidad regional, en un primer momento, el presidente Jair Bolsonaro declinó organizar ese encuentro, luego se retractó.

En esa reunión, representantes gubernamentales, funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismos ambientales, empresas y académicos denunciaron la polémica política ambiental del Poder Ejecutivo de Brasil, que además de aumentar la deforestación, bloqueó fondos para preservar la Amazonía. El Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon) previó que, en julio pasado, la tasa de deforestación creció 66 por ciento.

En protesta por la tala intensa en esa región, Noruega y Alemania suspendieron su ayuda económica al Fondo Amazonía. En reacción, Bolsonaro defendió la “soberanía” de Brasil sobre la Amazonía e, insolente, declaró que la canciller Ángela Merkel debe usar esos fondos para “reforestar Alemania” y reprochó a Noruega su práctica de matar ballenas, así como de extraer crudo “del Polo Norte”.

Al asumir el poder, el pasado 1º de enero, Bolsonaro dio un viraje brutal a la política de protección medioambiental de Brasil, pues defiende la explotación comercial de la selva tropical, la legalización y ampliación de la minería en reservas indígenas y la reducción de la fiscalización gubernamental de zonas protegidas.

Imitando a su socio estadounidense, Donald Trump, en su campaña electoral Bolsonaro amenazó con retirar a su país del Acuerdo de París y con renunciar al compromiso de reforestar 12 millones de hectáreas hasta 2030. Pero se retractó después de reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron.

Morir inundados

A causa del calentamiento global, el nivel del mar está aumentando cada vez más en el Pacífico Sur. La amenaza de extinción y el desplazamiento de los miles de habitantes es inminente en los 18 Estados insulares de esta región del globo. Tuvalu podría ser el primer país en desaparecer por esta causa; las devastadoras crecidas de las aguas contaminan sus fuentes de agua dulce, salinizan los cultivos y aniquilan a miles de peces mientras desaparecen sus hermosas playas. A este efecto del calentamiento global siguen terribles sequías.

Cualquier elevación en el nivel del mar superior a los cuatro o cinco centímetros borrará del mapa el punto más alto del archipiélago, que apenas mide cuatro metros. Los 11 mil habitantes de Tuvalu, situado entre Australia y Hawai, se distribuyen en 25 kilómetros cuadrados de pequeñas islas de coral y atolones.

Para ellos, el cambio climático es “un peligro existencial”. Más de cuatro mil personas (20 por ciento) han emigrado hacia Nueva Zelanda y Fiji; ya son refugiados climáticos. El gobierno pidió a la ONU una resolución que defienda los derechos de esas personas que al emigrar pierden también su identidad colectiva.

Para mitigar esa amenaza de desaparición, se celebró la cumbre del Foro de las Islas del Pacífico en Funafuti, capital de Vanuatu. Asistieron enviados de Australia, Islas Cook, Estados Federados de Micronesia, Fidji, Polinesia Francesa, Kiribati, Nauru, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Niue, Palau, Papúa Nueva Guinea, República de las Islas Marshall, Samoa, Islas Salomón, Tonga y Tuvalu, el anfitrión.

No llegó la esperada respuesta solidaria y efectiva de los vecinos ricos. Australia, el miembro más desarrollado, rechazó actuar contra el fenómeno global y abandonar su uso del carbón. Decepcionado, el primer ministro de Tuvalu, Enele Sopoaga, reclamó a su homólogo australiano, Scott Morrison: “Estás más preocupado por salvar la economía de tu país, a mí me preocupa salvar al pueblo de Tuvalu”.

A las pequeñas islas les urge que se adopten medidas enérgicas para limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celcius, que haya más aportaciones al Fondo Verde del clima, que se prohíban de inmediato nuevas plantas energéticas impulsadas con carbón y que se eliminen paulatinamente. Pero la declaración final del foro resultó tibia: pide “reflexionar” para que las emisiones no suban de 1.5 grados e “invita” a subsidiar la transición hacia el uso de las energías verdes.

Para el Centro Edmund Rice, la negativa de Australia a abandonar la minería y el uso del carbón es “insostenible, si quiere mantener un perfil respetado en el Pacífico”. Morrison, en claro chantaje, reviró: “Entiendo las sensibilidades del caso. No solo se trata de la economía australiana, también de cómo mi país puede continuar su apoyo en la región”. El premier de Fidji, Frank Bainimarama, le reprochó: “Diluir las palabras sobre el cambio climático inunda nuestras casas, escuelas, comunidades y cementerios ancestrales”.

Ecosocialismo

Conscientes de la urgencia de revolucionar el modelo de producción contaminante, organizaciones ambientales y parlamentarios impulsan a nivel global la tendencia hacia la adopción de una economía humanista con políticas verdes. El avance de la economía mundial hacia un proceso más ecológico pasa por la reducción al consumo de energías fósiles, evitar el fracking y empezar a usar energías renovables sencillas, no tan sofisticadas, explica Luis González Reyes, de Ecologistas en Acción.

Estados Unidos (EE. UU.) es el segundo país más contaminante, después de China. Paradójicamente es en la superpotencia industrializada mundial donde es más visible la presión social por un cambio de paradigma. La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez propone un Nuevo Acuerdo Verde que cree una economía sostenible.

Su plan contempla un cambio radical al actual modelo económico, y crear un nuevo pacto social que garantice una “sociedad verde” que pare catástrofes ambientales y evite la expulsión de las comunidades. La meta de Ocasio a largo plazo es reducir a la mitad la emisión de gases invernadero en 2030, y a cero en 2050. “Tenemos una fecha límite, nos quedan 12 años. Un Nuevo Pacto Verde es nuestro plan para un mundo y un futuro por los que vale la pena luchar”, insiste.

Es difícil concebir, obviamente, que esta propuesta halle el respaldo de una Casa Blanca habitada por un presidente que niega la existencia del cambio climático, y cuando los lobbies de las empresas trasnacionales agroindustriales y energéticas han reactivado sus presiones sobre los congresistas conservadores y republicanos para que no apoyen políticas que –denuncian– van hacia el “ecosocialismo”.

Mientras, los republicanos critican esta “utopía” y atacan la ecopolítica de los demócratas, afirmando que no incluye medidas específicas, los ambientalistas advierten que esas propuestas fallan por creer que las energías renovables darán la misma utilidad que las fósiles, y no es así.

Producir más litio para baterías también libera emisiones de CO2. Se requiere una política agresiva en subsidios, que estimule el crecimiento económico e infraccione a firmas que incumplan. Además, aunque EE. UU. redujera drásticamente sus emisiones, la mayoría de los países en desarrollo –México, Brasil, Rusia– siguen emitiendo CO2, explica el economista ambiental José Antonio Espín.