Los optimistas dicen que la humanidad aún puede ganar la carrera contra los efectos del cambio climático, pero los realistas afirman que ha llegado el punto del no retorno. Cada vez suben más la temperatura y el nivel del mar, cada vez se extinguen más especies, cada vez se producen menos alimentos y cada vez hay más pandemias. Hoy la acción de los gobiernos determinará si cumplen con su función socio-política o siguen dejando en manos de las corporaciones el futuro de la vida.

Sí vemos que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) son las más altas de toda la historia; que en California los incendios alcanzaron una cifra inédita y que la ciudad india de Kerala y Kenia, que durante varios años padecieron de sequía y de pronto sufrieron grandes inundaciones que provocaron la muerte de 10 mil personas y dejaron sin hogar a más de 250 mil, se diría que esos desastres climáticos son también responsabilidad de los Estados. A la par, aumentan el encono y la división social.

Al no cumplir con su compromiso global de cambiar los procesos agresivamente contaminantes, de asignar más recursos para la prevención de desastres (como la elemental reforestación y el estímulo al reciclaje) o de educar a la población en el respeto a la naturaleza, se confirma que los gobiernos han fracasado en combatir este fenómeno.

Los países industrializados, que llevan muchas décadas contaminando dentro y fuera de su territorio, son los que deben tener mayor responsabilidad en el propósito de evitar esas catástrofes. Cinco actores determinantes para la geopolítica global –Estados Unidos, China, la Unión Europea, India y China– producen más de la mitad (el 55 por ciento) de las emisiones mundiales de CO2.

En el marco del Acuerdo de París, en 2015, esos Estados ofrecieron diseñar planes internos de acción en materia de clima, como limitar el aumento de la temperatura por debajo de los 20C, a fin de abatir los efectos del cambio climático. Sin embargo, esa meta no se ha cumplido.

Capitalismo y contaminación

Tal fracaso confirma que el capitalismo es incompatible con la conservación de la naturaleza. Este sistema económico, que se fundamenta en la explotación, transformación, consumo y desecho de recursos naturales limitados, ocasiona depredación ambiental agravada por la presión del mercado. La gran factura de los efectos del cambio climático pasa a las mayorías.

Es innegable que la intensiva producción agroindustrial está detrás del deterioro de la atmósfera, del subsuelo, mantos freáticos, océanos, glaciares, tierra cultivable, pérdida de biodiversidad, epidemias incontrolables y alteración de la geo-hidrografía. Detrás de ese impacto está el actual orden económico, pues las causas y consecuencias del cambio climático son universales.

 El cambio climático ya ha modificado de forma radical, y a gran velocidad, el modo de vida contemporáneo. La producción industrial, los medios de transporte y los actos de la vida cotidiana de las personas, como el consumo de productos básicos, han sido alterados por este fenómeno.

Las proyecciones no son alentadoras: se anticipa que por el cambio climático y el crecimiento demográfico aumentarán las peticiones de ayuda humanitaria. Sin embargo, en lugar de actuar se difunde la creencia generalizada de que las soluciones factibles permitirán una rápida y efectiva transición hacia economías más limpias y efectivas.

No es así. Organismos multilaterales y organizaciones ambientalistas han emitido una alerta clave: el cambio climático presionará más a los Estados debido al inminente desplazamiento interno de sus pobladores. Se estima que en 2050 (en solo tres décadas) habrá unos 150 millones de refugiados ecológicos, 140 millones de desplazados y los flujos migratorios pasarán de 257 a 405 millones de personas.

Agua y conflicto

El acceso al agua potable evidencia la gravedad de los conflictos derivados de su escasez. Entre 2013 y 2017 detonaron 71 actos violentos en 45 países. Controlar las reservas de ese oro azul, ha detonado genocidios y ocupación de territorios (Libia, Medio Oriente, Asia). En América Latina, mientras tanto, cada vez se concesiona más el suministro de ese recurso a firmas privadas. 

Es inadmisible que millones de personas padezcan de estrés hídrico en Bolivia, Sudán o Ciudad del Cabo, mientras Estados Unidos (EE.UU.) utiliza millones de metros cúbicos de agua para el fracking (técnica de fractura hidráulica del subsuelo para obtener hidrocarburos). Además de este dispendio injustificable de agua, se ha comprobado que dicha técnica influye en el aumento de sismos.

El fracking preocupa a los ecologistas por su impacto sobre la calidad del aire y el agua, por el riesgo de fugas y explosiones y, fundamentalmente, porque es evidente que ocasiona terremotos. En EE. UU., regiones que jamás habían experimentado sismos, hoy los registran a causa de la práctica de esta tecnología; en esta situación se hallan los estados Alabama, Arkansas, Colorado, Kansas, Nuevo México, Ohio, Oklahoma y Texas.

Desde 2008, el norte de Texas experimenta cientos de sismos, confirma el estudio de la Southern Methodist University de Dallas; y entre 2017 y 2018 fue creciente la actividad sísmica en el oeste y el sur de Texas, en áreas donde se aplica el fracking y en donde viven más de siete millones de personas, alerta el Departamento de Geología de la Universidad de Texas.

 “Es como un estruendo bajo tus pies que viene directo hacia tu casa como una locomotora, y sientes y oyes cómo se acerca”, describió al Dallas Observer, Cathy Wallace, habitante de la región. Ahí la actividad desenfrenada de la industria del fracking comenzó hace una década en la cuenca de ForthWorth. Algunos campos se sitúan a escasos metros de casas, negocios, iglesias, escuelas, parques y el onceavo aeropuerto con más tráfico del mundo. En solo cuatro años se expidieron más de dos mil 127 permisos para perforar.

Esa tecnología ha sido prohibida en la República Sudafricana (temporal), República Checa, España, Suiza, Irlanda del Norte, República de Irlanda, Francia, Escocia y Gales, Holanda, Alemania, Victoria, Australia, Uruguay (moratoria para proteger el acuífero Guaraní, el tercero más grande del mundo), Paraná, Brasil (moratoria de 10 años), Provincia Entre Ríos, Argentina y algunas zonas de Quebec.

Vermont fue el primer estado de EE. UU. en prohibir el fracking (2012). Lo siguieron Nueva York (2014) y Maryland (2017). Están en debate en Florida y la Cuenca del río Delaware (que incluye a Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania y Delaware).

Respuesta conjunta

Es necesario que cada gobierno emplee toda su capacidad diplomática para coordinarse con las acciones en defensa del clima; que emprenda medidas energéticas, de vialidad, agroindustriales y de protección hídrica para que sus decisiones sobre el clima definan lo que expertos llaman el tablero de referencia en el que se jugará la partida contra el calentamiento global.

Ante la falta de reacción de los políticos, las organizaciones ambientales estiman que se debe al temor de tomar medidas de largo plazo que resulten antipopulares. Por ello, autoridades nacionales y locales simulan actuar cuando se trata de mensajes proselitistas (elecciones), pues no les importa sacrificar el futuro de millones.

Ésta puede ser la última llamada de atención para la humanidad y la vida en el planeta. La respuesta requiere que los Estados tomen medidas más ambiciosas, políticas duraderas y de alcance global y transgeneracional. También es indispensable fortalecer el rol de los organismos multilaterales y las organizaciones civiles de defensa ambiental. 

El negacionismo de algunos gobiernos a los efectos del cambio climático –como el de Donald Trump en EE. UU.  y el Brasil de Jair Bolsonaro– solo aumentará la intensidad de los desastres ambientales. A ellos se opone la naciente alianza de países contaminantes –como China y Alemania, que dependen hasta del 80 por ciento del uso del carbón– que apuestan a cambiar sus procesos industriales. Los siguen Francia, Canadá y la Unión Europea (UE) que se han comprometido a aportar más recursos.

Además de esos “lobbies ecológicos” el periodismo tiene la misión de informar para formar opinión y crear los necesarios compromisos sociales y estatales en defensa del ambiente. Denunciar el impacto del imperialismo corporativo en el deterioro de nuestro ambiente, explica por qué la humanidad puede perder su forma de vida.

México sin avance

El llamado de atención pasó desapercibido pese al impactante titular del Huffington Post del 31 de julio de 2018: El aire en México es cada vez más mortal para niñas y niños. Con base en datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), reveló que las muertes atribuibles a la contaminación del aire “han aumentado casi el 60 por ciento por las altas concentraciones de contaminantes, la mayoría vinculadas al uso de transportes contaminantes”.

Un mes antes, durante la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, los expertos habían destacado que la contaminación en México cuesta siete veces más que el gasto institucional en salud. Analistas económicos explicaron que el deterioro del medio ambiente en el territorio nacional equivale al 4.6 por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras que el gasto para revertir ese impacto es apenas del 0.7 por ciento del PIB.

En nuestro país hay también intensa actividad de fracking con más de mil campos perforados por Halliburton, Sclumberger y Baker Hugues, subcontratados por la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Veracruz tiene 349 campos, seguido de Coahuila, Nuevo León, Puebla, Tabasco y Tamaulipas.