El crecimiento económico debe ser prioridad para cualquier gobierno, o al menos así debería ser, porque si no hay crecimiento no hay empleo, y sin éste aumentan la pobreza y la delincuencia. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se aleja cada vez más del cuatro por ciento que prometió para el desarrollo económico, incluso no podrá lograr el dos por ciento de los anteriores gobiernos “neoliberales”.

 La economía se encuentra estancada y retrocede peligrosamente a causa del presunto desentendimiento en el binomio gobierno-iniciativa privada, aunque en días pasados la bondadosa cúpula empresarial previó que acudirá al rescate de la economía. Si bien es cierto que sin inversión no hay crecimiento, no podemos negar que por mucho tiempo hemos dependido de la inversión privada, y que ésta claramente se guía por el tamaño de sus ganancias y no por un nacionalismo trasnochado. No menos cierto es que los empresarios en todo momento se han coludido con funcionarios de los distintos niveles de gobierno y con todos los partidos políticos para sacar tajada de los recursos públicos.

Con respecto a este hecho, cabe hacerse con seriedad la siguiente pregunta: ¿ahora sí habrá una excepción y se combatirá realmente la corrupción? No lo creo, las evidentes complicaciones y los nulos resultados de la “Cuarta Transformación” (4T) así lo demuestran, pues ha colocado en puestos clave a quienes dice combatir, confirmando la vieja ley de que el poder económico es el que define el político.

Por ello, quienes creyeron el cuento de que la corrupción se acabaría con buenas intenciones y sin tocar el modelo económico que la produce, no saben cómo explicar por qué ese padecimiento persiste; por qué los ahorros logrados con la austeridad republicana solo han provocado la falta de médicos y medicinas en los hospitales; por qué diversas dependencias federales comienzan a resentir la carencia de recursos para terminar el año y por qué en la “incorruptible” administración actual figuran personajes con la cola tan larga como la presidenta del Movimiento Regeneración Nacional y el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Igual simulación se advierte en los más de 200 poderosos empresarios mexicanos que en tropel acudieron al llamado del “presidente de izquierda” para rescatar a la economía nacional de la posible o inminente recesión, en quienes es por demás obvio que si efectivamente cumplen con ese compromiso, lo harán no porque les preocupe el deterioro de la vida de los mexicanos, sino porque ven una magnífica oportunidad para incrementar sus fortunas al aceptar las ofertas de un gobierno que no tiene ninguna idea de su importante papel. Para estos empresarios, los mil 600 proyectos de infraestructura pública representan inversiones seguras y ganancias jugosas; además de que, con esta opción gubernamental hecha con los impuestos de los mexicanos, podrán recuperar de manos del gobierno de la 4T la misma confianza y complacencia que en el pasado tuvieron.

La solución que el gobierno de AMLO y los grandes empresarios se disponen activar es coyuntural y no compromete a éstos al cumplimiento cabal de una de sus obligaciones relevantes: invertir una parte de la riqueza en actividades productivas permanentes. Si bien las obras de infraestructura pública crean empleos, la mayor parte de éstos duran mientras aquéllas se ejecutan; y una vez terminadas, los trabajadores que participaron en ellas vuelven al desempleo. Seguiremos en las mismas si nuestra acomodaticia clase empresarial, que siempre va a la segura en cuanto a sus ganancias, se aprovecha una vez más de sus nexos con el gobierno en turno, de las leyes laborales a modo y de los exiguos salarios. Es urgente que la clase empresarial cambie su mentalidad tercermundista y contribuya al desarrollo del capitalismo no por bondad o altruismo, sino por instinto de clase, ya que si se deteriora solo un poco más la vida de los mexicanos, éstos no tendrán ya nada que perder, y ellos pueden perderlo todo.

El país necesita con urgencia un nuevo rumbo; y para que haya crecimiento económico es preciso que el gobierno actúe con mayor visión y  que los empresarios dejen de medir su intervención solo por el tamaño de las ganancias. No hacerlo así es seguir en el error, porque el pueblo se está cansando de las simulaciones y comienza a tomar conciencia de la función que desempeña en la sociedad; prueba de ello es que ya no cree ciegamente en que el país esté viviendo una verdadera transformación. Hasta ahora, al gobierno en turno le han funcionado sus bufonadas, pero en algún momento sus programas asistencialistas serán evaluados por sus resultados en los grupos vulnerables, y cuando ello ocurra pasarán sin pena ni gloria al lugar que les corresponde, porque los pueblos sí tienen memoria.