En México se han desarrollado protestas por el acceso a la tierra, agua, gentrificación y vivienda; mientras colectivos de búsqueda exigen avance en investigaciones, esto previo al torneo.
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Debido al aumento de secuestros, cobros de piso y desapariciones atribuibles a grupos delincuenciales, los residentes de San Ángel Zurumucapio, en el municipio de Zinapécuaro, Michoacán, se levantaron en armas e instalaron barricadas para proteger su territorio.
Luego de que persisten las amenazas telefónicas y el riesgo constante, pese a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad estatales y federales, desde el pasado fin de semana, cerca de un millar de habitantes establecieron puntos de control al norte y al sur del poblado, el cual vigilan las 24 horas del día con escopetas y machetes.
El presidente comunal de San Ángel Zurumucapio, José Luis Maximiliano, comentó: “nada más tenemos llamadas de amenazas. Nos dicen que si no nos quitamos, van a entrar al pueblo, pero hasta ahora hemos mantenido las barricadas y no han intentado entrar”. Pese al temor de represalias por parte de los grupos delincuenciales, la comunidad decidió continuar con su autodefensa hasta que los gobiernos Federal y estatal garanticen la seguridad en la zona.
Comunidades vecinas, como Santa Fe de la Laguna, San José Carpinterio y Aratepacua, han mostrado su apoyo a San Ángel Zurumucapio, ya que también han padecido la violencia del narcotráfico.
En México se han desarrollado protestas por el acceso a la tierra, agua, gentrificación y vivienda; mientras colectivos de búsqueda exigen avance en investigaciones, esto previo al torneo.
La encuesta se aplicó a cerca de 20 mil adultos en 30 países. De ellos, el 33 por ciento señaló que la violencia y el crimen son los principales problemas que les preocupan.
Las familias, en su mayoría indígenas, han huido de sus hogares en la zona limítrofe con Nayarit ante el temor de quedar atrapadas en medio de enfrentamientos armados.
En 2024, el 40 por ciento del profesorado, es decir, más de un millón 200 mil docentes, recibió algún tipo de agresión.
Walmart, Honda y Michelín son sólo algunas de las empresas que modificaron sus estrategias.
Tres sacerdotes desaparecidos, 23 laicos vinculados a labores pastorales asesinados y al menos 31 casos de violencia contra obispos, sacerdotes y seminaristas forman parte de los resultados.
Estas cifras oficiales llegan meses después del asesinato del alcalde Carlos Manzo en una plaza pública, durante los festejos de Día de Muertos.
La jefa de Gobierno planteó un “gran acuerdo” con medios para disminuir la cobertura de violencia, aunque críticos advierten que el problema no es la narrativa, sino la realidad en las calles.
A Francisco Javier “N” se le imputan los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.
Los agentes federales crean un clima de miedo incompatible con una democracia sana, aseguran los expresidentes.
El más reciente hecho dejó un saldo de 11 personas muertas y 12 más heridas.
La percepción de inseguridad a nivel nacional es de 63.8 por ciento.
Dos realidades coexisten en México, aparentemente desconectadas: una marcada por la creciente violencia perpetrada tanto por el Estado como por el crimen organizado, y la otra caracterizada por el dinamismo económico.
La Alerta de Violencia de Género (AVG) con la que desde 2016 el Gobierno Federal intenta reducir la violencia contra las mujeres y niñas, ha fracasado en gran parte del país, pero con mayor dimensión en Michoacán.
Once de cada 100 niñas y niños en educación básica no asisten a la escuela, mientras que 4 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 34 años no han concluido la educación media superior.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.