Tras el anuncio de la imposición de aranceles por el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) ha quedado al descubierto la frágil estructura productiva de México y su dependencia del vecino del norte. La preocupación inmediata radica en que  EE. UU.  compra la mayor parte de las exportaciones mexicanas, aproximadamente el 83.1 por ciento. Esto podría encarecer los productos nacionales, reduciendo su competitividad en el mercado estadounidense y, por ende, su demanda. No obstante, una consecuencia aún más grave –alineada con el objetivo de Donald Trump de reindustrializar su país– sería el traslado de empresas extranjeras radicadas en México hacia EE. UU. Este escenario tendría efectos directos en la reducción de empleos y, en consecuencia, en el incremento de la pobreza.

Desde la década de 1960, las grandes empresas comenzaron a externalizar etapas de su proceso productivo y a trasladarse a países que ofrecían ventajas competitivas, como mano de obra barata. En el caso de México, tras la crisis de la deuda, se abandonó la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) –que buscaba fortalecer la producción nacional y el mercado interno– para adoptar un modelo basado en la integración a la economía globalizada. Se esperaba que el sector exportador impulsara al resto de la economía y que las empresas multinacionales, con su mayor capital y tecnología, fomentaran el desarrollo productivo y tecnológico del país. Sin embargo, México quedó inserto en las cadenas productivas de América del Norte, lo que lo hizo vulnerable a los vaivenes de la economía global y, especialmente, a las políticas de EE. UU.

A más de 30 años del cambio en el paradigma de desarrollo industrial de México, los resultados han sido desastrosos en términos de crecimiento económico y productividad: el Producto Interno Bruto (PIB) creció en promedio 1.7 por ciento anual, mientras que la productividad apenas aumentó 0.08. El sector exportador, pese a ser amplio y dinámico (representa el 37 por ciento del PIB), no logró integrarse al resto de la economía, sino que operó de manera aislada. Las empresas multinacionales no generaron encadenamientos productivos significativos; más bien, se limitaron a participar en cadenas de valor con EE. UU.: la mayoría de los componentes ensamblados en México se importa, y su mercado final es el estadounidense. Tampoco hubo una transferencia real de tecnología; de hecho, gran parte de la industria sigue siendo intensiva en mano de obra.

Por ejemplo, las principales industrias manufactureras –alimentos, química, equipo de cómputo y electrónicos, y equipo de transporte– exportan un 8.7, 22.1, 80.3 y 75.3 por ciento de sus ventas totales, respectivamente. Sin embargo, presentan bajos niveles de inversión fija bruta como porcentaje del PIB (2.7, 8, 1.4 y 4.7 por ciento). Además, en sectores como el de equipo de cómputo, el valor agregado de exportación apenas representa el 19 por ciento de la producción manufacturera global; y en el de transporte, el 43.7 por ciento, lo que refleja que en México se ensamblan productos con componentes mayoritariamente importados. La productividad en estas industrias también es baja: el crecimiento promedio ronda el 2.5 por ciento en química y alimentos, y no supera el 0.4 en equipo de cómputo y transporte.

En resumen, la industria mexicana es frágil y depende de las decisiones políticas de EE. UU. debido a la integración productiva entre ambos países. Urge replantear un nuevo modelo económico de desarrollo, para no estar a expensas de los vaivenes de la economía norteamericana, que priorice el desarrollo de la ciencia y tecnología propias, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de encadenamientos productivos de la economía nacional.