Asistimos ahora a un capítulo más del conflicto legal entre el Gobierno Federal y las empresas extranjeras que en 2016 firmaron contratos para producir energía eléctrica con recursos renovables. A principios de este año, el Presidente de la República decidió anular los contratos firmados con estas compañías; era clara la verdadera intención de la medida: retroceder al uso de hidrocarburos, como en siglos anteriores; sin embargo, las empresas afectadas han seguido operando hasta ahora gracias a los amparos otorgados por el Poder Judicial de la Federación.

Con la publicación del acuerdo del 29 de abril, a través del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el Gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) sentó las bases para suspender los proyectos –que ya estaban en marcha– de aprovechamiento de las energías eólica y solar para generar electricidad; a partir del tres de mayo siguiente quedarían suspendidas las pruebas operativas de las centrales eléctricas de este tipo que ya estaban funcionando, “y para aquellas que no han iniciado, no se autorizarán pruebas operativas”, reza el acuerdo.

La reacción de las empresas privadas y la defensa de sus intereses no se hizo esperar; de inmediato solicitaron que se suspendiera la ejecución del acuerdo de abril y sus lineamientos, publicados el 15 de mayo, obteniendo amparos, gracias a los que han seguido operando.

Pero nadie debe engañarse; las medidas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no obedecen a la decisión radical de que la energía eléctrica y los recursos para producirla –limpios o no– sean para beneficio de la nación y propiedad de ésta; aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respalde a este Gobierno como respaldó en su momento al Gral. Lázaro Cárdenas del Río en 1938, y aunque el apoyo popular –no tan contundente como entonces– favorezca a AMLO, no se trata de ninguna medida radical para nacionalizar los recursos energéticos; el Gobierno no pretende recuperar el control de la industria eléctrica en todos sus aspectos; y aun si éste fuera su propósito, necesitaría contar con la tecnología y la infraestructura necesarias para operar y de las que actualmente carece, así como haber realizado un cambio previo en la legislación vigente, pues la última reforma energética protege al capital privado y al trasnacional.

Además, los asesores y el equipo jurídico de la 4T sabían perfectamente que las leyes secundarias o reglamentos implementados en la administración actual no pueden invalidar la reforma energética de 2014, que beneficia a las empresas privadas; y seguramente eran conscientes de que los capitales afectados encontrarían una salida; este hecho confirma que el objetivo nunca fue un cambio revolucionario en la estrategia energética nacional. En efecto, no podía esperarse esto cuando se han firmado tratados comerciales que impiden toda acción radical contra empresas privadas cuyo país de origen es socio del nuestro; y era previsible que las empresas cuya operación se pretendía anular con el acuerdo de abril sean las que anulen las medidas propuestas por el Gobierno de la 4T.

De los antecedentes y la situación actual de este conflicto habla buzos en su Reporte Especial.