El pasado 12 de marzo se anunció la caída del precio del barril de petróleo en un 9.6 por ciento, debido a la reducción de su demanda industrial, derivada de la parálisis generada por el coronavirus y por un desacuerdo comercial entre Rusia y Arabia Saudita, que lidera a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Hoy el precio del petróleo está a la mitad de la cotización que el gobierno estableció en la Ley de Ingresos de la Federación 2020 (LIF-20).

Entre los problemas que esta disminución traerá al país destacan dos por su relevancia: que el Gobierno Federal sufrirá una merma importante en sus ingresos financieros y tendrá un menor margen de maniobra para resolver, entre otros problemas, la demanda de recursos para enfrentar la epidemia del coronavirus; para aumentar sus inversiones en infraestructura con base en una política contracíclica y para mantener el mismo nivel de gasto de sus programas asistencialistas. Es decir, continuará el bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la falta de empleo, la recaudación de impuestos descenderá y con ello será incapaz de estimular las inversiones privadas que tanto urgen para combatir el desempleo y frenar los altos índices de violencia delictiva.

El golpe contra la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) será igualmente muy fuerte, pues al reducirse su calificación crediticia, disminuirá el precio de los bonos que la ayudan a financiarse y el pago de su deuda, que representa más de 100 mil millones de dólares, se complicará mucho más. Tampoco habrá manera de que cubra su deuda de pensiones, que el año pasado creció 34.8 por ciento. 

Las medidas que el Gobierno anunció para amortiguar este golpe a la economía nacional fueron: reducir la producción petrolera (aunque no quedó muy claro si será menor a la de 2019); hacer uso de las coberturas contratadas a finales del año pasado para blindar el precio promedio mensual del petróleo mexicano de exportación y un plan de inversión “multimillonario” en este sector (en el Presupuesto 2020 se le asignó una partida de 86 mil millones de pesos).

Pese a estas medidas, es previsible que la caída del precio del petróleo impacte severamente el bolsillo de los mexicanos y que su efecto negativo sea aún mayor, si la actual crisis mundial persevera o se recrudece. La alarmante situación económica en México no es solo resultado del descenso en los precios del crudo, sino de un problema de fondo: la ausencia de un plan de desarrollo nacional sólido, que desdoble y conjugue las capacidades de cada uno de los sectores económicos del país. Es decir, mientras no haya un cambio de estructura, el precio del petróleo y otros factores “culposos” seguirán fungiendo como coartada para excusar las ineficiencias históricas de los Gobiernos Federales en turno.