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Después de los reiterados anuncios emitidos por legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) –o amenazas, como se calificaron– respecto de reformar con urgencia al Poder Judicial para atacar la corrupción, en un intento aparente por defender la autonomía de este poder, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, presentó un proyecto de reforma que llamó “Reforma con y para el Poder Judicial de la Federación”. El documento plantea modificar siete artículos constitucionales, cinco leyes secundarias y expedir dos nuevas. En su mayoría, las modificaciones son de carácter técnico y de poco alcance. Sin embargo, vale la pena que señalemos algunas de ellas.
Habrá cambios en las reglas para tramitar controversias constitucionales y modificaciones al proceso de creación de jurisprudencia, que es la interpretación de la Constitución y las leyes que han hecho la SCJN y los Tribunales Colegiados; y que debe aplicarse obligatoriamente por los juzgadores al momento de resolver las controversias; se modificarán los requisitos para que proceda la declaratoria general de inconstitucionalidad, medio de control que permite dejar sin efectos a las normas (por ejemplo, una “Ley Garrote”) por ser contrarias a la Constitución, lo cual resulta en que dicha norma sea expulsada del orden jurídico, sin poder aplicarse a nadie.
Se plantea el funcionamiento de lo que ahora se llamará Escuela Federal de Formación Judicial, misma que capacitará al personal jurídico y administrativo; conocerá los procesos para acceder a la carrera judicial y a los cargos de juez o magistrado; e instruirá a los defensores públicos federales (o de oficio) para mejorar el servicio que se presta a la población. Además, se plantea que los juzgadores solo duren seis años en su cargo (con posibilidad de ser ratificados); además de reglas claras para evitar el nepotismo y el acoso sexual.
Hay varias modificaciones para otorgar mayores facultades al Consejo de la Judicatura Federal (encargado de la organización y la disciplina del Poder Judicial). Una llama la atención: la facultad que se le dará para designar a uno o varios juzgadores para que conozcan solo de asuntos donde existan violaciones graves a los derechos humanos o que tengan “un impacto social de especial relevancia”. Dicho cambio es cuestionable, porque las normas de competencia, es decir, las normas que determinan previamente qué juez conocerá de cada caso presentado, permiten garantizar la independencia e imparcialidad de dicha autoridad judicial para resolver. Permitir estas designaciones discrecionales (para elegir, por ejemplo, quien resolverá los amparos contra el Tren Maya o contra la escasez de medicamentos) argumenta en sentido contrario.
Nuestra opinión es que, si bien los cambios planteados en esta reforma al Poder Judicial, pueden ayudar a resolver algunos problemas en la tramitología de los juicios, no permitirá acabar con todos los problemas en la impartición de justicia, bien conocidos por la sociedad mexicana; tampoco permitirá el pleno acceso a la justicia para todos y, sobre todo, esta reforma no garantizará que en México exista un Poder Judicial fuerte, autónomo e independiente, que realmente juegue el papel de contrapeso y garante del orden constitucional, tarea que le corresponde y que la realidad mexicana necesita urgentemente.
Veracruz es otro estado gobernado por un morenista, Cuitláhuac García Jiménez, donde las cosas no van nada bien.
Además, el último informe de la SHCP 2023 sostiene que 6 planes federales contemplaban un presupuesto de 4 mil 500 millones 400 mil pesos, pero sólo se entregaron 3 mil 894 millones.
La Cepal en su primera estimación que dio a conocer en abril, la previsión era una baja de 6.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en México.
Durante el 2023 ocurrieron alrededor de 10 eventos de presuntos secuestros masivos con un aproximado de 400 víctimas.
En nuestros días, detrás del actual gobierno asoma el gran capital, nacional y extranjero; figuras prominentes del gabinete.
Reyes denunció que este día, más de 50 civiles y policías arribaron al exterior de la embajada de México en Bolivia.
La tendencia #VacunenAMédicosYa fue una exigencia de parte de asociaciones de profesionales de la salud, personal médico y la ciudadanía en general.
Los jóvenes se encontraban en un balneario del cual fueron sustraídos para ultimarlos: Zamarripa Aguirre.
“Nos despidió injustificadamente argumentando reducción de la estructura y del presupuesto de la Conasami, así como, instrucción superior".
A López Obrador le resulta ilógico, “con toda honestidad”, que los damnificados no puedan reconstruir el hogar de la que son dueños.
El dictamen fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 8 de octubre. La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado el martes.
El poder adquisitivo de los mexicanos corre el riesgo de quedar paralizado y ahondar la pobreza extrema y la marginación.
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Pero es falso que la austeridad se deba al combate a la corrupción: eso lo desmienten tantos casos de escándalo en las altas esferas gubernamentales.
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Escrito por Maribel Rodríguez
Abogada, especialista en Derecho Constitucional.