Según estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los programas sociales que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) difundió como una estrategia para devolver a los pobres “lo que los gobiernos corruptos les robaron” están mal enfocados y carecen de reglas de operación.

Según la Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo 2019-2020, los 17 programas sociales de la administración federal vigente revelaron que, además de su deficiente diseño social operativo, tienen una reducida infraestructura física y humana a causa de los recortes presupuestales y la “austeridad republicana”.

Una de sus fallas más importantes consiste en el uso de los padrones del Censo de Bienestar, aplicado por los llamados Servidores de la Nación, grupos que forman parte del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que operaron durante la campaña electoral de AMLO en 2018 con el objetivo de atraer votos entre adultos mayores, estudiantes, madres solteras, campesinos y personas con discapacidad física.

Aunque el análisis de Coneval se limita a señalar que “los Servidores de la Nación tienen un rol medular en la implementación de los programas sociales de nuestro país y son la cara más visible” del gobierno de Morena, en la práctica cotidiana, actúan como los brazos electorales de funcionarios públicos y candidatos morenistas a puestos públicos.

Los programas evaluados entre abril de 2019 y junio de este año fueron Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Sembrando Vida, Programa 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, Programa de Fertilizantes, Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Jóvenes Construyendo el Futuro. Todos se hallan adscritos a las Secretarías de Economía, Cultura, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Educación Pública (SEP), Bienestar y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Los operadores de Morena

En su estudio, el Coneval informa: “varios de los programas utilizaron el Censo del Bienestar como fuente de información para identificar a su población-objetivo; no obstante, posteriormente, cada uno tuvo que realizar ajustes a los datos proporcionados para tener bases de datos que les permitieran contar con información precisa”.

Esta revelación ubicó a los Servidores de la Nación como los responsables del diseño operativo de los programas y, asimismo, como quienes deciden el destino político-electorero perseguido por los mismos. Por ello, dirigentes de oposición y activistas de la sociedad civil de inmediato denunciaron el carácter faccioso y mediático de las entregas monetarias.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una queja ante la Unidad Técnica de lo Contencioso (UTC) del Instituto Nacional Electoral (INE) en septiembre del año pasado, debido a la cual fueron citados el Presidente, la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, así como al coordinador general de los Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, a comparecer por la presunta utilización de recursos públicos para promover la imagen de AMLO.

La acusación incluyó la denuncia de que el uso del grupo denominado Servidores de la Nación tiene como finalidad política posicionar a Morena en los próximos comicios (2021), pese a que, un mes antes, AMLO había dicho que nada tenían que ver con su partido y su papel era únicamente realizar los censos para los programas sociales.

Según la Nómina Transparente de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), durante la primera quincena de julio de 2019, había 18 mil 299 Servidores de la Nación contratados por honorarios con un salario individual de 10 mil 217 pesos mensuales; los 266 coordinadores regionales tenían sueldos que superaban los 73 mil pesos y el monto anual de este gasto ascendió a tres mil 240 millones de pesos (mdp), incluidos 663 mdp en “gastos de operación”.

En un evento oficial realizado en mayo de 2019 en Oaxaca, la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, expresó de esa entidad ante los Servidores de la Nación: “ustedes son el contacto directo de la Cuarta Transformación (4T) con la gente en Oaxaca, y nos ayudarán a identificar a quienes cumplan con los requisitos para seguir avanzando con los Programas Integrales a los que tienen pleno derecho. Tenemos que cumplir con la encomienda del presidente AMLO”.

El Coneval detectó las fallas de los 17 programas –ausencia de reglas operativas y pésima implementación, entre las más relevantes– cuando cruzó la información oficial relacionada con sus objetivos sociales, donde también detectó retrasos, poca claridad y mala calidad en la habilitación de los servicios, problemas debidos, probablemente, a los recortes presupuestales.

Las mayores deficiencias se localizaron en 13 programas, entre los que se hallan Jóvenes Construyendo el Futuro, las 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez, Sembrando Vida; en los que están atendiéndose las recomendaciones y en nueve “ya se hicieron mejoras”, aunque no se dice cuáles ni en qué programa.

Los recortes presupuestales aplicados por el gobierno de AMLO han influido notoriamente en el mal desempeño de los programas, como pudo observarse en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro que, en 2019, inició con un presupuesto de 40 mil mdp y al final del año solo ejerció 23 mil 915 mdp. Su gasto aprobado para 2020 fue de solo 24 mil 956 mdp, es decir, se le recortó el 40 por ciento de su presupuesto original.

Otros de los proyectos emblemáticos de AMLO son las 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. En 2019, este programa sufrió una reducción de 42.3 mdp, equivalente al 4.2 por ciento de los recursos económicos originalmente asignados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“El total del gasto reportado por las universidades Benito Juárez en 2019 se utilizó para la adquisición de bienes y servicios. Asimismo, 98.6 por ciento del recurso ejercido fue utilizado para subsidios a la prestación de servicios públicos (86.8 por ciento) y apoyo a voluntarios que participan en diversos programas sociales (11.7 por ciento), los cuales corresponden, según el Clasificador por Objetivo de Gasto para la Administración Pública Federal vigente, a la prestación de servicios públicos en materia de educación, así como apoyos otorgados a personas físicas respectivamente”, indica el análisis.

En otras palabras, se desconoce el destino final de la mayor parte del presupuesto original de este programa en 2019, ya que tales instituciones están instaladas en inmuebles prestados por gobiernos municipales, rentados e improvisados, y su único gasto regular es el pago de salarios a los docentes. Los programas educativos de estas universidades son ambiguos y carecen de reconocimiento oficial.

El único programa con ligero aumento en su presupuesto es el de las Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, que en 2020 obtuvo casi cinco mil mdp más que en 2019.

Otro ejemplo de operación deficiente en los programas sociales de AMLO fue detectado por el Coneval en el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) de 2019, destinado a apoyar a las miles de familias en el centro del país que, con el temblor de 2017, se quedaron sin vivienda. El programa contó con un presupuesto de ocho mil mdp, con los cuales se otorgaron 36 mil 495 apoyos de vivienda, 296 apoyos para rehabilitación, reconstrucción y equipamiento de planteles educativos.

En 2020, el presupuesto asignado al PNR fue 62 por ciento menor que el año pasado, que apenas ascendió a dos mil 844 mdp; según el estudio del Coneval, se “pone en riesgo el avance en la reconstrucción integral de las localidades que aún no han sido atendidas por completo”.

Sembrando Vida, un programa clientelar

El programa Sembrando Vida, operado por la Secretaría de Bienestar, ha sido denunciado reiteradamente por los campesinos como clientelar, porque sus apoyos se entregan solo a quienes el gobierno de Morena decide otorgarlos.

Isidro Pedraza Chávez, dirigente del movimiento campesino El Campo es de Todos, que agrupa a decenas de organizaciones campesinas en el país, aseguró en entrevista con buzos que la administración de AMLO está cometiendo las mismas prácticas facciosas y corruptas que tanto criticó de los gobiernos federales del pasado.

“Si no es una instrucción del Presidente, los Servidores de la Nación, los superdelegados, en las oficinas de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) y las ventanillas de atención no se autoriza. Es muy clientelar el asunto”, denunció.

Las prácticas clientelares están a cargo de los Servidores de la Nación, quienes al realizar sus “censos”, identifican al campesino solicitante y si éste no pertenece a las filas del partido en el poder, lo excluyen de los programas Precios de Garantía y Fertilizantes. Obviamente, todo lo hacen con “cortesía y así traen al campesino de vuelta en vuelta, pero no le aprueban su solicitud”, precisó.

El Coneval hizo 11 recomendaciones respecto a este programa, ya que identificó al menos nueve fallas. Una de las más sobresalientes consiste en “considerar que la entrega de plantas, herramientas e insumos estén acordes a los ciclos productivos, puesto que hacerlo de manera posterior, generará un alto porcentaje de mortandad de las plantas en caso de no contar con riego. Por ello es necesario que los calendarios de compra, distribución y entrega de plantas e insumos estén acordes a los ciclos agrícolas”.

Además, reveló, que el ejercicio fiscal 2019 de Sembrando Vida fue de 15 mil mdp y en 2020, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), tuvo una asignación de 28 mil 504 mdp, lo que representa un incremento del 90 por ciento. Según el mismo documento, el año pasado tuvo una cobertura en 19 entidades –Campeche, Chiapas, Puebla, Tabasco, Hidalgo, Durango, Colima, Tamaulipas, entre otras– y en éste solo se amplió a 20, con la inclusión de Nayarit.

Sin embargo, ese 90 por ciento adicional en el presupuesto de Sembrando Vida no se ha expresado en incremento al número de campesinos beneficiados con los programas Precios de Garantía ni en el de Fertilizantes.

Pedraza Chávez afirmó que “son diferentes gobiernos en el estado, de diferentes signos, pero es una misma respuesta a nivel nacional, amparándose todos, incluso porque este año, el presupuesto fue reducido cerca de 43 mil mdp; de ésos, buena parte del dinero está destinado a los programas insignia como Sembrando Vida, que dejan poco margen de operación. Luego, otro recorte del gobierno le quita a las dependencias el 70 por ciento de recursos a los gastos de operación; entonces cuando acudimos, la respuesta es: no hay”.

Para hacer frente a la política económica restrictiva del Gobierno Federal hacia el campo, el movimiento campesino El Campo es de Todos convocó a la unidad nacional de todas las organizaciones rurales para definir un listado de demandas comunes, entre las que destaca la exigencia de créditos para el campo, la entrega de insumos agrícolas y, sobre todo, la aplicación de una política agropecuaria sin distinciones partidistas.

El Coneval advierte que la evaluación es una aliada de los programas sociales para mejorarlos y “más aun cuando los recursos son limitados”. Además, es un primer acercamiento a los planes prioritarios del Gobierno de México mediante la generación de información útil.