La elección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) es el preámbulo de los comicios federales y locales de 2021. En este proceso se evidenció la presencia de dos corrientes políticas en conflicto dentro del Movimiento Regeneración Nacional (Morena); y también la injerencia del Presidente en la toma de decisiones del organismo autónomo. Mientras AMLO se autoproclama “guardián electoral”, el perfil de los nuevos consejeros transparenta sus nexos con el partido en el poder y permite prever la ausencia de la imparcialidad necesaria.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo cuestionó, en un tuit del 20 de julio, a los morenistas inconformes con el proceso de selección de consejeros electorales que Morena avaló desde un principio. “Lo que es ilegal e imposible y mal intencionado. No quieren consejeros aptos sino adeptos o a modo. Revelan un talante golpista y olvidan que la autonomía del INE es construcción de la izquierda. Nosotros buscamos la democracia y ellos la autocracia ¡Qué lástima! ¡No pasará!”. 

Finalmente, el proceso de selección de los nuevos consejeros electorales contó con el aval de todas las bancadas de la Cámara de Diputados; pero con la evidente inconformidad de un grupo de legisladores morenistas que previamente habían exigido a Mario Delgado, su coordinador parlamentario, que desconociera a los 20 prospectos preseleccionados porque los consideraban “hostiles” a su partido.

Una vez confirmada legalmente la designación, en las redes sociales, las promotoras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Morena hubo acusaciones contra Delgado, a quien calificaron como “traidor vendido al PRIAN”. 

Entre las voces inconformes destacó el exmiembro del comité técnico de selección, John Ackerman, el primero en oponerse a la veintena preseleccionada, y la diputada morenista Dolores Padierna, aunque luego manifestaron su acuerdo cuando la oposición convino en que dentro de la cuarteta finalista estuvieran dos nuevos consejeros de evidente cercanía con Morena.  

Consultada por buzos, la doctora María Eugenia Valdés Vega, especialista en procesos políticos, democracia e instituciones políticas, explicó: “En realidad arranca con esto el proceso electoral (2021). Aunque oficialmente es en la primera semana de septiembre, se adelantan los tiempos con estas cosas”.

Valdés afirmó que el “pataleo” de los grupos en Morena contra el coordinador de los diputados federales, Mario Delgado, estuvo fuera de lugar porque, desde el principio, su partido aceptó el procedimiento de selección y estaba obligado a avalar sus decisiones. Sin embargo, precisó que el golpeteo contra Delgado está más ligado a las cuestiones electorales de 2021, cuando se renovará precisamente la Cámara de Diputados y no la de Senadores.

Otros analistas políticos declararon a este semanario que en Morena subsiste un problema no resuelto de cara al proceso electoral 2021: que se mantiene como movimiento político y no ha logrado configurarse como un partido con una “hoja de ruta” claramente definida y reglas internas aceptadas y practicadas por todos sus militantes.

En enero de este año, el diputado Muñoz Ledo cuestionó precisamente la ausencia de estructura, institucionalidad, reglas y metodologías internas como partido y exhortó a sus dirigentes a convocar asambleas constitutivas para definirlas, pero no fue escuchado.

Morena tiene un padrón que data de 2017, cuya falta de actualización indujo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a anular la elección de su nuevo dirigente nacional programada para noviembre de 2019, ya que excluía incluso a militantes connotados que no podrían haber votado.

El 26 de enero se registró en Morena el primer “encontronazo” interno del año, cuando el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar asumió la dirección nacional interina y los aspirantes a sucederla evadieron a Yeidckol Polevnsky, quien se negaba a dejar la presidencia de ese partido.

Poco después, Ramírez Cuéllar presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que acusó a Polevnsky de haber malversado los fondos partidistas. En su llegada a la dirección nacional, Ramírez Cuéllar prometió que en “tres o cuatro meses” se realizaría la elección interna, pero a la fecha sigue pendiente.

Morena: desgaste e improvisación

“¿Cómo llega Morena?ˮ, preguntó buzos a la doctora Valdés Vega.

“Desgastado, evidentemente, como movimiento, porque no ha logrado institucionalizar sus funciones como partido. Institucionalizar quiere decir que las reglas sean claras y que todo mundo las entienda y las practique. Esto no ha pasado en Morena”, respondió de inmediato.

Luego de que este partido se mantiene como un frente integrado con políticos profesionales, pero también por representantes de la denominada sociedad civil, la mayoría de los cuales carecen de formación política. Esto, explicó, no es necesariamente malo, pero hay que considerar que requerirán de profesionalización y ésta suele ser larga. 

Valdés sostuvo que Morena se nutrió de liderazgos estatales a los que ahora trata de meter en una dinámica de partido que aún no está bien institucionalizado, pero que, en contrapartida, ha descabezado a sus bases de esos dirigentes sociales.

El analista político y especialista en derecho constitucional, Ramiro Bautista Rosas, advirtió a este semanario que el gran error de Morena consiste en que sus liderazgos locales paulatinamente se desentendieron de las bases. “Ya no se les tomó en cuenta y éstas se desmovilizaron”. Además, en el pasado reciente, sobre todo a partir de la dirección de Polevnsky, se improvisaron y postularon candidatos que no respondieron a las bases sociales.  

“Entonces, Morena tiene esa inconsistencia y el problema es que ya se echó encima el tiempo. Va a iniciarse una etapa en la que hará falta un partido sólido, estable, que pudiera con mucha cohesión hacer sus postulaciones bajo principios bien definidos. Y eso no se va a dar. Entonces no creo que los resultados sean tan amplios como en la elección presidencial, y si no se toman las medidas correspondientes se va a ir deteriorando más”, precisó el analista.

En los próximos meses, además, Morena deberá seleccionar mil 924 candidaturas de nivel federal y local para los comicios de 2021, proceso que se anticipa conflictivo y para el cual aún no hay un método electivo. El coordinador de los senadores, Ricardo Monreal ha descartado la aplicación de elecciones internas para definirlas y, a la fecha, la única propuesta a la mano es la de las encuestas, sugerida por AMLO.

Las condiciones se prevén muy difíciles porque, como afirman los analistas citados líneas arriba, la gran variedad de grupos políticos que conforman Morena –izquierdistas, expriistas, panistas y activistas evangélicos– demandan posiciones electorales tanto federales como locales.

En 2021 se elegirán 500 diputaciones federales, de las cuales 300 serán mediante voto directo en las urnas y las otras 200 por vía indirecta o plurinominal, las cuales se asignan con base en la votación global obtenida por los partidos en cada circunscripción. Muchos de los actuales legisladores buscarán su reelección –según la reforma aprobada por Morena el pasado 18 de marzo– y este hecho disminuirá la oferta interna de posiciones entre los diversos grupos de Morena.

El año que entra y en el mismo día habrá también votaciones en las 32 entidades, entre las cuales, las más relevantes corresponden a la designación de 15 gobernadores y la renovación de 30 congresos locales.

AMLO se autonombra “guardián electoralˮ

Luego de la aprobación de la cuarteta de nuevos consejeros del INE, AMLO anunció que en 2021 intervendrá en las elecciones para “democratizar” el proceso. El 20 de julio declaró que será “guardián” de los comicios porque tiene la encomienda de velar porque “se respete la voluntad del pueblo”, adjudicándose funciones que corresponden al INE y al TEPJF.  

A través de un tuit, el consejero del INE, Ciro Murayama, convocó a los gobernantes a abstenerse de influir en el proceso electoral y les recordó que esta institución, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 41° de la Constitución, es la única encargada de velar por que las elecciones se organicen y realicen conforme a la ley.  

El 23 de julio, ya instalados en el INE, los cuatro nuevos consejeros hablaron sobre la autoasignación de AMLO como “guardián de las elecciones” y mediante el uso de expresiones matizadas acogieron, de manera implícita, lo dicho por el mandatario.

Ucc-Kib Espadas Ancona señaló que la declaración del Presidente no representaba ninguna violación a la autonomía del INE, porque tiene una función importante como guardián de las elecciones: “ejercer a plenitud funciones de vigilancia y control del presupuesto, en el ámbito federal, como en el local, a donde se envían participaciones a gobiernos de los estados”.

José Martín Fernando Faz Mora coincidió en que el mandatario debe vigilar con atención a los servidores públicos del Poder Ejecutivo para evitar que los recursos públicos vayan a dar a cuestiones electorales o los programas sociales del Gobierno Federal vayan a usarse de forma clientelar, “claro que lo tiene que hacer”.

Carla Humphrey manifestó que AMLO es un ciudadano como cualquier otro y, como otras autoridades, tiene la obligación de cuidar las elecciones. “Sin embargo, éste (el INE) es el órgano autónomo encargado de organizar las elecciones, de aplicar la ley y de conducir los procesos electorales”.

Norma de la Cruz indicó que “el ciudadano Presidente” está en todo su derecho de afirmar que observará los comicios y la invitación es abierta a la ciudadanía, aunque luego precisó que una cosa es observar, monitorear, supervisar las elecciones y otra la responsabilidad de organizarlas, la cual corresponde al INE.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, declaró que el INE y el TEPJF son los verdaderos guardianes de los procesos electorales. “Con su actuación (AMLO) desacredita las atribuciones constitucionales y legales de los órganos electorales y descalifica anticipadamente el trabajo de miles de ciudadanos que voluntariamente participarán en la organización y realización de las elecciones”.

La selección de los nuevos cuatro consejeros del INE incluyó exámenes y entrevistas individuales a los aspirantes para tal función, cuyo número inicial de 90 hasta poco antes de que se definieran los 20 prospectos de los cuatro que finalmente seleccionó la Cámara de Diputados en su sesión plenaria del 22 de julio. La cuarteta elegida surgió entre cinco grupos de cuatro aspirantes cada uno, e inicialmente fue rechazada por los morenistas inconformes.

El 21 de julio, la bancada morenista aplicó nuevas entrevistas a los 20 aspirantes preseleccionados en las que evaluó, según Mario Delgado, sus valores democráticos, honestidad y disposición al servicio público con “austeridad republicana”. De hecho, una de las preguntas que se les aplicaron fue si estaban dispuestos a ganar menos que el Presidente.  

Este examen, realizado con el acuerdo de la oposición, propició que la bancada morenista superara su notable división interna y finalmente se aprobara la cuarteta de nuevos consejeros electorales en la sesión plenaria de San Lázaro la noche del miércoles 22 de julio.

Inicialmente, la preselección de 20 consejeros no satisfizo las expectativas de algunos grupos morenistas, como lo evidenciaron el integrante del comité técnico de selección, John Ackerman, 75 diputados de Morena –sobre todo Dolores Padierna Luna– y otros legisladores del Partido del Trabajo (PT), incondicional del partido oficial, que pidieron la anulación del proceso porque, según ellos, ninguno de los prospectos garantizaba imparcialidad.

Finalmente hubo acuerdo entre Morena y la oposición, y los nuevos integrantes del INE ejercerán el cargo del 27 de julio de 2020 al 26 de julio de 2029. 

Los cuatro elegidos

Dos de los cuatro nuevos consejeros evidencian alguna cercanía con Morena. Norma Irene de la Cruz Magaña, licenciada en periodismo egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con maestría en gestión del mantenimiento de la paz obtenido en la Universidad de Turín, Italia, se desempeñó como asesora del senador de Morena, Rutilo Escandón Cadenas, hoy gobernador de Chiapas para el periodo 2018-2024. 

El propio académico de la UNAM, John Ackerman, promotor de la 4T, se ocupó en destacar por Twitter a Norma de la Cruz: “@NormaIDeLaCruz es originaria de Guerrero, mujer de principios, con una larga trayectoria en la lucha democrática y amplia experiencia como asesora internacional en materia electoral”. Esta mención fue emitida por Ackerman el 22 de julio. La guerrerense De la Cruz Magaña es paisana de Eréndira Sandoval, esposa de Ackerman y actual titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno de AMLO.  

Ackerman elogió también a Uuc-kib Espadas Ancona: “@Uuckib es de Yucatán, un hombre de izquierda, forjado desde joven en la lucha democrática”. Espadas es licenciado en antropología social, con estudios en comunicación e historia. Participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989, partido por el cual fue diputado federal de 2000 a 2003. Entre 1979 y 1989 militó en los partidos Comunista Mexicano (PCM), Socialista Unificado de México (PSUM) y Mexicano Socialista (PMS).

En contraste con los dos anteriores, Ackerman criticó la selección de Carla Humphrey, a quien ubicó cercana al PAN y consideró “cuota panista” en el consejo electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) entre 2006 y 2013.

Carla Humphrey Jordan es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y está concluyendo un doctorado en gobierno y administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid. Humphrey fue asesora del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) en 1997.

José Martín Fernando Faz Mora es licenciado en filosofía y cuenta con una maestría en derechos humanos y democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-México. En fechas recientes ha sido académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y activista en organizaciones defensoras de derechos humanos y ciudadanos. Fue consejero de la junta local del IFE en SLP durante los procesos electorales de 2000 y 2012 respectivamente.