Muerte al derecho de reunión para los que no le convienen al gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T). Es decir, ya no es más un derecho universal para todos los mexicanos independientemente de su credo religioso o su filiación política, su raza, su sexo o alguna otra peculiaridad que los distinga, ahora será privativo de la autoridad federal autorizar o negar los permisos para concentrarse pacíficamente en nuestro país y para ello el gobierno solo tomará en cuenta sus muy particulares intereses. ¡Abajo las garantías constitucionales! Eso es lo que se deriva de la reciente prohibición para que el Movimiento Antorchista Nacional (MAN) llevara a cabo una reunión de sesenta mil chiapanecos en la cancha y en las tribunas del Estadio Víctor Manuel Reyna de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez que es donde juega regularmente el equipo Cafetaleros de la Primera División.

Difícil de creer, pero estrictamente cierto. Después de que con dos meses de anticipación se solicitó el inmueble y se autorizó su uso, después de que durante semanas se efectuaron labores de propaganda con la imagen del estadio, ensayos, tanto para el acceso y desalojo eficiente, como para la ejecución de los discursos y la parte cultural, después de que todo género de autoridad estaba enterado y supuestamente colaboraba para la ejecución del magno evento político-cultural que iniciaría el pasado 13 de octubre a las seis de la mañana, después de todo eso, vino la orden desde arriba, desde muy arriba: el acto no se podía realizar y, si se insistía, habría consecuencias.

El MAN decidió suspender temporalmente el acto. ¿Usted hubiera persistido, amigo lector? ¿Y los miles de campesinos, indígenas, colonos, estudiantes, padres de familia, mujeres y hombres pacíficos (y los niños que los acompañan) que simplemente tienen una idea diferente a la de la “Cuarta Transformación” y no han cometido ningún delito? ¿Y ellos? ¿Y su seguridad? Si quien tiene obligación de garantizarla, quien tiene el Estado en sus manos para que todo mundo se exprese libre y llanamente ha renunciado explícitamente a garantizarla ¿qué hacer? La Dirección Nacional del Movimiento Antorchista no pretende víctimas ni banderas humanas, pues ya existen suficientes razones económicas y sociales para complicar la inconformidad ciudadana.

La Dirección Nacional resolvió suspender temporalmente el acto y exigir garantías para su realización a la secretaría de Gobernación (Segob) que encabeza la Dra. Olga Sánchez Cordero. Siete días después de que los diputados federales antorchistas, Lenin Campos, Eleusis Córdova y Brasil Acosta se entrevistaron con la funcionaria, quien es encargada de la gobernación mediante el respeto a las garantías individuales y sociales plasmadas en la Constitución y de que, también, hablaron con el subsecretario, Ricardo Peralta Saucedo, con el mismo propósito, los antorchistas del país, seguimos esperando respuesta. El gobierno de la “Cuarta Transformación” negó haber sido el emisor de las amenazas al libre derecho de reunión, pero se muestra muy lento ¿renuente? para otorgar las garantías que se le han solicitado y que, conforme a derecho, está obligado a proporcionar.

¿Por qué unos sí se pueden reunir y hasta cometer actos vandálicos y otros que prefieren un local cerrado para evitar dañar el tráfico de vehículos y personas reciben un ominoso ultimátum para que no lo hagan? ¿Será porque el MAN es, creo yo, una de las poquísimas organizaciones sociales con fuerza popular que ha marcado con seriedad y argumentos su distancia con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Nosotros hemos dicho alto y claro en innumerables ocasiones a todo el que nos ha querido escuchar que jamás fuimos intermediarios de los programas de Transferencia Monetaria Directa (TMD) que llevaron a cabo las cuatro administraciones anteriores y nadie nos ha podido desmentir, más allá de la calumnia infamante, de entre los millones de transacciones que se han desarrollado en cerca de 30 años, nunca se ha señalado a una sola persona, a un solo sitio en el que el tal intermediarismo haya tenido lugar.

No solo eso. Hemos dicho también que si bien es cierto que tales programas han ayudado a paliar la necesidad a grado tal que la gente a la que se le retiró el Prospera, por ejemplo, se siente muy agraviada, también es cierto que tales programas no pueden ser esgrimidos como el moderno flogisto de los gravísimos problemas de distribución de la riqueza que vive nuestra patria. Se necesita un salario remunerador, empleo para todos los mexicanos ya que casi 60 por ciento se encuentra en el sector informal y se necesita, es más, ahora es más urgente que antes, la obra pública básica: agua potable, drenaje, pavimentos en calles, carreteras, escuelas y hospitales. ¿Se nos reprime porque hemos cuestionado la legalidad de las leyes recientemente aprobadas? ¿Porque no estamos de acuerdo con que los siglos de validez de presunción de la inocencia se acaben de tajo? ¿Porque nos oponemos a que se confisquen los bienes de alguien que no ha sido sentenciado?

Nadie ignora, menos sus detractores, que el MAN es una organización de pobres, en muchos casos de los más pobres entre los pobres. Precisamente Chiapas es un estado en el que abunda la pobreza, abundan aquellos que ignorando la propaganda pagada, tienen ojos para el trabajo y oídos para el discurso de Antorcha y pueden simpatizar y contaminarse de antorchismo ¿eso teme la 4T? Chiapas es un estado en el que Antorcha ha tenido en los últimos años un crecimiento explosivo del cual estamos orgullosos los antorchistas; y la prohibición hace propicia la ocasión para felicitar a su líder, al compañero Franklin Campos, y decirle que, si se hubiera previsto que no se iban a llenar las expectativas de asistencia, el evento no se hubiera prohibido; la represión es prueba de su éxito organizativo.

Estamos en los días en los que ya ningún organismo, ni nacional ni internacional, le otorga al gobierno de la 4T un crecimiento económico para el año entrante que resulte por arriba del uno por ciento; ni Banorte ni el Banco de México ni Moody’s ni JP Morgan ni otros más y, dígase lo que se diga, con otros datos u otras definiciones, si no hay crecimiento no hay desarrollo; la situación económica ha entrado en un tobogán. En esas condiciones, se prohíbe la pacífica reunión de los antorchistas porque se teme que la inconformidad social por el bajo crecimiento y el bajo desarrollo, vaya en aumento. ¿O será porque la 4T no puede llenar un estadio y reunirse en paz sin acabar a tiros? ¿O será porque hemos dicho que nos encaminamos a una dictadura?