Alrededor del Palacio Legislativo de San Lázaro se encuentran campesinos, habitantes de colonias populares y estudiantes, organizados, ciertamente, derecho constitucional que, dicho sea de paso, criminaliza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Reclaman que el Presupuesto 2020 incluya necesidades de los más pobres. En la protesta destaca por su número y organización el Movimiento Antorchista (participan también organizaciones del Frente Auténtico del Campo), en demanda de caminos y centros de salud para comunidades rurales, obras de agua potable y drenaje; electrificaciones para llevar algo de bienestar a los marginados; escuelas, unidades deportivas; pavimento y otras obras de estricta necesidad para los más pobres, ésos que según el slogan oficial “son primero”.

El presupuesto de AMLO causa también rechazo en el sector productivo, pues frena el crecimiento al suprimir apoyos. Al Programa Especial de Certificación (PEF), dirigido al sector agrícola, le reduce 20 mil 636 millones (5.8 por ciento). El presupuesto de la Sader será 29.31 por ciento menor. Recorta en 10 mil 467.60 millones el Programa de Fomento a la Producción y la Productividad; Apoyos a la Comercialización (disminuyen seis mil 578.50 millones), Apoyo a la Adquisición de Leche (disminuye mil 768.90 millones), Sustentabilidad de los Recursos Naturales (mil 71.90 millones menos).

A tan diversos reclamos, la respuesta del Presidente es su eterna cantinela: “las inconformidades que existen son porque ya no se entregan apoyos a las organizaciones” ¡así de fácil explica, y descalifica, la inconformidad social! Y machaca un día sí y otro también: no habrá recursos directos a organizaciones; solo quieren moches. Señor Presidente, insisten colonos y campesinos antorchistas: no queremos dinero, sino obras necesarias; constrúyalas usted, de acuerdo con los procedimientos legales establecidos; pero aquel vuelve a la carga: no les daré dinero, quieren moches... La falacia ad nauseam, muy del gusto del señor.

Entonces, ¿el Estado renuncia a su obligación para con el pueblo? ¿Y qué será de los mandatos constitucionales que el Presidente debiera ser el primero en cumplir? Menciono algunos: “Artículo 4^o. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará (...) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud (...)Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho (...) Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos (...) Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo (...) Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez (...) Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios (...) Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura (...)Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”. Finalmente, ¿dónde queda el Artículo 8º constitucional, que ordena: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición...”? Cumplir estos ordenamientos reclaman campesinos, colonos y estudiantes; todo al amparo de la ley, y sin pedir un solo peso en efectivo, solo las obras necesarias y las acciones requeridas. Agréguese que el dinero que hoy el gobierno regatea no es suyo: lo pagaron con sus impuestos esos mismos que hoy piden les sea regresado en forma de obras y programas productivos. La “Cuarta Transformación” sufre de una visión patrimonialista del poder.

Recursos hay. El PEF 2020 es el presupuesto con mayor monto en dinero en nuestra historia: 6.1 billones de pesos; por aquello de que cumplir los derechos mencionados debe hacerse en la medida de las posibilidades económicas. Mas todavía. El gobierno no solo desatiende las peticiones: su presupuesto tiene un carácter regresivo: quita derechos que la sociedad ya disfrutaba, como los programas eliminados este año. El Artículo 1º establece que los derechos deben ser universales y progresivos, esto es, ser cada vez superiores. También ese ordenamiento se transgrede.

Pero no es todo. Se viola la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Capítulo III “De la Aprobación y los mecanismos de comunicación y coordinación entre Poderes”, Artículo 42^o: “La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente procedimiento: “III. El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión, a más tardar el ocho de septiembre de cada año: (...) c) El Proyecto de Presupuesto de Egresos; (...) V. El Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre (...) VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios...”. Ojo, es atribución de los diputados “examinar, discutir, modificar y aprobar” el PEF.

Pero, según los de Morena, el Presidente les advirtió que no aceptará que cambien “ni una sola coma” a “su” presupuesto. Faltaba más. También en las lealtades hay jerarquías, decía un político de antaño; y aquí, ¿cómo se jerarquizan las lealtades de los diputados? ¿Está primero su jefe y su propio interés político, o el pueblo que los eligió? Ésta es la respuesta: “Diputados de Morena, Partido Encuentro Social (PES), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Lázaro cerraron filas para aprobar, sin reservas, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador” (aristeguinoticias, 14 de noviembre). Eso dejaron dicho antes de tomar unas merecidas vacaciones y posponer la definición del Presupuesto, saltándose el plazo legal, declarando que su reunión iniciada días antes es permanente y puede durar lo que a ellos les venga en gana: días, semanas. ¡Sabia virtud de detener el tiempo!

He aquí en acción el poder absoluto de un solo hombre sobre toda una nación y sus instituciones; sí, de aquellas que desde hace años mandara “al diablo”. Ya desde entonces se veía lo que intentaba, y como suele decirse: sobre aviso no hay engaño. Todo esto es, en sustancia y procedimiento, un atropello al pueblo y sus derechos, a la división de poderes y a los procedimientos legales en vigor, algo propio de un régimen autoritario.