Los términos contenidos en la propuesta de reforma constitucional al sector eléctrico causarían un daño de largo plazo a los hogares mexicanos, las distintas industrias y a la competitividad del país, aseguró la Asociación Mexicana de Energía (AME). 

La cancelación de los contratos actuales a los generadores de energía que han cumplido a cabalidad con lo establecido en la legislación mexicana, los términos de los propios convenios y los principios comerciales universales pondrían en riesgo la posibilidad de que los mexicanos accedan a energía más limpia y a precios más accesibles, consideraron. 

Es labor del Poder Ejecutivo y de los Legisladores buscar la mejora de un sistema eléctrico para beneficio de los mexicanos, pero estos procesos se deben realizar respetando los contratos ya establecidos, en los que las empresas generadoras han invertido miles de millones de dólares”, expuso la AME.

Conformada por 17 empresas globales de generación eléctrica, la asociación detalló que muchas de sus empresas tienen inversiones y presencia en México desde hace más de dos décadas, colaborando con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en pleno respeto a las instituciones y leyes mexicanas. 

Así, compiten entre ellas para ofrecer mejores términos económicos para la industria mexicana y ampliar la capacidad de generación eléctrica sin costo para el erario federal, fortaleciendo el sistema eléctrico nacional y la seguridad energética a través de diversas tecnologías.

“Las modificaciones propuestas ponen en riesgo las inversiones no sólo del sector energético, sino del sector productivo en general, afectando la competitividad de la economía mexicana en un momento donde se requiere la colaboración entre sectores para lograr la recuperación económica de manera más acelerada”, expusieron.

En un comunicado, la AME hizo finalmente un llamado muy respetuoso a los miembros del Congreso de la Unión para que, en su evaluación de esta propuesta de reforma, prioricen el bienestar de todos los mexicanos, al permitirles contar con electricidad más barata y menos contaminante, logrando así preservar derechos fundamentales de los ciudadanos, como el acceso a un medio ambiente sano y a la libre competencia en el sector eléctrico. 

“Máxime al considerar la abrumadora evidencia de beneficios económicos y ambientales de las inversiones de la industria eléctrica privada en el país, que ha permitido reducir dramáticamente los costos de generación, ha generado empleo bien remunerado y ha apuntalado la transición hacia tecnologías más amigables con el medio ambiente”, finalizaron. (El Economista).