Por segundo año consecutivo, las olas de calor azotan al país sin que el Gobierno Federal haya realizado ninguna acción seria para evitar que sus efectos negativos empeoren la salud y la economía de la población. Todo parece indicar que, para la administración morenista, este grave problema ambiental no cae dentro de su agenda prioritaria y que lo considera un “asunto de la naturaleza” que no merece su atención a pesar de que el cambio climático ya provocó una pandemia que en el país causó la muerte de más de 800 mil personas y más recientemente el golpe del huracán Otis que en Acapulco no sólo dejó enormes daños materiales sino, además, cientos de muertos y desaparecidos.

La actitud negligente y omisa del gobierno frente a estos desastres fue “justificada” casi de manera idéntica: que poco o nada podía hacerse porque frente a esta clase de fenómenos no hay responsables y mucho menos culpables, ¿será? El cambio climático no es nuevo y los expertos han formulado una y otra vez llamados urgentes a emprender acciones que detengan el ecocidio global. En el caso de México, el gobierno morenista no sólo no está preparado para enfrentarlo, sino que además desapareció el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), un fideicomiso con el que se financiaban los proyectos de reconstrucción de hogares y servicios públicos básicos de las comunidades damnificadas.

Las olas de calor, con temperaturas que oscilan entre los 35 y 50 grados durante periodos de tiempo cada vez más prolongados, están trastornando la vida de los ciudadanos y llevándolos al límite de subsistencia. La infraestructura de los parques industriales no está diseñada para ofrecer confort a los empleados; y éstos trabajan en condiciones infernales. ¡Y qué decir del suplicio padecido por los jornaleros agrícolas y los trabajadores de la construcción que laboran bajo los rayos del Sol! la mayoría de los hogares mexicanos y la infraestructura de las escuelas tampoco están preparados para algo así.

En la mayor parte de México hay personas insoladas, irritadas, estresadas, con diarreas y fallecidas por deshidratación; flora y fauna comienzan a sucumbir en perjuicio de las actividades agropecuarias y la economía de muchas familias, debido a que las tierras de cultivo son de temporal; y donde hay sistemas de riego, las presas no tienen agua suficiente para irrigarlas. Por ello, algunos alimentos escasean y los precios se incrementan, a lo que también contribuye la falta de recursos energéticos que dependen de empresas estatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), deficitarias en producción pero “superavitarias” en números rojos y apagones.

El día que tanto se temía está cada vez más cerca: la escasez de agua es una realidad ya para muchos, porque los mantos freáticos están sobreexplotados y los sistemas de agua potable no alcanzan los niveles adecuados para hacerlo fluir hacia los centros urbanos. Las zonas metropolitanas con mayor población, entre ellas la del Valle de México, se hallan frente a un panorama desolador, en extremo crítico, frente al que el Gobierno Federal saliente no ha hecho “nada de nada” y sobre el que los candidatos de oposición no han presentado una propuesta de solución atractiva para ponerla en operación en el corto plazo.

Nada se hace y el problema se abandona hasta que él solo se resuelva. Por ahora, el pueblo mexicano está pagando este error a muy alto precio; porque pasará a la deshonrosa desigualdad que vive y ha soportado con paciencia, demasiada paciencia: toda clase de injusticias, vejaciones y desatenciones, como ocurrió durante la pandemia y ahora sucede con las olas de calor y otros tantos males. Pero más temprano que tarde este “pueblo bueno y sabio” comprenderá que el entorno y la supervivencia están en riesgo, pondrá en duda el discurso de los políticos, se movilizará y nada podrá contener su malestar social. Al tiempo.