En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
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En 2022 han aflorado los efectos de la incorrecta distribución del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para atender las diferentes necesidades de la población mexicana; el problema ha hecho crisis en varias entidades, cuyos municipios resienten la falta de obra pública indispensable para la vida digna y el desarrollo de las comunidades; agua potable, drenaje, pavimentación, caminos y carreteras, energía eléctrica son algunas de las necesidades que impulsan a los ciudadanos a la protesta y la movilización para que los gobiernos atiendan sus demandas y rescaten del abandono a sus pueblos.
El reclamo de obras y servicios públicos urgentes, la denuncia del incumplimiento de compromisos y obligaciones de gobernantes locales y la exigencia masiva de que se atiendan viejas demandas constituyen la manifestación elocuente de esta desigual distribución de los recursos presupuestales entre las 32 entidades federativas y los dos mil 471 municipios del país. Una muestra representativa de esta inconformidad general ofrece buzos en su Reporte Especial de esta semana.
Este semanario presenta las conclusiones de importantes estudios publicados recientemente y que analizan las principales causas de la carencia de obras y servicios públicos; la causa principal, señalan, es la contradicción entre lo que siente en carne propia el pueblo de México y la visión del Gobierno Federal sobre los proyectos que deben realizarse en primer lugar; en palabras de un analista: las prioridades de la población frente a las prioridades de AMLO.
En 2022, destaca también el Reporte Especial, el renglón nada despreciable del PEF destinado a infraestructura ascendió a 900 mil millones de pesos, de los que “por lo menos el 50 por ciento se destinó a las llamadas ‘obras emblemáticas’ o ‘megaproyectos’ de la 4T” y el resto a las necesidades de obra pública en los estados y municipios.
Si el presupuesto destinado a las obras consentidas del sexenio había dejado ya sin atender necesidades urgentes de la mayoría, los estudios consultados por buzos demuestran que, al elevarse significativamente los costos programados, la desigualdad entre las prioridades de la población y las del Gobierno no prometen atenuarse y la situación de carencia en obra pública para los municipios no mejorará en el plazo inmediato.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
En alguna parte Marx escribió –citando a Hegel– que la historia se repite como si dijéramos dos veces.
Los Antorchistas del país organizaron exitosamente su XXIV Encuentro Nacional de Teatro en Tecomatlán.
Hablar de política cultural en América Latina implica adentrarse en un terreno donde conviven aspiraciones legítimas, inercias históricas y una estampa institucional inestable y poco eficiente.
Los gobernadores de Morena tienen la instrucción de financiar y organizar el traslado de simpatizantes hacia la capital mexicana.
En octubre y noviembre, las protestas y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), los estados vecinos y en todo el país se han convertido en el pan de cada día.
También tendrán un nuevo beneficio: un seguro de vida institucional valuado en alrededor de 60 mil pesos.
Las manifestaciones de los agricultores que denuncian el abandono del campo por parte del gobierno de la 4T y piden que se fije un precio de garantía de 7.5 pesos por kilogramo de maíz en grano coparon las noticias hace unos días.
Escrito por Redacción