En 2022 han aflorado los efectos de la incorrecta distribución del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para atender las diferentes necesidades de la población mexicana; el problema ha hecho crisis en varias entidades, cuyos municipios resienten la falta de obra pública indispensable para la vida digna y el desarrollo de las comunidades; agua potable, drenaje, pavimentación, caminos y carreteras, energía eléctrica son algunas de las necesidades que impulsan a los ciudadanos a la protesta y la movilización para que los gobiernos atiendan sus demandas y rescaten del abandono a sus pueblos.
El reclamo de obras y servicios públicos urgentes, la denuncia del incumplimiento de compromisos y obligaciones de gobernantes locales y la exigencia masiva de que se atiendan viejas demandas constituyen la manifestación elocuente de esta desigual distribución de los recursos presupuestales entre las 32 entidades federativas y los dos mil 471 municipios del país. Una muestra representativa de esta inconformidad general ofrece buzos en su Reporte Especial de esta semana.
Este semanario presenta las conclusiones de importantes estudios publicados recientemente y que analizan las principales causas de la carencia de obras y servicios públicos; la causa principal, señalan, es la contradicción entre lo que siente en carne propia el pueblo de México y la visión del Gobierno Federal sobre los proyectos que deben realizarse en primer lugar; en palabras de un analista: las prioridades de la población frente a las prioridades de AMLO.
En 2022, destaca también el Reporte Especial, el renglón nada despreciable del PEF destinado a infraestructura ascendió a 900 mil millones de pesos, de los que “por lo menos el 50 por ciento se destinó a las llamadas ‘obras emblemáticas’ o ‘megaproyectos’ de la 4T” y el resto a las necesidades de obra pública en los estados y municipios.
Si el presupuesto destinado a las obras consentidas del sexenio había dejado ya sin atender necesidades urgentes de la mayoría, los estudios consultados por buzos demuestran que, al elevarse significativamente los costos programados, la desigualdad entre las prioridades de la población y las del Gobierno no prometen atenuarse y la situación de carencia en obra pública para los municipios no mejorará en el plazo inmediato.
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