Las obras de infraestructura pública básica como agua potable, drenaje y energía eléctrica, así como el acondicionamiento de caminos y la pavimentación de calles tendrán que esperar para otra ocasión; porque para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no son prioritarias a diferencia de sus proyectos “emblemáticos” que serán terminados a más tardar en 2023, antes de los comicios federales de 2024.

Habitantes de colonias de la zona de Pueblo Nuevo, Oaxaca, exigieron públicamente, el cuatro de junio pasado, al presidente municipal de la capital, el morenista Francisco Martínez Neri, el cumplimiento de las obras públicas requeridas en sus colonias. Un mes antes, pobladores de Acajete, en Puebla, protestaron en la presidencia municipal que encabeza el morenista David Meléndez López, por la carencia de agua potable en sus hogares.

En varios municipios de ambas entidades, así como en los de otros estados de la República, se están manifestando contra la falta de obras públicas que el gobierno actual ha suspendido. En la protesta de Pueblo Nuevo están recogidas las principales denuncias y demandas de los mexicanos que aún carecen de servicios urbanos básicos.

“Las colonias con menos desarrollo urbano, y que representan pocos votos para el gobierno de Morena en la capital oaxaqueña, han sido abandonadas desde la administración morenista pasada, y con éste tendremos dos años sin obra pública. El lema de ‘primero los pobres’, ¡solo es demagogia!”, expusieron los habitantes en un comunicado que hicieron circular.

“(…) Por tal motivo expresamos lo siguiente al presidente municipal Francisco Martínez Neri: 1.- El gobierno municipal, no es de su propiedad. 2.- Los recursos públicos con los que opera el municipio provienen de los impuestos que gente honorable y trabajadora paga, como los habitantes de nuestras colonias. Los cuales deben ser usados sin distingo. Usted debe gobernar para todos, no solo para sus amigos, ni para las colonias afines a su partido político.

“… Haremos la denuncia correspondiente ante la FEPADE por usar los recursos públicos con fines electorales. 4.- No nos cansaremos de exigir lo que nos corresponde. Colonias. 5.- Solicitamos una audiencia con el presidente municipal”, concluye el comunicado.

El 24 de mayo de 2022, los habitantes de Acajete, Puebla, protestaron por la carencia de agua potable en sus hogares y exigieron dialogar con el alcalde “para abordar desde varias vertientes la falta de agua que aqueja a la sociedad desde hace tres décadas (…)”.

Integrantes del Movimiento Social Patriótico (MSP) y pobladores de localidades hidalguenses como Pisaflores y Atotonilco el Grande se manifestaron el ocho de febrero ante el Congreso del Estado, de mayoría morenista, para exigir recursos públicos para obras básicas, como dotación de agua potable y mejoramiento de caminos y carreteras en 20 municipios.

En el tercer año del actual gobierno hubo incrementos en el gasto federal destinado a los municipios; pero sus montos fueron menores en comparación con los que hubo en sexenios anteriores y notoriamente contrastantes con el financiamiento de las “obras emblemáticas” de AMLO, destaca el análisis Más infraestructura: ¿mejor infraestructura? emitido por México Evalúa, en el cual repasa la inversión federal para obras públicas en 2022.

México Evalúa revela que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2022) hubo un aumento de 17.7 por ciento en los recursos destinados a la inversión en infraestructura con respecto a los ejercidos en 2021; el monto casi alcanzó los 900 mil millones de pesos (mdp), cifra equivalente al 3.1 por ciento del Producto Interno bruto (PIB), pero 5.1 por ciento menor a la ejercida en 2015.

A su vez, los analistas Manuel Guadarrama y Fernando Valdés, del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), en su estudio Inversión: la prioridad olvidada de las finanzas públicas, fechado el 17 de marzo pasado, evidencian que la distribución de recursos federales para obra pública se concentra en pocas entidades federativas, entre las que destacan Tabasco, Ciudad de México y Campeche, que tienen gobiernos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Estas entidades son las que más inversión federal por habitante reciben, a diferencia de las de oposición y otras gobernadas por ese mismo partido.

Obra municipal relegada

La organización Política Colectiva en su análisis Finanzas Públicas Estatales, explicadas con un billete, concluido en mayo de 2022, afirma que, en 2021, los “32 gobiernos de los Estados gastaron únicamente 4.2 pesos de cada 100 que tuvieron en actividades de Inversión Pública (Obra)”.

En el apartado Porcentaje de inversión pública por entidad se muestra que, en 2021, Nuevo León fue el estado que menos recursos destinó a obras públicas, con un monto de 566 millones 369 mil pesos, que representó el 0.5 por ciento de su gasto total. Luego aparece Baja California Sur, con 146 millones 919 mil pesos aplicados en obras, es decir, el 0.9 por ciento de sus erogaciones.

Sigue Querétaro, con 373 millones 334 mil pesos, cifra equivalente al 0.9 por ciento de su gasto total. Los que más invirtieron en obra pública fueron Tamaulipas (7.3 pesos); Aguascalientes (7.5) y Estado de México, con diez pesos de cada 100.

“Lo más deseable para el país es que los estados fortalezcan sus capacidades recaudatorias por ingresos propios o por los incentivos derivados de la colaboración fiscal (por ejemplo, el cobro de tenencia o refrendo vehicular). De esta manera habrá más recursos para programas de apoyo estatal a las personas en condiciones de más vulnerabilidad o para hacer obra pública de relevancia para la entidad”, advirtio el equipo de Política Colectiva, coordinado por Luis Javier Moreno Benjumea.

El presupuesto destinado a los dos mil 471 municipios del país representa el 80 por ciento de las transferencias del Gobierno Federal a las entidades, participaciones federales. Con base en la Ley de Coordinación Fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público distribuye a los gobiernos estatales los recursos fiscales concentrados en la Reserva Federal Participable –donde se concentran los impuestos– conforme a criterios como la cantidad de habitantes, pero sin considerar las necesidades específicas locales.

Desde hace mucho tiempo, e infructuosamente hasta ahora, gobernadores, presidentes municipales, legisladores y especialistas han insistido en la necesidad de revisar la Ley de Coordinación Fiscal para reelaborar los criterios y redistribuir el dinero fiscal a las entidades según sus prioridades, así como evaluar la posibilidad de que los gobiernos locales administren directamente los recursos generados por impuestos federales en su territorio para que obtengan recursos suficientes y satisfacer necesidades sociales, además de obras públicas básicas.

Entrevistado por buzos, el abogado especialista Hugo González Gutiérrez, presidente del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, señaló que los gobiernos municipales son los más castigados en materia de recursos públicos, porque sus facultades de aplicación de impuestos locales se limitan al predial, en tanto que su principal ingreso son fundamentalmente las participaciones federales, incluidas las del Ramo 28 del PEF, del cual deriva la mencionada Reserva Federal Participable.

“Del 100 por ciento de la recaudación federal participable, el 80 por ciento se lo reserva la Federación, el 20 por ciento los estados y municipios; pero de este 20 por ciento, solamente el cuatro por ciento, más o menos, les toca a todos los municipios del país. Entonces, lo que reciben los municipios, después de que se ha generado el proceso recaudatorio, evidentemente son migajas”, enfatizó González.

La recaudación del impuesto predial, sumada a las participaciones federales –añadió– “en el mejor de los casos, a los municipios muy grandes, les alcanza para llevar a cabo alguna obra pública, algún programa de infraestructura; pero en el peor de los casos les alcanza para su nómina y para los gastos corrientes: para pagar la luz, el agua, de los propios inmuebles que ocupan las oficinas gubernamentales locales”.

“Megaobras” acaparan recursos

Consultado por buzos, Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO, aseveró que existe una evidente distancia entre las prioridades de la población (salud, educación, infraestructura social, programas sociales) y las del gobierno de AMLO, que absorben por lo menos 50 por ciento del presupuesto federal en la materia –el cual es de casi un billón de pesos en 2022– y se destina a proyectos como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Transístmico.

A estas obras, ampliamente cuestionadas por costo-beneficio –anotó– “han estado destinando, consistentemente, importantes recursos públicos en los presupuestos de egresos”; y en este marco vemos, además, “que se les terminan incrementando los recursos públicos a estos proyectos de inversión”. Por ejemplo, el costo inicial del Tren Maya fue previsto en 140 mil mdp; y actualmente ha llegado a los 200 mil mdp.

Guadarrama abundó en la disparidad entre las prioridades de inversión. “Así como sucede con los ingresos ocurre con la inversión; el 80 por ciento de la inversión que se hace en los estados y municipios proviene de la Federación, entonces, tenemos ahí también un problema de que las prioridades de la Federación no necesariamente serán las prioridades que tienen los gobiernos locales”.

El analista del IMCO apuntó además otros efectos negativos en las decisiones del Gobierno Federal: “Hay una afectación con las reasignaciones y recortes que se han hecho en esta administración. Hay un ramo que servía mucho para compensar, precisamente, la falta de inversión en los estados y municipios, que era el Ramo 23, que ahora también ya desapareció prácticamente, quedan muy pocos recursos, y no están ahí etiquetados (previamente considerados para un fin) para un tema de inversión (como pública local)”.

En el informe de México Evalúa, se aclara que la inversión total en materia de infraestructura para el país también ha resultado insuficiente para impulsar el crecimiento económico, como se apreció con el fallido 4.1 por ciento pretendido por el gobierno en 2022; porque para conseguir un crecimiento de al menos el cuatro por ciento, esas inversiones tendrían que ser equivalentes a por lo menos el 25 por ciento del PIB, un porcentaje del que se hallan muy lejos.

Al respecto, en el informe Gasto en inversión en México. Gasto en Infraestructura, fechado el 22 de julio de 2021, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP) advierte una notable disminución de recursos en ese tipo de inversión, comparado con el PIB entre 2015 y 2019, periodo en el que bajó de 22.4 a 20.7 por ciento.

En sus Pre-criterios-2023, entregados el 1° de abril de 2022 a la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público disminuyó su expectativa de crecimiento del 4.1 al 3.4 por ciento este año, y al 3.5 por ciento en 2023.

El Banco Mundial, según las Perspectivas Económicas Mundiales (siete de junio), la redujo del 2.1 en abril pasado al 1.7 por ciento. El 19 de abril, el Fondo Monetario Internacional también bajó su pronóstico 0.8 por ciento, para quedar en dos por ciento. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recortó su cálculo para México el ocho de junio y se ubicó en el 1.9 por ciento en 2022 y el 2.1 por ciento para 2023.

Las prioridades de AMLO

Entre las decisiones del gobierno actual más criticadas se halla la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), ordenada por el Presidente en 2018, para abrir paso a su obra “emblemática”, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía, inaugurado apresuradamente el 21 de marzo de 2022, que hasta el momento no ha logrado despuntar y que en su primera etapa superaba los 304 mil mdp, cantidad muy superior a los 280 mil mdp que se habían calculado para la primera etapa del NAIM.

El desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que incluye el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y conectará los puertos marítimos de Oaxaca y Veracruz, es decir la costa del Pacífico con la del Atlántico, tiene un costo de 120 mil mdp, según reconoció el Presidente el pasado 11 de junio en Salina Cruz, Oaxaca.

La refinería de Dos Bocas, Tabasco, que AMLO nombra Refinería Olmeca, tendría un costo de nueve mil mdd, de acuerdo con lo dicho por el Presidente el 13 de marzo de 2022 durante una visita a la obra, pero hoy supera ya con mil mdd el costo que él mismo difundió en su mañanera del 20 de abril de 2022.

El Tren Maya, que transitará por la Riviera Maya en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ha sido denunciado como un atentado contra el medio ambiente por organizaciones civiles y es objeto de varios recursos de amparo. El 30 de mayo de 2022, el juzgado Primero de Distrito con sede en Yucatán, ordenó la suspensión definitiva de la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, con base en el recurso 884/2022, interpuesto por un grupo de buzos profesionales, reportó la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano.

En su citado informe del 21 de septiembre de 2021, México Evalúa detalla que en el PEF 2022 se le asignaron 863 mil 200 mdp, lo que representó un aumento de 17.7 por ciento; es decir, hubo 129 mil mdp más con respecto al gasto que el PEF 2021 le destinó.

México Evalúa afirma que en el PEF 2022, el gasto asignado a los proyectos emblemáticos “representa 26.5 por ciento (127.6 mil mdp) de la inversión física total. Destacan los proyectos del Tren Maya (63.2 mil mdp), la conectividad con el AIFA (1.6 mil mdp), el Parque Ecológico Lago de Texcoco (2.1 mil mdp) y el espacio cultural de Los Pinos y el Bosque de Chapultepec (3.8 mil mdp).

“La concentración del presupuesto en los proyectos prioritarios, especialmente en el Tren Maya, da como resultado que solo unos cuantos ramos y estados serán los más beneficiados, y que el gasto en otros rubros prioritarios (por su importancia en la economía) se descuidará”, asevera México Evalúa.