A dos años del inicio de su transición de Procuraduría a Fiscalía, la Fiscalía General de la República (FGR) da una respuesta efectiva a sólo 4.9 por ciento de los casos conocidos en el ámbito federal –ya sea en términos de sentencia, o bien de una salida alterna o anticipada–, mientras que el 95.1 por ciento queda impune.

México Evalúa presentó la segunda edición del Observatorio de la Transición 2020, una investigación sobre las capacidades y desempeño de las fiscalías a través del Modelo de Evaluación de la Transformación (Índice MET), ésta concluye que a nivel federal hay un retroceso en la FGR; en vez de avanzar en dos años de transición, ha caminado para atrás, al pasar de un nivel global de 18.9 por ciento en 2019 a 11.9 por ciento en 2020.

Por otro lado, la coordinación y colaboración de la FGR con otras instituciones es cada vez menor. Así lo mostró el rechazo de la federación para investigar el caso de los 19 cuerpos de migrantes guatemaltecos que fueron calcinados en Camargo, o el intento de homicidio del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

“La Fiscalía y su titular han interpretado la autonomía de su institución como una carta abierta para operar sin transparencia, de manera aislada y para darle la espalda a otras instituciones, a la ciudadanía y sobre todo a las víctimas”, comentó Edna Jaime, directora de México Evalúa, durante la presentación del estudio.

Los pobres resultados de la Fiscalía General de la República se deben a las deficiencias y omisiones en su diseño institucional, más asociado a la vieja PGR: la Fiscalía no ha incorporado un comité de participación ciudadana, aunque estaba previsto en la ley orgánica de 2018; tampoco cuenta con autonomía presupuestaria y de gestión, ni con un plan de persecución penal construido de la mano de la ciudadanía, el cual permitiría saber qué delitos priorizará la Fiscalía para su investigación, por qué y cómo lo hará.

Apenas la semana pasada fue aprobada en la Cámara de Diputados la Ley de la Fiscalía General de la República; calificada por la oposición como una “Ley a modo” creada por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Pese al llamado de familiares de víctimas y organizaciones sociales de no aprobar esta nueva ley debido a que, entre otras cosas, violenta sus derechos humanos, significaría un retroceso a su búsqueda de justicia, además de que limitaría las atribuciones de la FGR en temas como búsqueda de personas.

“La transición implica un cambio mayor en la lógica de operación de la institución. No es sólo una sustitución de nombre, sino la transformación total de su papel y la implementación de una persecución estratégica por fenómeno y no por caso−, participación ciudadana como un nuevo modelo de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas” dijo Mara Gómez, coordinadora del programa de Justicia en México Evalúa.

Ante los retrocesos que implica la reciente aprobación de la nueva Ley Orgánica de la FGR y sus efectos en el sistema nacional de procuración de justicia, México Evalúa hace un llamado a consolidar las capacidades en las fiscalías estatales. En este sentido, recomienda:

1. A las fiscalías locales, apoyarse en el Índice MET y en los Lineamientos para la Transición como herramientas que orienten los procesos de transición de la persecución penal y de transformación institucional.

2. A las organizaciones de la sociedad civil nacionales y locales, colectivos de víctimas y grupos de personas expertas a vigilar estrechamente los procesos locales y co-construir soluciones que pongan en su centro a las personas.

3. A los poderes legislativos federal y locales garantizar que sus proyectos de Ley estén basados en evidencia, sean progresivos en cuanto a los derechos humanos y alineados al sistema acusatorio, y, realizar ejercicios amplios y efectivos de parlamento abierto.