Se estima que esta problemática afecta a unas 90 mil personas en todo el país.
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Diputados locales y federales de oposición, así como activistas víctimas de la negligencia de la fiscalía capitalina, exigirán a la Secretaría de Educación Pública (SEP) llevar a cabo una revisión de RVOE (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios) al Centro Universitario Cúspide de México, plantel que tituló al cuñado de Martí Batres, Ulises Lara.
El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Federico Döring Casar, indicó que, en caso de detectarse alguna inconsistencia o una situación que, a criterio de la autoridad educativa, sea “chueca”, se cancelará la autorización como Centro Universitario a este plantel “patito”.
“No podemos tolerar que escuelas clandestinas se la pasen entregando títulos exprés a personajes con una reputación oscura y que, de la noche a la mañana, sean licenciados en Derecho”, manifestó el también diputado local.
Por su parte, la legisladora local del blanquiazul, Claudia Montes de Oca, integrante de la Comisión de Educación, comentó que la SEP no debe ser ajena a ejecutar revisiones periódicas y aplicar filtros contra este tipo de situaciones que desacreditan la función del Estado por garantizar una educación de calidad.
En tanto, el diputado federal Jorge Triana afirmó que dicha universidad, como muchas otras, funciona en la ilegalidad, por lo que urge regular este tema. “No puede ser que estén emergiendo instituciones educativas a nivel superior, con estas características… además, se agrava aún más el problema porque sabemos que está detrás de este plantel, personas allegadas al jefe de Gobierno”.
Detalló que hay un evidente favoritismo detrás de los permisos que tiene la Universidad que tituló a Lara, por parte de la Secretaría de Educación Pública y se tiene que investigar.
La activista y defensora de mujeres que han sido víctima de las omisiones de la Fiscalía con Ernestina Godoy, Alessandra Rojo de la Vega, pidió a las bancadas del PAN en el Congreso local, en San Lázaro y en el Senado de República, exhortar a la secretaria Leticia Ramírez Amaya, llevar a cabo una auditoria a los títulos expedidos por ese Centro Universitario desde que obtuvo la RVOE.
Se estima que esta problemática afecta a unas 90 mil personas en todo el país.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera